El común de los ciudadanos suele suponer que conoce rápidamente la respuesta a esta pregunta, de hecho tal vez la considere casi como una retórica. Sin embargo hay veces que los datos formales hacen que el sentido común haga agua.

En septiembre de este año el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) -un organismo independiente del Estado, apartidario y sin fines de lucro- presentó un informe que arrojó datos llamativos en materia de subsidios.

Según la ASAP* los subsidios son: «transferencias de la administración pública a empresas o consumidores para permitir que determinados bienes y/o servicios sean consumidos (o producidos) a un precio (o costo) inferior al necesario para cubrir los costos de producción». Es decir, dinero que el Estado destina a reducir el costo final de un producto o servicio.

El 70% de los subsidios es utilizado para energía, el 25% para trasporte público y el 5% restante para «agua y saneamiento en empresas públicas» y demás según CIPPEC.

Acorde con los estudios citados el Estado Nacional utiliza cerca del 5% de su PBI en subsidiar distintas áreas de la economía argentina y de ese total el 32% es en beneficio de las clases más altas del país mientras que el estrato más pobre recibe el 13%. Es decir que las poblaciones más apoderadas se benefician con un 150% más de subsidio (dinero público) que los sectores con menos recursos.

El resto del porcentaje, es decir el 55% de total de dinero subsidiario, es absorbido por la clase media siendo ésta porción más que la sumatoria de lo recibido por la clase más alta y la más baja.

*Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública