Las últimas informaciones apuntan a que en marzo se estaría entregando el barrio Padre Contreras, en Tulumaya, pero varias preguntas hasta ahora están vacías de respuestas en relación a los barrios en general.

El conjunto habitacional en su origen, estaba desarrollado a partir de un acuerdo Nación-Municipio, pero el gobierno de Javier Milei se borró dejando a Lavalle con una suma «astronómica» sin pagar. En el camino empezaron a surgir también dudas sobre cómo manejó el asunto la gestión municipal anterior.

Hoy el barrio se ha convertido en una suerte de «papa caliente» para el gobierno de Edgardo González. Es que, siendo que era una obra esencialmente nacional hoy debe cubrir $350.000.000 que no le correspondían erogar a Lavalle con el fin de que las casas que están a un 90% de su finalización no queden abandonadas, como le ocurrió al «Tupac 2», luego denominado Reconstruir y ahora Malvinas Argentinas.

A esto se suma que la gestión actual no ha hecho una segunda evaluación, (la primera la hizo la gestión anterior). En ese sentido, la Dirección de vivienda sostuvo que todavía no hay adjudicatarios sino postulantes, y que el municipio debía velar por la transparencia en la entrega de las viviendas.

Opiniones de lectores de El Despertador además de dichos de distintas fuentes gubernamentales generan varios interrogantes. Hemos elegido cinco para compartir.

1- ¿Cómo es que la gestión de Righi decidió donar ese terreno estratégico a esa cooperativa?

Cualquier persona tiene derecho a la vivienda y organizarse en cooperativas, es una de las mejores maneras para que los vecinos puedan conseguirlas. Pero, ¿qué tan democrática fue la decisión del gobierno local anterior de donar el predio que se encuentra a metros del hospital Sicoli? ¿hubo una audiencia pública? ¿había otras opciones de entidades intermedias? ¿por qué se eligió esa cooperativa y no otras?

2- ¿Cómo se conformó esa cooperativa? ¿hubo conflicto de intereses?

De la mano de lo anterior, ya que esos vecinos iban a contar con el inmenso beneficio de que el Estado municipal les donara terrenos que ni siquiera habían mejorado en ningún sentido, ¿cuál fue el criterio para conformar el grupo de beneficiarios?

Es que llama la atención que, entre los miembros de la entidad conformada durante la gestión anterior figuren familiares directos de funcionarios municipales que en ese momento estaban en funciones.

Además, hay dos exfuncionarios que tenían injerencia directa en las decisiones que se tomaban en aquel entonces, ¿no es como estar de ambos lados del mostrador?

3- ¿Cómo se recuperará el dinero que invertirá el Estado?

Como ya publicó El Despertador, el hueco que dejó el gobierno libertario significa que Lavalle tenga que abonar unos $350 millones de pesos si es que quiere terminar pronto el barrio.

Existe una ordenanza del 2023, elaborada por la entonces concejal, Carina Segovia, que establece un Fondo Municipal de Vivienda para el recupero del dinero. Es decir, que los beneficiarios deberían abonar una cuota mensual para devolverle al Municipio la inversión realizada.
Sin embargo, a un año de creada la ordenanza y a tres meses de la entrega de las viviendas, ese fondo no ha sido creado todavía por la gestión actual. Por lo que no queda del todo claro cómo y cuándo se recuperarán los fondos. No estamos hablando solo de las 35 viviendas del barrio Padre Contreras, sino de las 211 viviendas del barrio Malvinas Argentinas que en total significan alrededor de 300 viviendas.

4- ¿Cómo afectarán los 350 millones al resto del presupuesto?

Recientemente el secretario de Obras Públicas Danilo Darol explicó a este medio que, debido al «desfalco» del gobierno nacional, Lavalle deberá erogar unos $700 millones de pesos para que se terminen distintos barrios, entre esos el Padre Jorge Contreras.

Cuando se le consultó al funcionario de dónde salía ese dinero respondió: «De partidas (extraordinarias), de ahorro, de no hacer otras obras, de un montón de cosas…un esfuerzo fenomenal, porque realmente para la Municipalidad ese monto es exorbitante. Pero tampoco podíamos dejar viviendas sin entregar con el riesgo de que las usurpen, con todo un manoseo político que está dando vuelta…»

¿Cuáles son las obras que se postergarán? ¿cuál fue el criterio para postergarlas? ¿deberían los beneficiarios de los barrios a entregar haber abonado algún servicio de seguridad privada para evitar los robos y/o usurpaciones?

5- ¿Estamos preparados para que esto no se repita?

Muchos dirían que es una pregunta sin fundamento porque el caso del barrio General Acha en Colonia Italia y el Padre Contreras se debe a un contexto específico y muy particular de un alejamiento repentino (¿e ilegal?) de Nación y no como una regla general.

Sin embargo, si el gobierno de Milei o de su sucesor retomara programas constructivos semejantes al Reconstruir, ¿tiene Lavalle algún tipo de mecanismo previsto para evitar o, al menos, reducir el impacto de un nuevo «borronazo» de los organismos nacionales?
Además, si se decidiera volver a donar terrenos públicos a una cooperativa de viviendas, ¿está prevista alguna ordenanza para evitar que los principales beneficiarios sean los mismos funcionarios que toman la decisión?