Por Luis Coita Civit

La provincia de Mendoza se encuentra nuevamente en una encrucijada histórica, debatiendo un modelo de desarrollo que pone en jaque su recurso más preciado: el agua. La reactivación de proyectos de megaminería metalífera, como el controversial caso de San Jorge, se presenta como una supuesta solución a los desafíos económicos, pero un análisis profundo de sus implicancias revela una amenaza inaceptable para nuestro futuro. Esta nota de opinión, lejos de ser una negativa al progreso, es una defensa contundente de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible y una advertencia sobre los riesgos de una apuesta cortoplacista con consecuencias irreversibles.

El agua: nuestro oasis en un desierto que avanza

Mendoza es un desierto. Esta afirmación, que parece una obviedad, es el punto de partida ineludible de cualquier discusión sobre nuestro futuro. Nuestros oasis, que concentran el 98% de la población y la actividad económica, existen gracias a una frágil red hídrica alimentada por los glaciares y la nieve de la cordillera. Sin embargo, este sistema vital está bajo una presión sin precedentes.

Como advierten los informes sobre cambio climático, Mendoza es una de las zonas más vulnerables del país. Las proyecciones indican un aumento de la temperatura promedio de entre 4 y 5 grados para 2100 y una reducción de los caudales de nuestros ríos de entre el 10% y el 30% [1]. La crisis hídrica no es una emergencia pasajera, sino la nueva realidad climática a la que debemos adaptarnos.

 Gráfico 1: Proyecciones climáticas, consumo de agua y riesgos asociados a la minería.

En este contexto de escasez crítica, autorizar una industria de altísimo consumo y riesgo hídrico como la megaminería es, sencillamente, una irresponsabilidad colectiva. Proyectos como San Jorge, emplazado en la cuenca alta del Río Mendoza, no solo competirían por un recurso que ya no alcanza, sino que pondrían en riesgo de contaminación la fuente de agua de casi un millón de mendocinos y de la matriz productiva que define nuestra identidad.

Los datos técnicos son alarmantes. Análisis sobre la disponibilidad de agua para el proyecto San Jorge demuestran que, en años de nevadas moderadas o escasas, el arroyo del que planean abastecerse no sería suficiente para cubrir la demanda de la mina y el caudal ecológico mínimo, secando virtualmente un curso de agua vital para el ecosistema [2]. La Ley 7722, ratificada por la Suprema Corte y defendida masivamente por la ciudadanía en 2019, no es un capricho, sino un pacto social lúcido y fundamental para la autopreservación de Mendoza.

La falacia del empleo y las regalías: un modelo que no cierra

El principal argumento a favor de la minería es la promesa de empleo y riqueza. Sin embargo, las cifras demuestran que es una falacia. La megaminería es una industria de capital intensivo, no de mano de obra intensiva. A nivel nacional, genera una fracción del empleo que moviliza el sector agropecuario.

En Mendoza, la comparación es aún más elocuente. La vitivinicultura, nuestro buque insignia, genera alrededor de 7 empleos directos por cada 100 hectáreas, sumando un total de 385,000 puestos de trabajos directos e indirectos en toda su cadena de valor [3]. Para generar 20,000 empleos, la vitivinicultura necesitaría alrededor de 2,800 hectáreas. La minería, con una densidad de empleo ínfima, requeriría una superficie y un impacto ambiental desproporcionadamente mayores para un resultado laboral mucho menor.

Gráfico 2: Comparación de generación de empleo, uso de suelo, disponibilidad de agua y regalías estimadas.

Las regalías, por su parte, son insignificantes. Como señala el geógrafo Marcelo Giraud, referente de la Asamblea Popular por el Agua, lo que la provincia podría recaudar por un proyecto como San Jorge apenas superaría lo que el propio Estado gasta en pauta oficial [4]. Es un intercambio inaceptable: arriesgar nuestro futuro hídrico y nuestro modelo productivo a cambio de migajas que no resuelven ningún problema fiscal de fondo.

Se nos plantea una falsa dicotomía: o megaminería o crisis. La realidad es que el verdadero motor del desarrollo provincial ha sido y sigue siendo la agroindustria, el turismo y la economía del conocimiento, actividades sostenibles, generadoras de arraigo y de un valor agregado que la minería de enclave y en las condiciones que se nos plantea, no puede ofrecer.

Un llamado a la coherencia y a la visión de futuro

El debate sobre la minería en Mendoza no es técnico, sino profundamente político y social. Se trata de definir qué provincia queremos ser. Los intentos de avanzar con proyectos resistidos, con declaraciones de impacto ambiental cuestionadas por especialistas y sin un consenso social claro, solo generan división y conflicto.

La sociedad mendocina ya ha hablado con contundencia. Las históricas movilizaciones en defensa del agua y de la Ley 7722 son la expresión de una ciudadanía consciente de lo que está en juego.

No hay «cheque en blanco» para el extractivismo

La alternativa propositiva no es la parálisis, sino la profundización de nuestro modelo. Debemos invertir en tecnología para la eficiencia hídrica en la agricultura, potenciar las energías renovables, fortalecer las cadenas de valor de nuestros productos y apostar por una economía diversificada y basada en el conocimiento. Ese es el camino hacia un desarrollo genuino, que genere bienestar para las generaciones presentes sin comprometer el futuro de las que vendrán.

Mendoza no puede darse el lujo de tomar el atajo riesgoso de la megaminería. Nuestro verdadero tesoro no está bajo la montaña, sino en el agua que baja de ella. Cuidarla es nuestro deber y nuestra única opción inteligente.

Referencias

[1] Unidiversidad. (2017). Mendoza, de las más frágiles ante el cambio climático. Documento proporcionado.

[2]El proyecto San Jorge NO tendría suficiente AGUA en años de nevadas escasas. (s.f.)

[3] Fondo Vitivinícola Mendoza. (2022).Día del trabajo: la vitivinicultura es el sector que más empleos

genera por hectárea cultivada. Documento proporcionado.

[4]Entrevista radial con el geógrafo Marcelo Giraud referente de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. (s.f.)

El autor es ingeniero agrónomo