A casi 4 años de la habilitación del criadero porcino Cerdos de Cuyo SA, segunda marca del conocido Frigorífico Mariani, ubicado en el distrito de San Francisco, Lavalle, vecinos y vecinas de la zona aseguran que la situación no solo no se resolvió, sino que se agravó. Persisten los olores nauseabundos, la proliferación de moscas y la preocupación por los impactos sanitarios y ambientales, mientras el municipio reconoce irregularidades pero no avanza con una clausura efectiva.

Gustavo Aristiarán, vecino de la zona e integrante del grupo que viene impulsando los reclamos, sostiene que el problema “está mal desde el principio” y apunta directamente contra el proceso de habilitación del emprendimiento. Según relata, en una reunión mantenida en diciembre con el intendente Edgardo González y parte de su equipo, funcionarios municipales y vecinos, comenzaron a salir a la luz inconsistencias graves entre lo que figura en los expedientes y la realidad territorial.

“En esa reunión funcionarias de (la Dirección de) Ambiente empezaron a decir que en el estudio de impacto ambiental figuraba que los vecinos más cercanos estaban a un kilómetro y medio, y que habían sido consultados. Eso no es verdad”, señaló Aristiarán.

De acuerdo a la documentación a la que accedieron los vecinos, el proyecto fue presentado como un Aviso de Proyecto y no como un Estudio de Impacto Ambiental completo, lo que permitió solicitar la exención de la Declaración de Impacto Ambiental bajo el argumento de un supuesto “bajo impacto ambiental”. Sin embargo, en los papeles el emprendimiento prevé seis galpones en una primera etapa y una proyección de hasta 16, muy lejos de la versión que sostiene que sólo serán 2 los galpones habilitados.

“La habilitación que tiene la empresa nunca nos la quisieron mostrar. Está todo muy oscuro. Pero en el estudio que ellos presentan hablan de seis galpones, con proyección a 16. Es una obra gigantesca”, advirtió el vecino.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la caracterización del entorno. Allí se describe la zona como “netamente rural”, con viviendas abandonadas y sin población cercana, ubicando el caserío más próximo a más de un kilómetro de distancia. Aristiarán desmiente esa versión y asegura que hay barrios y viviendas a pocos cientos de metros del predio, considerando los límites del mismo y la proyección que propone la empresa.

“El terreno de la chanchera tiene 40 hectáreas y está a unos 200 metros de un barrio. Ese es el barrio que ellos dicen que está a un kilómetro y medio”, explicó.

La Universidad de Congreso realizó un dictamen técnico sobre el estudio presentado por la empresa, en el que consigna que algunos puntos cumplen parcialmente con los requisitos según la legislación vigente. Pero las respuestas de la empresa tampoco despejaron las dudas.

Si bien el dictamen incluyó observaciones y exigió obras y consultas vecinales para otorgar la llamada “licencia social”, los vecinos aseguran que nadie fue consultado formalmente, y en la respuesta de Cerdos de Cuyo, firmada por Matías Colombo, no deja claro el método de la consulta: “dicen que hablaron con los vecinos y que estaban conformes, pero no hay notas firmadas, no hay papeles. Todos los vecinos dicen lo mismo: a nadie le preguntaron nada”, remarcó Aristiarán.

Tras los reclamos públicos y la difusión del conflicto, el municipio anunció en diciembre, “de palabra” que avanzaría con la clausura del criadero. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Según relató el vecino, la empresa presentó un nuevo escrito comprometiéndose a realizar obras y el Ejecutivo local le otorgó cuatro meses de plazo, mientras la actividad continúa.

“Nos dijeron que tenían todo para clausurar, pero no clausuraron. El olor sigue, las moscas siguen, es un desastre. Entonces la pregunta es: ¿cómo tenés todo para clausurar y no clausurás?”, se preguntó.

En los últimos días, vecinos volvieron a registrar imágenes de la situación en la zona, con manteles cubiertos de moscas y condiciones que consideran incompatibles con la vida cotidiana. Para Aristiarán, el problema excede el caso puntual y expone fallas estructurales en los controles municipales.

“No hay inspectores ambientales territoriales. Ellos mismos lo dicen. Si sacás esta chanchera de acá, la ponés en otro distrito y pasa lo mismo. El problema no es solo San Francisco”, afirmó.

Mientras evalúan avanzar por la vía judicial y definen la estrategia con abogados ambientalistas, los vecinos se reorganizan para sostener el reclamo y volver a poner el tema en agenda pública. “Nosotros vamos a seguir. Porque si no, naturalizamos cualquier cosa”, concluyó Aristiarán.