Como describimos en nuestra nota de la semana pasada, desde hace al menos tres años, un criadero porcino ubicado en el distrito de San Francisco se convirtió en el centro de un conflicto que combina malos olores persistentes, denuncias por contaminación, enfermedades graves, caída del valor de las propiedades y cuestionamientos a las reglamentaciones vigentes. La empresa Cerdos de Cuyo S.A., propiedad de la familia Colombo, funciona a poco más de un kilómetro y medio al norte de la escuela María Cali, sobre la ruta provincial 27.

Los vecinos hablan de una situación «invivible». El aire cargado, los insectos, la presencia de animales muertos, las napas bajo sospecha y la sensación de haber sido ignorados por años forman un cóctel que hoy empuja a la comunidad a buscar respuestas fuera del municipio.

«No podemos vivir más»: el relato de los vecinos

Gustavo Aristiaran es vecino de San Francisco y su casa está a unos 500 metros del criadero. Otros vecinos, a apenas 100 o 150. «Esto empezó en 2019, cuando compraron el terreno y comenzaron a construir. Fue todo paulatino, pero hace unos tres años que la empezamos a pasar muy mal. Los olores son espantosos, constantes, y dependen del viento: hoy le toca a uno, mañana a otro», relata.

Con el calor, la situación se vuelve directamente insoportable. «En verano no se puede salir afuera. El olor se te mete en la casa. La gente está pensando qué hacer porque así no se puede vivir», dice. Según explica, el problema no se reduce a una molestia olfativa: «No es solo olor a podrido. Es materia orgánica suspendida en el aire. Hay estudios que dicen que esto afecta especialmente a niños, personas mayores o gente con problemas de salud».

En la zona, además, un bar que funciona como punto de encuentro quedó prácticamente vacío. «Está a unos 100 o 150 metros del criadero. La gente de la tarde ya no va. El interés económico de una empresa destruyó otros intereses económicos, sin contar la salud», agrega.

El caso que encendió todas las alarmas

Uno de los episodios más graves es el de Hernán Brizuela, vecino de 42 años que vivía a unos 200 metros del establecimiento. Hernán atravesaba un tratamiento oncológico y tenía su sistema inmunológico deprimido. En marzo comenzó con mareos, fuertes dolores de cabeza y convulsiones. El 4 de mayo fue internado en el hospital Lagomaggiore, donde permaneció 32 días.

El diagnóstico fue contundente: meningoencefalitis causada por un hongo llamado Cryptococcus. «Cuando me lo detectaron, los médicos me preguntaron si trabajaba con gallinas u otros animales. Les dije que no, pero que vivía al lado de una chanchería. Me dijeron ‘ahí está el problema'», contó el propio Brizuela a nuestro compañero Franco Damelio. El hongo vive en el excremento de animales y puede ingresar al cuerpo por vía aérea cuando las esporas son arrastradas por el viento.

Aunque nadie firmó un papel que certifique el origen, en el hospital le aconsejaron mudarse. Se mudó, pero le quedaron secuelas neurológicas y un cansancio persistente. En pacientes oncológicos, este tipo de infecciones suele ser mortal. Su recuperación fue casi un milagro.

Animales muertos, pozos a cielo abierto y napas en riesgo

Otra vecina, Analía Arijón, vive a unos 300 metros del criadero. «Tenemos que vivir encerrados. El olor es insoportable», explica. Su hijo de diez años sufría vómitos frecuentes cada vez que tomaba agua. «Cuando empezó a tomar solo agua envasada, dejó de pasar. Yo no puedo probar que sea por contaminación, pero lo creo», afirma.

En julio, la Dirección de Ambiente del municipio realizó una inspección en el predio. El informe es contundente: piletas con heces mezcladas con agua sin impermeabilizar, líquidos y sólidos expuestos a cielo abierto y un sitio con cadáveres porcinos en descomposición, sin tratamiento, rodeados de aves carroñeras. Se labraron las actas de infracción 636 y 637.

Vínculos incómodos

En medio del conflicto, aparece un dato que generó aún más desconfianza: según Gustavo Aristiaran, el funcionario municipal con el que hablaron en un primer momento, Juan Jaime, es amigo de los dueños del emprendimiento. «Él nos lo dijo: que era amigo, pero que iba a actuar como correspondía. El tema es que al día siguiente de que reclamamos por la barrera de árboles, de golpe aparecieron unas plantitas mínimas. Muy raro todo», sostiene. Consultado por este medio Jaime reconoció la amistad con los empresarios, pero negó pasar información y se comprometió a seguir el caso hasta que se pongan en regla.

