El Concejo Deliberante del departamento se expidió a favor de solicitar al gobierno provincial, la reapertura de las paritarias y una nueva mesa de negociación.
El pedido salió, luego de que el SUTE les pidiera a todos los Concejos Deliberantes de la provincia, que sentaran postura al respecto. En el departamento de Lavalle, la declaración salió con la venia del justicialismo y el solidario, mientras que el radicalismo puso reparos y no acompañó el pedido.
El despacho de mayoría, entre sus partes acota «el ejecutivo provincial agotó el ámbito de negociación colectiva en forma prematura, no realizando las reuniones necesarias para llevar a buen puerto la negociación colectiva».
Por otra parte, y en relación al denominado ITEM aula, el despacho sostuvo «la pérdida de un importante monto del incremento salarial por causa del ejercicio legítimo del derecho de huelga, representa una extorsión a los trabajadores que resulta inadmisible en un estado de derecho democrático». Y agregó «En el mismo sentido, ante una situación de enfermedad inculpable, el trabajador de la educación se verá obligado a concurrir a su trabajo estando enfermo, en desmedro de la dignidad del trabajador, de la calidad de la educación y hasta poniendo en peligro la salubridad pública en ciertos casos.».
En sentido contrario, se manifestó el radicalismo lavallino, que se negó a apoyar la moción debido a que «no es competencia, facultad ni atribuciones de los Concejos Deliberantes expresarse en lo referente a paritarias, las cuales deben ser discutidas en el ámbito de la subsecretaría de Trabajo».
Sin embargo, el radicalismo agrega un argumento político al respecto. Y es que los propios intendentes justicialistas, Jorge Giménez en primer lugar, «tomó distancia de sus propios legisladores provinciales que se sumaron a las marchas, al reconocer que desconocen la realidad provincial, y al decir que «es un poquito más complicado juntar la plata para pagar los sueldos, que pedir que el otro aumente el 40%…» Y también Roberto Righi que en «dos reuniones con el gobernador y los demás intendentes acordaron y ratificaron que los aumentos salariales no superarán el 22%, ya que todos coincidieron en que la situación económico financiera de la provincia apenas puede asegurar esa cifra».