La recaudación tributaria volvió a encender luces de alarma. En febrero cayó un 9,5% real interanual y acumuló así siete meses consecutivos en retroceso. Desde julio de 2025 los ingresos del Estado pierden frente a la inflación, configurando un cuadro que ya no puede leerse como coyuntural.

El dato impacta en el corazón del modelo económico del presidente Javier Milei, cuyo principal argumento político y financiero es el sostenimiento del superávit fiscal. La pregunta que empieza a circular en despachos oficiales y provinciales es clara: ¿cuánto puede resistir ese equilibrio con ingresos en caída libre?

El deterioro no es aislado ni sectorial. Los tributos que explican la mayor parte de la coparticipación muestran retrocesos generalizados. El IVA —principal termómetro de la actividad— cayó 3,2% real interanual. Los derechos de exportación se desplomaron 39,5%, en un contexto de reducción de alícuotas al agro. Los derechos de importación bajaron 26,5%, los impuestos internos coparticipados retrocedieron 16,4% y Bienes Personales cayó 13,5%. No hay un impuesto que esté traccionando.

“El Gobierno no tiene mucho más margen para ajustar. Puede tocar subsidios, pero compromete la inflación. Congelar el bono a jubilados aporta poco. Y no hay posibilidad de levantar el ancla salarial”, advirtió el economista Hernán Letcher, director del CEPA.

El problema no termina en la Casa Rosada. Cuando cae el IVA, también cae la coparticipación. Y cuando cae la coparticipación, ajustan las provincias. Es un mecanismo automático, sin margen para negociación política.

En los distritos más grandes reconocen que, por ahora, amortiguan el impacto gracias a una buena performance de impuestos provinciales durante 2025 y al cobro anticipado de tributos patrimoniales. Pero el diagnóstico hacia adelante es menos optimista: sostener inversión social y obra pública será cada vez más complejo.

En provincias más pequeñas el análisis es aún más crudo. “Todo va en el sentido de contraer. Nada en el sentido de expandir”, resumen en voz baja.

El impacto posible en Lavalle

En departamentos como Lavalle, donde la estructura económica es más frágil y el margen de recaudación propia es limitado, una caída sostenida de la coparticipación puede sentirse con mayor crudeza.

Menos fondos automáticos implican menos capacidad para sostener servicios básicos: mantenimiento de caminos rurales, combustible para movilidad, asistencia social, programas deportivos y culturales, y apoyo a instituciones intermedias. En un territorio extenso y productivo, donde la logística y la presencia del Estado requieren recursos constantes, cualquier ajuste tiene un efecto multiplicador.