Hace 15 días, el 1° de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo, en el habitual discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, anunció que «vamos a impulsar la creación del primer Código de Aguas de Mendoza«. Explicó que «estamos cumpliendo con el viejo anhelo de hacer que la seguridad hídrica sea la principal política de Estado de Mendoza«.

Asimismo, dejó en claro que la iniciativa tendrá como principal finalidad «consolidar la institucionalidad del agua y la seguridad jurídica para la presente y las futuras generaciones, de esta manera, buscamos condensar en un único texto y sobre la base de los principios de política hídrica consolidados en la Constitución provincial, las más de 120 normas y reglamentaciones vigentes que regulan el agua en la provincia».

Para los regantes, al menos los que están vinculados al Río Mendoza, esto no está tan claro. Están en estado de alerta y preocupados ya que la norma propuesta por el gobernador no les ha llegado con demasiados detalles. Ricardo Giménez, productor de Jocolí, y presidente de la Asociación de Inspecciones de Cauce de la 4° Zona del Río Mendoza (una de las 2 zonas de Lavalle, la otra es la 5°) aseguró a El Despertador que el Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, les hizo llegar una propuesta parcial del futuro código: «si bien tenemos que aceptar que hemos tenido algunas charlas, y algunos informes, han sido totalmente discontinuos en lo que respecta a la totalidad del Código, tenemos algo de información relacionada la parte institucional, de las Asociaciones, de las Inspecciones, pero en ningún momento nos han puesto a conocimiento todos los demás capítulos».

Es por esto, que en conjunto a todas las asociaciones e inspecciones del río Mendoza presentaron un pedido formal para «dejar sin efecto y suspender toda consulta iniciada hasta que se entregue a las Inspecciones de Cauces el proyecto de codificación en su totalidad, para poder realizar una evaluación integral de mismo» y solicitan un plazo de 180 días para expedirse el respecto «atento a la envergadura e importancia del proyecto» según consta en una nota presentada ante Marinelli y firmada por todos los representantes de los regantes.

Respecto a la consulta Giménez aseguró que «los inspectores y las asociaciones tenemos que saber el contenido total de este Código para poder dar una opinión, porque creemos que a nosotros nos han elegido los regantes y nosotros nos debemos a ellos», y continuó «me parece que un Código no puede ponerse solamente a consideración de la Legislatura sin antes pasar por un proceso y un consenso social donde estén sentadas todas las otras instituciones que, de una u otra manera, estamos a cargo de la distribución del agua».

El conjunto de los regantes manifiestan que «cualquier intento de legitimación a través de consultas aisladas o pseudo procesos participativos, es una nueva etapa en esta falta de apertura, diálogo abierto y consenso», en referencia a la carencia de respuestas que vienen teniendo por parte de las autoridades de Irrigación respecto a sus demandas.

Una de ellas tiene que ver con obras para lo que se denomina «los confines» es decir los últimos lugares a los que llega el agua, en Lavalle fundamentalmente el sistema Jocolí – Tulumaya. Aseguran que las pérdidas de agua por la falta de impermeabilización son mayores al 50%.

¿La plata está?

A su vez, Giménez informó que existe un crédito del Banco Ineramericano de Desarrollo (BID), que está aprobado, y del cual la Nación no libera los fondos para que Irrigación pueda avanzar con la impermeabilización: «es un proyecto que prioriza el ex gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, en el año 2022, lamentablemente estamos a en el 2024 y lo único que sabemos es que los fondos del BID, y los de la Unión Europea, que en su momento estaban disponibles y teníamos los proyectos totalmente aprobados, hoy no aparecen».

Los dineros necesarios para la obra son algo más de 35 millones de dólares, lo que se utilizaría para impermeabilizar casi 100 km de canales de los sistemas Jocolí y Tulumaya, que beneficiaria alrededor de 17 mil hectáreas y a casi 1500 familias productoras.

Giménez expresó que «estamos realizando algunas gestiones, le estamos solicitando ya desde hace más de dos meses al Superintendente de Irrigación que nos acompañe, y tener una reunión con el gobernador Cornejo, para que nos ayuden a reclamar estos fondos» y señaló molesto «estamos hablando de una obra de impermeabilización en lugares donde se nos sigue perdiendo el 50% del agua, en el sistema Jocolí Tulumaya y han pasado dos años y no tenemos ningún tipo de respuesta».

Por otro lado, y en virtud de que los fondos del BID, que la nación «tiene pisados», no están asegurados, los regantes, con el apoyo del Municipio, están pidiendo a la Provincia que disponga de los tan mentados dineros de Portezuelo del Viento para llevar adelante las obras de impermeabilización en Lavalle. Por eso es que Edgardo Gonzalez, junto al propio Ricardo Giménez elevaron una nota a Marinelli donde, si bien no mencionan Portezuelo, solicitan «los fondos necesarios para llevar adelante las obras de impermeabilización de cauces de la 4° Zona de Riego del Departamento de Lavalle».

El jefe de los inspectores explicó que la propuesta fue bien recibida por González «porque él, aparte de ser Intendente, es productor, por eso nos entendió y nos acompañó». Señaló, respecto a los fondos del BID, que «vemos que ese camino se va a demorar, por eso también tenemos la posibilidad de analizar en conjunto con el municipio que el Gobernador de la provincia nos tenga en cuenta con los fondos de Portezuelo, porque lo ha dicho públicamente».

Giménez, en esta afirmación, vuelve sobre el discurso de Cornejo del 1° de mayo, donde hace referencia a que están llegando los fondos de Portezuelo y se tienen que usar en obras de agua: «gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza, esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía … sin dudas, debemos usarlos para obras de agua y energía porque son prioritarias para el crecimiento de Mendoza, y repartirlos en toda la Provincia, en todos los lugares donde haya buenos proyectos que sean rentables».