El 23 de abril se produjo en Mendoza una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos. Reportes periodísticos hablan de 40.000 personas, lo que para la provincia es una enormidad de gente.

Como en todas las movilizaciones hubo motivaciones distintas de los marchantes. El reclamo era por la educación, el presupuesto educativo, en particular el universitario y específicamente los gastos de funcionamiento. Lógicamente, la gran adhesión generada expresó una demanda para cambiar la atención dedicada a educación, no solamente pagar la boleta de la luz.

Días previos, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo propuso que el llamado “Pacto de Mayo” proyectado por el presidente tuviera un capítulo educativo.

En la web de la UNCuyo todavía está subida la noticia del 5 de abril. “Los primeros en mostrar su apoyo fueron el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado” dice la nota.  Por supuesto, acompaña toda la primera plana de los funcionarios de calle Peltier. Recordar esto hoy debería suponer un papelón del que ninguno de los actores se avergonzará.

La rectora proponía acompañar el pacto de ajuste de Milei siempre que le dieran los recursos para pagar los gastos de funcionamiento. Es decir se podía apoyar un contrato partidista que supone un deterioro del Estado en general a cambio de preservar su reducto universitario.

Y, efectivamente, eso aconteció. Milei, que se muestra mucho más flexible de lo que parecía para pactos de castas burocráticas, recompuso el presupuesto para gastos; no así los salarios docentes ni el presupuesto educativo, ni el Fondo de Incentivo Docente, ni  Ciencia y Técnica, ni… Ahora, para la rectora, “hay buena predisposición del gobierno nacional”.

Hace pocas semanas tratamos este mismo tema en El Despertador a partir del concepto de “integridad hermenéutica”, no se puede firmar un pacto que tenía como uno de sus objetivos cuasi explícitos destruir el Estado, la educación y transferirla al sector privado en un contexto en que cada quien se arregle como pueda y sostener que se defiende algún sector de la educación pública. Ese “pacto” era incompatible con los cargos representativos de una organización estatal autónoma.

Es que las autoridades de la Universidad de Cuyo reportan partidariamente a Alfredo Cornejo, lo mismo que los senadores Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que están apurados por aprobar una “Ley Bases” que es un verdadero despropósito.

La política de las autoridades universitarias puede verse, sin duda, como una traición al sentido de su representación. No es la primera vez que ocurre en Argentina. La década de los ’90 del siglo pasado fue pródiga en este tipo de conductas. Las estructuras políticas tienen lógicas que no suelen acompasar del todo la búsqueda de objetivos de bien común.

Los “gastos de funcionamiento” que le repusieron a las universidades son las “cajas” que manejan discrecionalmente sus autoridades. Y la Universidad de Cuyo es un hervidero de militantes radicales de Cornejo rentados por los fondos públicos.

Los hombres del aparato cornejista imponen sus criterios facciosos sobre los científicos más valiosos de la UNCuyo y, como pinzas, por un lado degradan la gestión por adentro, y por el otro despliegan un discurso de destrucción del Estado.

La casta política, rentada con fondos públicos, en la Universidad Nacional de Cuyo, bien, gracias. Mejor que nunca. La educación y los salarios docentes, peor que nunca.

En una provincia en que el gobernador Alfredo Cornejo controla el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte, los organismos de control administrativo, la Legislatura, no se puede dejar de señalar la transformación de Mendoza en un feudo del que la Universidad pública es uno de sus arietes inquisidores.