Es para quienes se les deba más de un millón de pesos, estos deberán presentar la documentación correspondiente y así se podrá reordenar la cadena de pagos.
El gobernador Alfredo Cornejo dispuso a través del decreto Nº63, el comienzo de verificación de deuda para aquellos proveedores del Estado a quienes se les deban sumas superiores a un millón de pesos. El pago se realizaría en títulos provinciales y dinero en efectivo, luego de certificarse fehacientemente la acreencia.
En virtud del desorden fiscal y administrativo en las cuentas públicas de la Provincia, Cornejo dispuso una serie de medidas para reordenar la cadena de pagos a proveedores de Mendoza y, de esta manera, evitar poner en riesgo la prestación de servicios básicos. Además, se busca de este modo verificar que se haya efectivizado el servicio o la entrega real de bienes, e investigar la posible responsabilidad de los funcionarios y empleados intervinientes en las contrataciones.
El decreto Nº63, en acuerdo de ministros, determina en primer lugar que todos aquellos proveedores del Estado de organismos del Poder Ejecutivo centralizados (Ministerios y Secretarías), descentralizados (hospitales y otros) y autárquicos (ATM, DGE, IPV, IPJC, OSEP), con deudas superiores al millón de pesos exigibles, vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2015, deberán presentarse en la Tesorería General de la Provincia con la documentación que justifique la titularidad del crédito, declaración jurada del modo en que fue efectuada la contratación e indicar el valor unitario del bien y/o servicio prestado, entre otros requisitos.
Luego de recibir el pedido de comprobación de deuda, la Tesorería General deberá remitir el expediente al órgano en el cual se originó la misma, quien emitirá un detallado informe, suscripto por el Director General de Administración del área, sobre la existencia y causa de la acreencia, para luego ser remitido a la Contaduría General de la Provincia para su control. Una vez allí, se determinará el monto de la deuda que se encuentra registrada a favor del solicitante al 31 de diciembre pasado, y si se detectan irregularidades deberá informarse a Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y a la dependencia que originó la contratación.
Para finalizar el trámite, una vez determinado el monto verificado a favor del proveedor por parte de la Subsecretaría de Hacienda, se suscribirá un Convenio de Cancelación de Obligaciones entre el Subsecretario y el proveedor, para luego ser ratificado por decreto del Poder Ejecutivo
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