Con una contundente mayoría de 52 votos a favor, ninguna oposición explícita y apenas 4 abstenciones, el Senado convirtió en ley el aumento a los haberes jubilatorios, propinando una dura derrota al Gobierno de Javier Milei, que intentó sin éxito bloquear la sesión.

En una jornada cargada de tensión política, el oficialismo intentó restarle legitimidad a la votación ausentándose al momento clave, aunque había participado de la sesión. Cuando se activó el sistema de votación, el sistema informático misteriosamente colapsó, lo que desató sospechas y denuncias de “boicot” por parte del bloque peronista.

La sesión, sin embargo, continuó. Ante el apagón digital, la votación se realizó de forma oral. La senadora neuquina Silvia Sapag tomó el estrado en ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente provisional Bartolomé Abdala, ambos retirados por instrucción de Casa Rosada. El secretario parlamentario Agustín Giustinian –cuestionado por su rol en el dictamen de comisión– fue el encargado de nombrar a los senadores para que expresaran su voto a viva voz.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, no perdió la oportunidad de ironizar: “A mí me dijeron que Atauche fue y sacó el fusible del tablero, dígale que lo conecte de nuevo”. Además, pidió la retirada de Abdala del estrado por su abstención, lo que en la Cámara Alta se interpreta como ausencia. El fueguino Pablo Blanco reforzó el argumento: “¿Es un fantasma?”.

Acorralado, Ezequiel Atauche solo atinó a seguir órdenes de la Casa Rosada y se retiró del recinto junto a casi todo el bloque oficialista, a excepción del riojano Juan Carlos Pagotto, que permaneció visiblemente molesto.

Pese a las maniobras libertarias, la ley se aprobó con votos que trascendieron el kirchnerismo y el radicalismo. Senadores cercanos al oficialismo, como Carlos “Camau” Espínola y Luis Juez, también dieron su respaldo.

La norma sancionada contempla:

Un aumento del 7,2% en las jubilaciones.

Una suba de $40.000 en el bono previsional, que estaba congelado en $70.000.

Una actualización mensual de los haberes según el índice de movilidad.

Tras la derrota, Villarruel acudió a redes sociales para defender su rol en la sesión y desmarcarse: “El ejercicio de mi función no implica convalidación de ningún acto. Son los senadores, en ejercicio de la representación de sus provincias, quienes convalidan, aprueban o rechazan”.

Mientras el oficialismo se repliega y acusa conspiraciones, la oposición celebra una victoria institucional que deja en evidencia el aislamiento político del Gobierno, incluso frente a sus antiguos aliados.