El Departamento es uno de los más afectados por los brutales aumentos en la tarifa de colectivos en un contexto donde no queda claro un reclamo por los subsidios. Mientras tanto, la Secretaría de Servicios Públicos sigue adeudándole a los lavallinos la licitación para actualizar y mejorar el servicio desde el 2019.

La semana que se fue tuvo un baldazo de agua fría para una buena parte de los mendocinos de a pie que utilizan el sistema de transporte público dado que hubo un incremento del 71,4% en la tarifa pasando de $70 a $120 en el Gran Mendoza y el recorrido Villa Tulumaya – Ciudad quedó en $340.

Sin embargo, y siguiendo tal vez el paradigma «el que avisa no traiciona», el decreto 2198 firmado por el gobernador Rodolfo Suárez este último precio regirá sólo hasta el último día de noviembre, y desde el 1 de diciembre al 31 de enero habrá un incremento más pasando de $120 en lo urbano a $160 y en el recorrido antes mencionado de la línea 300 el costo será de $453.

Pero allí no termina la suba, del 1 de febrero en adelante aumenta un 25% más, dejando el recorrido plano urbano en $200 y el lavallino en $566,25 aproximadamente.

Hablando en términos llanos, un lavallino que en febrero quiera (o deba) hacerse una «escapadita» al centro deberá pagar $1132,5 entre la ida y vuelta como mínimo si no tiene algún tipo de abono.

Este último punto es importante dado que los porcentajes de cada tipo de abono o beneficio se mantienen intactos.

¿Un favorcito a las empresas?

Un dato curioso lo aporta el portal El Sol, ya que señala que en la audiencia pública llevada a cabo en agosto pasado las empresas de colectivos habían pedido al Gobierno un incremento del 143% en tanto que el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) estimaba que debía ser del 139%.

Finalmente, el gobernador saliente y ahijado político del gobernador entrante aprobó un aumento total del 185,7%.

Algunos señalan que esto se debió a que pocos días después de la audiencia hubo una devaluación del 22%. Aún así los números no parecerían cerrar, ya que sumando esto al pedido empresarial debería dar 165%.

Es decir, que Suárez autorizó una subida de precios un 20,7% por encima de lo que el empresariado solicitaba.

La versión de la Secretaría de Servicios Públicos

Para comprender mejor la lógica que utilizaron las autoridades provinciales se le consultó a la Coordinación de Comunicación de la cartera que dirige el fallido candidato a intendente de Luján de Cuyo, Natalio Mema.

Sobre este porcentaje «adicional» en el incremento tarifario se nos respondió: «La actualización tarifaria se realiza en escalas, de la misma forma que ocurrió con el transporte urbano del área metropolitana del Gran Mendoza.

La realidad es que no se actualizaba desde enero 2023, por eso se hace en escalas 70%, 30% y 25% entre los meses de octubre 2023 y febrero 2024. La devolución del IVA y la exención de Ganancias para el año que viene estipula una quita de fondos de la coparticipación similar al costo total que Mendoza tiene presupuestado para el transporte el año que viene.

A eso se le suma que desde febrero Mendoza no recibe fondos nacionales que le corresponden para transporte. Aun con este escenario, el usuario no llega a pagar el 15% del costo del sistema con la tarifa».

Hay varios puntos a desglosar de esta respuesta institucional.

1- Los porcentajes nombrados no son exactamente los reales, ya que en concreto fueron: 71,4%; 33,3% y 25%. Parece algo insignificante mencionarlo, pero seguramente si a un funcionario se le abona su salario con una diferencia del 4,7% menos hará el correspondiente reclamo.

2- La exención de Ganancias fue una promesa de campaña hecha en septiembre de 2015 por el entonces aliado político del radicalismo, Mauricio Macri, pero que nunca cumplió. Por lo que el argumento de Mema redunda en una aparente contradicción ideológica.
Además, cabría analizar si la diferencia esgrimida no puede compensarse con los superávit que la Provincia viene acumulando y que coloca en plazos fijos.

3- Los subsidios no recibidos serían a causa de los incumplimientos de documentación que el mismo gobierno mendocino no habría elevado a las autoridades nacionales, según lo declaró recientemente Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación.
Lamentablemente estas declaraciones (y la respuesta vía red social de Mema) ocurrieron este sábado, cuando ya no era posible consultarle a los responsables de Comunicación de la Secretaría de Servicios Públicos.

Aún así, en todo esto no queda claro por qué Suárez le cobra a los mendocinos un 20,7% más de lo que las mismas empresas de colectivo solicitaban.

Una deuda para con Lavalle

Como El Despertador viene denunciando desde hace cuatro años, la licitación del transporte público para el Departamento está vencida desde 2019.

En aquel año, improvisadamente Natalio Mema y equipo intentaron aprobar una que fuera un «copio y pego» con un artículo para enmiendas sin consultar a los distintos actores que intervienen diariamente en la realidad lavallina para hacer sus aportes al pliego con el que deberían consultar las empresas aspirantes.

Ante las quejas de los concejales (incluyendo radicales) eso se detuvo. Luego vino el 2020 con sus complicaciones y el asunto ha sido pateado hasta nuestros días.

Con una licitación vencida que responde a las necesidades que Lavalle tenía hace 14 años.

Sobre esto se le preguntó a la Secretaría cuándo concretamente se realizaría la nueva licitación y la respuesta fue: «el proceso administrativo ha avanzado, con audiencias públicas en todos los oasis con amplia participación de usuarios y municipios. En la realidad económica actual no hay proveedores que vendan y financien unidades con las condiciones que requiere el servicio, por lo tanto es muy complejo adquirir unidades de estas características. La Provincia de Mendoza busca mejorar el sistema actual, pero aguardando condiciones económicas medianamente razonables para poder exigir la incorporación de unidades nuevas, y que eso se pueda cumplir.

Mientras, se incorporaron a los servicios de media y larga provincial los equipos de monitoreo georreferencial del Sistema Inteligente de Transporte para las unidades, lo que permitirá optimizar el control y sumar el sistema «Cuando Subo» a los recorridos».

Es decir, no se realizará hasta que cambie el contexto económico porque aparentemente los funcionarios radicales pueden «prever el futuro» y anticipar que ningún empresario querrá concursar.

Por otro lado, organizaciones sociales y agentes públicos locales comentaron a El Despertador que desconocen que las «audiencias públicas en todos los oasis con amplia participación de usuarios y municipios» hayan tenido lugar genuino para los lavallinos.

Eso sí, se incorpora el sistema «Cuando Subo», un cambio ¿trascendental? para los usuarios locales que en febrero pagarán 185,7% más de lo que pagaban hace dos semanas.