El oficialismo provincial ha avanzado en dos frentes que, si bien parecen ajenos, podrían estar muy relacionados y para algunos pondrían en riesgo tanto el agro como el consumo humano.

El pasado martes la Cámara de Senadores aprobó la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (R.I.G.I.) promovido por el presidente Javier Milei, despertando fuertes críticas de movimientos ambientalistas y otros sectores.

Este régimen es un paquete de beneficios impositivos y de otro tipo que tiene por objetivo incentivar las «grandes inversiones» tanto nacionales como extranjeras; promover el desarrollo económico; «fortalecer la competitividad»; incrementar exportaciones; entre otros aprobado en la Ley de Bases.

Sin embargo, esto que parece tan auspicioso genera mucha controversia y resistencia de múltiples actores. De hecho, por esta razón hasta el momento de redacción de esta nota sólo una minoría de las provincias se ha adherido siendo Mendoza la tercera.

Es que, dentro del proyecto aprobado esta semana, en lo que corresponde al artículo 165 de la Ley de Bases (donde está incluido el RIGI), dice: «sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación».

Según los movimientos ambientales esto sería una forma «prolija» de anular la ley 7722, la misma que movilizó a buena parte de la Provincia a fines de 2019 haciendo retroceder al gobierno de Rodolfo Suárez que intentaba derogar varios de sus artículos.

Esta ley mendocina prohíbe «el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo».

Es decir, sería una limitación a las empresas mineras y, por ende, de ahora en más puede ser anulada por el RIGI y en una tierra con emergencia hídrica crónica permitir a grandes capitales usar inmensos volúmenes de agua mezclada con químicos peligrosos.

El tema del agua no es menor es que, en paralelo a esta reciente adhesión, el gobernador Alfredo Cornejo está impulsando el Nuevo Código de Aguas, que sería la ley que actualice y aglutine a las normas relacionadas a este recurso vital.

Este tema también genera fuertes dudas y temores en los distintos actores y principalmente a los productores agrícolas de las últimas zonas de riego del Río Mendoza (Lavalle y noroeste de San Martín).

Rechazo de legisladores y de productores

La adhesión al RIGI fue aprobada por 24 votos a favor (todo Cambia Mendoza, PRO, y parte de La Unión Mendocina) contra 14 negativos (todo el PJ, Partido Verde y el resto de LAUM).

Entre los que rechazaron la propuesta abiertamente se encuentra el senador lavallino Gerardo Vaquer (PJ), a quien intentamos contactar para esta nota, pero no hubo respuesta.

Quien sí respondió fue otro de los que alzó su voz contra la corriente cornejista: Dugar Chappel (Partido Verde).

Este senador rechazó la propuesta justamente por su capacidad para anular normas locales como la 7722 y dejaría en una posición temblorosa «a los mendocinos al anular leyes de proyección ambiental».

Por otro lado, «no creo que podamos aceptar una exención de impuesto para grandes inversores y por otra parte le aplicamos todos los días un nuevo impuesto al millón de mendocinos que invierten su dinero en la provincia…le queremos dar seguridad jurídica a los inversores extranjeros y no le damos seguridad jurídica a los usuarios del transporte público, que en seis meses le aumentaron el 600% el valor de la tarifa y en Lavalle se ve palmario esa situación», dijo el legislador.

Chapel mencionó que a esto se suman los incrementos en el gas, por ejemplo, y cómo ahí se nos cobra a los mendocinos un impuesto para financiar el supuesto subsidio que recibimos de ese mismo servicio.

Se refiere al Fondo Fiduciario art. 75 ley 25565 modificado por ley 27637 que establece un 7,5% sobre el precio del gas natural.

«La modificación de la ley dice que esos montos provenientes del recargo serán transferidos al fondo fiduciario para el subsidio. Es una mentira, porque al final lo estás pagando vos al subsidio que te dan…te lo están sacando a vos, nos están engañando…entonces me estás diciendo que le demos seguridad y estabilidad a los inversores extranjeros y no se la damos a los mendocinos…es una inmoralidad por la cual yo no podía votar a favor del RIGI».