A eso se suma otro episodio que incomoda a los vecinos: la productora tiene instalada una torre de internet colocada por la Municipalidad, mientras que a los propios vecinos se les negó una repetidora para mejorar la conectividad en la zona. «Ellos tienen internet de la Muni y nosotros no tenemos señal. Son cosas que llaman la atención», señala Aristiarán.

Los vecinos también aseguran que la empresa fue trasladada desde Guaymallén por conflictos similares, intentó radicarse en Tres de Mayo y finalmente terminó en San Francisco sin que nadie les consultara a ellos.

Qué dice el municipio: expedientes, estudios y plazos

El secretario de Desarrollo Local, Juan Jaime, explicó que el emprendimiento inició su trámite en 2019, primero intentó instalarse en El Chilcal y luego en Tres de Mayo, donde no obtuvo factibilidad por el ordenamiento territorial. Recién en San Francisco logró avanzar, tras presentar estudios de impacto ambiental que fueron evaluados incluso por la Universidad de Congreso. La habilitación comercial se otorgó en 2022.

Desde la Dirección de Ambiente, Nancy Griffone explicó que las primeras denuncias formales ingresaron en junio de este año por olores, insectos y aves. Tras la inspección, se detectó la mala disposición de cadáveres y un deficiente sistema de tratamiento de efluentes. Se dio intervención a Ganadería de la Provincia y a Senasa, que exigieron la construcción de una fosa común adecuada.

Según Griffone, hoy la fosa ya estaría en proceso de regularización, pero el tratamiento de efluentes sigue siendo deficiente. A la empresa se le otorgaron 10 días para presentar un plan de obra y comenzar las mejoras. «Deberían disminuir considerablemente los olores y la proliferación de insectos», aseguró.

«Zona rural» y el vacío en la salud

Tanto Jaime como Griffone coincidieron en que el mayor problema es la falta de normativas actualizadas. La zonificación vigente era de 1992 y recién se actualizó en 2023. La normativa ambiental municipal también es reciente. «El territorio es dinámico, acá va a haber que trabajar a futuro con legislaciones que sean más específicas en cuanto a las distancias con las viviendas», admitió el secretario. Grriffone informó que están contemplando la posibilidad de tener inspectores ambientales, ya que en la inspección general son pocas personas y están formadas en la evaluación de comercios y no en el aspecto ambiental.

Sobre el caso del vecino enfermo, Griffone señaló que «se necesitan pruebas más contundentes para actuar» y explicó que las piletas y biodigestores deben estar impermeabilizados para evitar filtraciones. Jaime agregó que toda actividad productiva genera impactos, pero que deben mantenerse dentro de parámetros aceptables.

Mientras tanto, los vecinos deben conformarse con lo que dice la legislación: al tratarse de «zona rural», el emprendimiento puede funcionar allí.

Intentamos obtener también la voz de Senasa, quien regula la parte de ganadería y emplaza a la empresa para ponerse a regla. Hubo denuncias formales, inspecciones y exigencias técnicas. Sin embargo, al momento de cerrar esta nota, no hubo respuestas oficiales ni testimonios del organismo nacional, pese a los reiterados intentos por obtenerlos. Seguiremos intentando.

Consecuencias que no entran en ningún expediente

Más allá de los papeles, los vecinos describen un deterioro profundo de su forma de vida. «¿Qué hacemos? ¿Vendemos todo y nos vamos? El problema es que las propiedades ya se devaluaron a la mitad. Nadie quiere venir a vivir acá», dice Aristiarán.

Moscas, mosquitos, zorros muertos, gente descompuesta con frecuencia, chicos enfermos, un vecino obligado a irse de su casa y un bar sin clientes son parte del paisaje cotidiano. «Hemos conseguido que los cerdos vivan mejor, pero nosotros tenemos que fumarnos el olor», ironiza.

Un problema del modelo productivo

El conflicto pone en evidencia un vacío estructural: las normativas pueden ordenar papeles, pero no siempre protegen cuerpos. Cuando la salud queda librada a «parámetros aceptables», la balanza suele inclinarse hacia el lado de la inversión y la rentabilidad.

Este no es solo un problema de San Francisco. Es una postal del modelo de producción animal intensiva y estabulada que se expande bajo la lógica del agronegocio. Grandes concentraciones de animales, toneladas de desechos, uso intensivo del agua, riesgo de contaminación, comunidades rurales convertidas en «zonas de sacrificio».

Lavalle necesita desarrollo, nadie lo discute. La pregunta es a qué costo, para quiénes y con qué controles. Porque cuando el progreso llega en forma de olor permanente, enfermedad, expulsión silenciosa y tierras que ya no valen nada, el discurso del crecimiento empieza a oler mal.