La Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos expresó su preocupación ante el procesamiento de los cuatro militantes ambientalistas de Concordia, en lo que se considera un caso de criminalización de la protesta social que va en contra de los lineamientos generales adoptados en los últimos años.

Imagen: InfoJus Noticias (no disponible en artículo fuente)

Por: Análisis Digital

 En un comunicado de prensa enviado a ANÁLISIS DIGITAL, informaron que se estableció contacto con la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), un organismo especial del Ministerio Público Fiscal que conduce Abel Córdoba, transmitiéndole su preocupación por estos hechos y evaluando los pasos a seguir.A su vez, tras comunicarse con Facundo Scattone, uno de los cuatro procesados, la Subsecretaría de Derechos Humanos se puso a disposición de los asambleístas para asesorarlos y acompañarlos.

El juez que dispuso el procesamiento de los ambientalistas, Pablo Seró, es el mismo que hace una semana negó el llamado a indagatoria del represor José Darío Mazzaferri en la causa por la desaparición de Julio Alberto Solaga.

“Si bien ambos casos no tienen correlación, el mensaje que se envía desde el Poder Judicial es doblemente preocupante. Parecería que se le restan méritos a un represor identificado por varias víctimas, que además pasó cuatro años prófugo y eludió su juzgamiento en la causa Harguindeguy, y por otro lado se avanza en el procesamiento de manifestantes”, remarcó Julián Froidevaux, titular del organismo provincial.

En esa línea, el funcionario agregó: “A este tipo de situaciones nos referimos muchas veces cuando hablamos de democratizar la Justicia”.

Actualmente el caso es estudiado por la Procuvin, que luego de analizarlo comunicará su punto de vista a la dependencia entrerriana y evaluarán los pasos a seguir.