Las primeras preocupaciones de la ONU hoy fueron: la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo, demoras en la resolución de causas de lesa humanidad, el decreto sobre derribo de aviones, dudas sobre el rol de las Fuerzas Armadas, la situación carcelaria, la violencia institucional, los femicidios y la falta de registro, el desmantelamiento de las oficinas especializadas en DD.HH., el aborto y la situación de la investigación del atentado a la AMIA, entre otros temas. El Estado argentino deberá responder sobre estos temas mañana jueves.

«El 16 de enero de 2016, la dirigente social Milagro Sala, fue privada de la libertad por estar llevando una protesta pacífica en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, noroeste del país. El 15 de diciembre de 2015, Milagro Sala fue denunciada penalmente por el gobierno de la provincia de Jujuy por realizar una protesta que la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS) – de la que la Tupac Amaru es parte – comenzó un día antes. Sin perjuicio de la vaguedad de la acusación y de la ausencia de una descripción clara y precisa del hecho que se le imputa, se la acusó en sede penal de dos delitos: organizar una protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación, el cual ella instigaría a ser cometido – art. 209 del Código Penal) y de rechazar una medida del gobierno provincial relacionada con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como sedición, art. 230 del CP). Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias se encuentran estudiando el caso tras una petición presentada por Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS», afirma el texto de Amnesty Internacional en un duro informe contra el Gobierno argentino.

Además, este informe al que accedió El Destape critica la forma de represión del macrismo a las protestas sociales. «En febrero se dio a conocer el «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad Del Estado en Manifestaciones Públicas», emitido por el Ministerio el Seguridad (pese a que no se conoce su número de resolución) que incluye restricciones indebidas y desproporcionadas quecontravienen y rebasan las restricciones permitidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Este instrumento permite la criminalización de quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente».

Sobre el mismo eje, cuestiona el accionar que impuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «El Protocolo no cumple con los principios internacionales conforme los cuales cualquier limitación a la protesta «debe responder a una rigurosa justificación», estar claramente basada en una ley (en sentido formal y material) que, por ser relativa al ejercicio de los derechos humanos, debe estar redactada en términos lo suficientemente precisos para impedir que las autoridades ejerzan un poder indebido a la hora de restringir la libertad de expresión y de reunión».