El Gobierno Nacional anunció la decisión de eliminar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), lo que genera preocupación por la posible pérdida de 230 puestos de trabajo especializados y el riesgo de cancelación de proyectos de acceso a cloacas y agua en todo el país.

El ENOHSA se dedica a planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el territorio nacional, además de controlar la calidad del agua potable y los servicios de saneamiento. Este ente también ofrece asistencia técnica y financiera, promueve la investigación y el desarrollo tecnológico, y capacita al personal del sector. Asimismo, realiza campañas para concientizar sobre la importancia del agua potable y del saneamiento.

Luis Caputo, al anunciar el cierre, criticó al organismo sin presentar denuncias formales, insinuando la existencia de corrupción. Los trabajadores de obras sanitarias rechazaron el anuncio y las acusaciones, y realizaron protestas frente al edificio de ENOHSA. Caputo señaló que el ente fue creado en 1995 para realizar pocas obras, pero que su rol se amplió con el tiempo.

El Gran Mendoza y San Rafael, los más afectados

De acuerdo con el diario Los Andes, las principales obras en Mendoza que se verían afectadas son:

Renovación del colector cloacal suroeste, 1º etapa (Guaymallén): con un avance del 80,6%, la obra tiene un costo de U$S 4,6 millones y fue adjudicada a Ceosa.

Colector Colonia Segovia – El Paramillo, 1º etapa (Guaymallén): con un avance del 52,9%, la obra tiene un valor de U$S 16,8 millones y la empresa adjudicataria es Hugo del Carmen Ojeda SA.

Renovación y adecuación integral de redes colectoras cloacales en Godoy Cruz: la UTE Genco SA – Riec SA está a cargo de la obra, que tiene un 29% de avance y un costo de U$S 10,9 millones.

Ampliación de la planta depuradora Cuadro Nacional, 3º etapa (San Rafael): la UTE Tolcon-Ceosa lleva un 24,1% de avance con un costo total de U$S 24,2 millones.

Ampliación del Establecimiento Potabilizador Balloffet (San Rafael): a cargo de la UTE Ceosa-Tolcon-Obras Andinas, esta obra apenas tiene un avance del 0,8% y un valor de U$S 22,7 millones.

Además, se paralizaron obras en Maipú y Las Heras, según informaron ambos municipios.

El ENOHSA en Lavalle

En Lavalle, el ENOHSA jugó un papel clave en la expansión de la red de agua potable. Junto con el municipio, cuando era dirigido por Roberto Righi, se instalaron más de 1.000 kilómetros de redes de agua. Righi destacó que el trabajo conjunto fue crucial para llevar agua potable a casi todo el departamento. Además, mencionó que el ente también colaboró en importantes obras de saneamiento, como la construcción de redes cloacales.

De Lavalle para Mendoza

La ampliación de Paramillo que benefició al Gran Mendoza es una de las grandes obras que estrenó el ENTE en Lavalle a comienzos del año 2023, según lo publicado por El Despertador en enero de ese año.

La obra, que implicó una inversión de $ 3.202 millones, permitió cuadriplicar la capacidad de tratamiento actual de la planta, además de disminuir el impacto ambiental sobre los recursos hídricos y ampliar el volumen de aguas residuales tratadas para el riego en áreas de cultivo especiales.

Algunos datos

▪️ Es uno de los establecimientos más importantes que tiene la Provincia para el tratamiento de líquidos cloacales. La necesidad de optimizar su capacidad se da por al aumento demográfico en su área de influencia, los departamentos de Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo.

▪️La ampliación mejora el servicio y la cobertura actual de 250.000 personas, y quedará una capacidad instalada para abastecer la demanda de 340.000 personas, que es la población proyectada a 10 años.

Características de la obra

▪️ Fue ejecutada a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Consistió en la construcción de un nuevo sistema de tratamiento con capacidad para procesar 1000 litros por segundo (86.400 m3 por día), que permite que la Planta alcance su capacidad total.

Conclusiones

El cierre del ENOHSA es una decisión que genera múltiples preocupaciones y abre el debate sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales que esta medida podría acarrear. En primer lugar, el impacto directo sobre los 230 puestos de trabajo altamente calificados que se perderían revela un retroceso en el esfuerzo por profesionalizar la gestión de los recursos hídricos y sanitarios en el país. Estos son empleos que no solo generan ingresos, sino que aportan a la infraestructura crítica de acceso a agua y saneamiento, dos pilares esenciales para la salud pública y el desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva estructural, la desaparición de un ente que se encarga de planificar y ejecutar obras de agua potable y cloacas pone en riesgo la continuidad de proyectos fundamentales para millones de argentinos. La calidad del agua y el acceso a saneamiento son derechos básicos, y sin un organismo que garantice su implementación de manera federal, las provincias más vulnerables, como Mendoza y particularmente Lavalle, podrían quedar relegadas. Las obras paralizadas en Gran Mendoza y San Rafael son un ejemplo claro de cómo esta medida afecta directamente la vida cotidiana de las personas, perpetuando la desigualdad en el acceso a servicios esenciales.

Además, la insinuación de corrupción sin presentar pruebas genera más dudas que certezas. Si bien es fundamental erradicar cualquier tipo de irregularidad en los organismos públicos, cerrar una entidad en lugar de fortalecerla y reformarla, si fuera necesario, parece una medida contraproducente. La solución no debería ser desmantelar una estructura clave para el desarrollo hídrico del país, sino reforzar los mecanismos de control, transparencia y eficiencia para que cumpla su misión con mayor eficacia.

Finalmente, es importante reflexionar sobre la implicancia política de esta decisión. El acceso al agua y el saneamiento es un tema profundamente vinculado al desarrollo económico y social. En lugares como Lavalle, donde ENOHSA ha sido clave para llevar agua potable a casi todo el territorio, el cierre del ente podría significar un serio retroceso en los logros obtenidos. Este tipo de decisiones deberían estar alineadas con una visión a largo plazo de desarrollo inclusivo y sostenible, en lugar de responder a políticas de ajuste o simplificación del aparato estatal sin considerar sus impactos sobre la población más vulnerable.