El jueves 9 de mayo se realizó un paro nacional convocado por todas las centrales de trabajadores. Su alto acatamiento mostró el creciente descontento con Javier Milei y sus políticas.

Como comenzamos a acostumbrarnos, la jornada estuvo precedida por amenazas del gobierno y de los medios paraestatales. Seguro podés recordarlas pero por las dudas te dejo una perla del vocero Adorni y los cruzados de la señal de noticias de Magnetto, TN.

Una serie de estigmatizaciones, amedrentamientos, manipulación y engaños con que quisieron disminuir la adhesión a la medida. Es tan brutal el blindaje mediático al gobierno que frente a una caída en los salarios que en ningún sector es inferior al 20% en 5 meses los personajes en esas pantallas (que sería una burla decirles periodistas) sostuvieron que no había motivos para el paro.

Se ha naturalizado el avasallamiento de derechos, la huelga es uno de ellos. Muchas causas tributan para que ocurra. Por supuesto sería imposible con una Corte Suprema de la Nación que actuara con apego a la ley. La manipulación mediática, el engaño y las calumnias sobre todos los colectivos de defensa de los derechos populares también es una causa importante. En esta liga revista en primer orden la estigmatización de los sindicatos que son la organización por excelencia de defensa de los trabajadores. Y, desde ya, las derechas son enemigas de los derechos, las de este tiempo no vacilan en mentir para cercenarlos.

Así se ha naturalizado, entre muchos otros agravios, la vejación de la dignidad del trabajador. En Mendoza tenemos una política que es emblema y orgullo para Alfredo Cornejo y vergüenza para los trabajadores que recordamos la muerte de Miriam Azzolina a manos de su aplicación, claro, el “ítem aula”.

Recordamos la muerte de Miriam: https://www.losandes.com.ar/investigan-posible-demora-en-asistir-a-una-maestra-de-lavalle/

El ítem aula es una de las múltiples pruebas de que no funciona la Justicia. Normas provinciales contradicen derechos garantizados por la Constitución Nacional, entre otros, el de huelga. –El que no trabaja no cobra- dicen los papagayos propagandistas de la derecha para atacar el derecho de huelga. Aunque pudiéramos aceptar eso, lo que merecería una discusión, artificios como el presentismo o el ítem aula vulneran de hecho la garantía de huelga de los trabajadores. Si se para un día, debería descontarse un día siguiendo el precepto de las patronales, pero no es así con el ítem aula, el descuento es mucho más que proporcional.

En definitiva, hay muchas causas que confluyen en la naturalización del avasallamiento de los derechos de las mayorías, pero una muy, muy, muy importante es el propio desconocimiento de esas mayorías de cuáles son sus derechos.

Por eso hoy, con una aspiración minimalista, recordamos el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Las autoridades públicas están para acatarlo y hacerlo efectivo, no para amenazar gente.

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.