Las once Comunidades Huarpes de nuestro departamento realizaron una presentación ante el Gobierno Provincial, y ante la Legislatura, para que se de cumplimiento definitivo a la Ley 6920, sancionada en el 2001 y que se ratificó, luego de estar judicializada, en el 2008, cuando la Suprema Corte falló a favor de las comunidades.

La ley reconoce «la preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza, garantizándose el respeto a su identidad cultural» y dispone que se declare «de utilidad pública y sujeto a expropiación» las más de 700 mil hectáreas de nuestro secano para que sean definitivamente reconocidas para el pueblo Huarpe.

En la presentación realizada, las comunidades expresan que «en estos 13 años, Mendoza no ha notificado a los demandados ni tampoco ha procedido a realizar la desposesión ordenada por ley. El Estado provincial, ni los diferentes gobiernos desde dicha fecha, hacen nada positivo para cumplir con las leyes que así los obligan» y señalaron que «desde el Estado provincial y nacional no surgen respuestas satisfactorias, sino complicidad frente al despojo histórico». «El pueblo Huarpe se siente olvidado y discriminado», concluyeron en la misiva.

Conversamos con Nancy González, presidenta de la Comunidad Huarpe «Juan Manuel Villegas» de San José, quien nos explicó que «es la ley que nos reconoce a nivel provincial como pueblo originario y dice claramente que se tiene que hacer la expropiación de las tierras y que tiene que pasar a nuestras comunidades».
González informó que en la Casa de Gobierno fueron recibidos y recibidas por Humberto Mingorance, Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial quien «nos recibió el petitorio y se comprometió a que, en 15 días, nos va a convocar y armar una mesa de trabajo para avanzar sobre los pasos a seguir».

Sobre alguna preocupación latente en el territorio ante la inacción del estado durante más de una década, la presidenta huarpe explicó que «en algunos sectores de La Josefa los supuestos dueños han avanzado con alambrados y siguen achicando nuestros territorios, y es una lucha que se da día a día por las familias de esa comunidad». Nancy concluyó la charla afirmando que si «se termina de ejecutar la Ley, permitiría que se detengan estos atropellos».