Después de generar conflictos diplomáticos con China, Brasil, Colombia, México, el presidente argentino decidió que era hora de hacerlo con España.

La reacción del gobierno español a los insultos de Milei fue expresada por su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

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Albares transmite las palabras de Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el sentido que un ataque a un país miembro de la Unión es un ataque a toda Europa.

Un verdadero récord. China y Brasil disputan el primer puesto entre los socios comerciales, México y Colombia también son países valiosos para nuestra economía, cultura e intereses nacionales, Europa tiene una enorme importancia económica y en los foros internacionales. La gestión nacional anterior tuvo un logro diplomático enorme al separar la Unión Europea del Reino Unido en la votación por Malvinas en Naciones Unidas. El daño que se ha hecho al reclamo argentino en tan corto tiempo es inconcebible.

Pero las andanzas de Milei dejaron otra materia también útil para el análisis.

Carlos Pagni, periodista del diario y la señal televisiva La Nación, expuso un problema que hemos abordado reiteradamente pero que, viniendo de tal emisor, no deja de ser llamativo.

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Dice Pagni: “Aparece un problema, obviamente institucional. Se lo señaló Carlos Rodríguez en su cuenta de X… ‘fue a hablar en contra de los zurdos, que así calificó a la gente de izquierda en la que incluye, obviamente, a Pedro Sánchez, pagado por los impuestos de los zurdos, es decir, los argentinos que pueden simpatizar con el gobierno socialista de España pagan con sus impuestos un viaje hecho con recursos estatales, entre otras cosas con el avión presidencial, para que se vaya a insultar a esos zurdos en los cuales estos contribuyentes argentinos que pagan sus impuestos se pueden ver reflejados. Empieza a haber un problema de carácter institucional atendible que se lo señala Rodríguez”.

Aquí tenemos dos cosas: un delito y un problema de legitimidad. El delito es usar los recursos públicos (la nuestra) en un viaje privado, que así lo presentó la embajada argentina en España al gobierno de ese país. Esta es una de las “facturas” del gobierno español en su reclamo diplomático, gastaron recursos de los españoles para poner policías, seguridad y otros a un señor que va a insultarlos.

La otra cuestión es un problema que podríamos ejemplificar con miles de casos. Ocurre que Milei, y antes Macri, y antes la dictadura, ejercen o ejercieron un tipo de gobierno que encuentra en sectores más o menos amplios de los argentinos un enemigo contra el cual gobernar. Atiéndase bien, contra el cual gobernar.

Durante la dictadura se lo llamó “enemigo interno” y estructuró el terrorismo de estado. Las fuerzas militares, policiales, los órganos políticos y judiciales actuaron de modo ilegal con objeto de perseguir, violando toda garantía jurídica, a una parte de los argentinos. Por supuesto que esta alegación fue una vil mentira para aplicar un plan económico que empobreció de modo irreversible al pueblo y, de paso, enriquecerse con el botín. La experiencia argentina demuestra sobradamente que cuando se utilizan bandas delictivas que son protegidas por el Estado, nunca funcionan sólo en mérito a una causa ulterior sino que roban para ellos mismos inconmensurablemente. Así las bandas de la dictadura robaron empresas y patrimonios. Sólo para hablar de la provincia, en Luján de Cuyo hay un barrio completo que es prueba de ello. El grupo Greco, emporio económico más relevante de Mendoza por entonces, también fue robado por la dictadura.

Bueno, allá la dictadura… No tan rápido.

Con Macri ocurrieron cosas no muy distintas. ¿O acaso no tiene la misma genealogía el robo del mismo Macri al grupo Indalo de la empresa OIL Combustibles? No, claro, no es lo mismo, es peor. Con Macri hubo jueces simulando cumplir ciertos requisitos administrativos. Casos como éste se multiplican por decenas. El envoltorio para hacer pasar semejantes tropelías es la acusación de vinculación de esas empresas con quienes habían construido como el “enemigo interno”.

Milei reitera el mecanismo.

Es absolutamente incompatible con la democracia, con la república, con el estado de derecho.

No es aceptable en nuestro régimen institucional un gobierno que actúe contra una parcialidad, cuando no hay acusación formal, ni juicio justo. La base de cualquier estado de derecho es la universalidad de la norma, todos somos iguales ante la ley. Por supuesto, eso no ocurre cuando el presidente amenaza a los gritos a los “zurdos” o persigue organizaciones sociales o mutila a través de gendarmes a quienes le reclaman.

La deducción necesaria de semejante actitud presidencial, de un Poder Ejecutivo que viola de modo sistemático la dignidad y los derechos de un conjunto amplio del pueblo, es la ilegitimidad de la magistratura. Si un presidente no reconoce nuestros derechos, los que nos promete la Constitución, los que poseemos por ciudadanos, ¿por qué entonces reconocerlo como presidente?

Esta sola pregunta revela lo desafiante del presente. El daño en tan breve tiempo tiene una magnitud desconocida. Quizás la respuesta sea acorde a la magnitud de la novedad.