El proyecto es de autoría de Juan Jaime y coautoría de Guadalupe Pares. El pedido busca conocer qué habilitación tenía el predio, qué controles se realizaron y bajo qué condiciones se autorizó la competencia del 20 de septiembre.

Después del accidente ocurrido el 20 de septiembre en el predio de «Picadas de Lavalle», el bloque Justicialista del Concejo Deliberante decidió llevar al ámbito institucional una serie de interrogantes que hasta ahora forman parte de las distintas versiones públicas surgidas alrededor del funcionamiento del lugar.

El proyecto de resolución, de autoría del concejal Juan Jaime y con coautoría de Guadalupe Pares, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que remita al Concejo Deliberante la documentación vinculada con la habilitación del predio y con la competencia desarrollada el día del accidente.

Si bien alguno podría pensar que la intención del bloque es minimizar el control de daños, lo cierto es que el pedido podría tener otra lectura que se acerca a lo que piensa Jaime. Bajar el tono a las declaraciones públicas y transparentar el acto en función de que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo. Es decir, pasar la discusión sobre las Picadas de Lavalle desde las declaraciones públicas hacia los documentos administrativos que deberían respaldar las autorizaciones y controles.

También podría pensarse en otro argumento, que aunque Jaime no lo diga, queda flotando en el aire. De confirmarse manejos dolosos, negligentes o indiferentes de algún funcionario u otro, no habrá impunidad para éste ni para nadie.

¿Qué quiere saber el Concejo?

El proyecto comienza solicitando una copia de la habilitación municipal vigente del predio. Pero no se limita a conocer si existe o no una habilitación.

Pide saber quién es su titular, dónde está registrado, cuál es el número de expediente, cuándo fue otorgada, cuánto tiempo tiene de vigencia, qué autoridad la emitió y, especialmente, bajo qué condiciones fue concedida.

También solicita el expediente administrativo completo y, en caso de existir, informes técnicos, inspecciones, certificados y actas realizadas antes y después de los eventos.

El pedido avanza además sobre las condiciones de seguridad: capacidad máxima de espectadores, planes de contingencia, protocolos, seguros, cobertura médica, ambulancias, personal de seguridad, elementos contra incendios y demás requisitos que la Municipalidad hubiera establecido para el funcionamiento del predio y la realización de competencias.

Qué se autorizó en la competencia del 20 de septiembre

Uno de los artículos más concretos del proyecto apunta directamente a la jornada en la que ocurrió el accidente.

El Ejecutivo deberá informar qué instrumento administrativo autorizó la competencia del 20 de septiembre: resolución, decreto, autorización, acta o cualquier otro documento equivalente.

También deberá indicar el número de expediente, la fecha de emisión y la autoridad que intervino, además de remitir una copia.

¿Hubo una inspección antes de las picadas?

Otro de los interrogantes planteados por el bloque tiene que ver con los controles previos.

El proyecto solicita que se informe si antes de la competencia se realizó una inspección destinada específicamente a verificar las condiciones de seguridad del predio.

En caso de haber existido, la Municipalidad deberá precisar cuándo se realizó, qué área intervino y cuál fue el resultado, acompañando el acta o informe correspondiente.

También se pide conocer qué ocurrió después del accidente: si hubo nuevas inspecciones, intimaciones, suspensión de actividades, clausura preventiva o requerimientos para adecuar las instalaciones.

Una discusión que el proyecto busca llevar a los papeles

La iniciativa aparece en medio de distintas manifestaciones públicas sobre las condiciones en las que se desarrollaban las Picadas de Lavalle.

Sin embargo, el texto presentado por Jaime y Pares evita establecer una conclusión sobre esas versiones. No afirma que el predio estuviera habilitado irregularmente ni sostiene que existieran incumplimientos.

Lo que sí plantea es una cuestión más concreta y es que el Concejo Deliberante conozca la documentación oficial que permita determinar cuáles eran las condiciones administrativas y de seguridad existentes al momento del accidente.

Cinco días para responder

El último artículo establece que la documentación requerida deberá ser presentada por el Departamento Ejecutivo ante el Concejo Deliberante dentro de los cinco días hábiles de tomado conocimiento de la resolución.

A partir de esa respuesta podría aparecer una fotografía mucho más precisa sobre el funcionamiento administrativo del predio que nos brinde una certeza mayor. Saber si estaba habilitado, qué requisitos se habían establecido, qué controles se hicieron y qué medidas se adoptaron después del accidente.

Por ahora, el proyecto presentado por el bloque Justicialista no busca cerrar ni obturar esa discusión, sino abrir formalmente el expediente para que las respuestas puedan surgir de la documentación oficial.