Como ya es de público conocimiento, el martes pasado por la tarde la docente Miriam Azzolina, de 55 años, padeció un ACV al salir de la escuela donde trabajaba. Se estima que hubo una serie de demoras en las ambulancias que debían trasladarla y a la mañana del miércoles se le declaró muerte cerebral.

Esta situación, además del dolor por la situación de la mujer, generó una serie de acusaciones cruzadas entre las instituciones que intervinieron directa o indirectamente: el hospital Sícoli y sus «protocolos», la DGE y sus delirios autoritarios, el servicio de ambulancias de SERPRISA y su obstinación por los negocios y la OSEP y su impunidad mediática. A ésta última están dirigidas todas las miradas no sólo de los allegados de la víctima y de la prensa; sino también del mismo Estado.

Para comprender mejor estas acusaciones sobre la obra social de los empleados públicos hay que revisar los hechos.

En primer lugar, se ha confirmado por medio de compañeros de trabajo de Azzolina que el martes anterior al accidente cerebro vascular tuvo que retirarse de sus labores por una fuerte cefalea. No pudo conseguir turno ese mismo día por lo que visita al médico al día siguiente, quien le da analgésicos y desinflamantes. Jueves va a un médico de OSEP porque persistía su dolor de cabeza y le receta lo mismo y la deriva (sin estudios previos) a fisioterapia.

El lunes continúa su dolor pese a la fisioterapia y sus colegas notaban su malestar, tenía dificultades para hablar. La conducen en un vehículo particular a los consultorios de su obra social en Lavalle, la médica encuentra que tenía 160 de presión alta y repite la receta de desinflamatorios y analgésicos; curiosamente la profesional de OSEP no pidió estudios ni derivaciones a un neurólogo.

Al día siguiente (martes 23) va a trabajar, se sentía mejor pero no del todo bien, a las 18 aproximadamente se descompensa y pierde el conocimiento. Los docentes llaman al 911 y le informan que no hay ambulancia, la trasladan en un auto particular al Sicoli, donde las autoridades afirman que «se hizo todo lo posible para asistirla».
Altas fuentes del hospital culpan a OSEP por sus demoras, porque desde el nosocomio afirman que Miriam debía ser trasladada a un hospital de mayor complejidad para su mejor atención; los encargados son SERPRISA.

Acá empiezan las contradicciones. Andrés García, gerente de la empresa, asegura que el llamado derivado de OSEP entró a las 19:35. Fuentes de SERPRISA afirmaron que en ese momento la ambulancia habría estado en Costa de Araujo y que no habría tardado más de «20 minutos en llegar, porque cumplimos con todos los protocolos». Sin embargo, lo de la versión de Costa de Araujo es poco creíble. Lo hacía la empresa comúnmente para mentir sobre su paradero.

He aquí el tema, porque los compañeros de Azzolina esperaban con ansias en la puerta del Sicoli por la ambulancia, la cual llegó a las 20:31. Casi una hora después del llamado.

El contrato que OSEP central firmó con SERPRISA establece que la organización debe tener domicilio en el Departamento y que la ambulancia debe estar en territorio las 24 hs, todos los días, los 365 días del año y con un médico a bordo. Según SERPRISA esto se cumplió. Pero…¿cómo pudo haber cumplido demorando tres veces más de lo debido desde donde supuestamente estaba ubicada? Además, es de público conocimiento que, sus oficinas lavallinas han estado cerradas por lo menos, desde junio.

Hugo Díaz, vocero de la obra social, pero también subdirector de red prestacional OSEP, comentó a El Despertador que se estaba haciendo «una investigación, se está auditando a la empresa (SERPRISA) para saber qué pasó, porque ellos deben dar respuesta a OSEP». El problema es quién audita a OSEP; según fuentes extraoficiales, la Dra. Beatriz Núñez, coordinadora de la institución médica en Lavalle, es la única que ha quedado como responsable en el departamento, pero se excusó frente a un colega aduciendo que ella es la responsable sólo de la parte asistencial. Más allá de lo afirmado por la coordinadora, lo cierto es que nadie controlaba a la empresa durante estos últimos meses.

Fundamentalmente, porque se sabía la práctica de la misma, de abandonar su lugar continuamente.

Poco consuelo y mucha excusa.

En ese sentido, cuesta creer, que la propia OSEP se audite a sí misma, debido a que habría una espiral de responsabilidades. Si la empresa no cumplía con lo pautado, qué medidas se tomaron. ¿Había connivencia provincial, con el negocio de la prestación ambulatoria?

Como dato del negocio, OSEP llegó a pagar hasta $50.000 por un mes por trasladar a un paciente desde Lavalle a Mendoza, de Lunes a Viernes, lo que significaba un importante beneficio para la empresa.

Distintos especialistas afirman que el tipo de ACV que padeció la docente era no quirúrgico y que su cuadro era sumamente grave antes de entrar al Sicoli; indirectamente algunos allegados a las organizaciones involucradas deslizan que más allá la existencia o no de tardanzas el resultado habría sido el mismo. Tal vez tengan razón, pero seguramente en muchos otros casos no; y es por ello que muchos entienden que el Estado deberá tomar cartas en el asunto para que la auditoría no sea sólo para el servicio de ambulancias; sino para los responsables políticos de verificar su correcto desempeño. Esto, si se quiere prevenir muertes evitables.