La Ruta Nacional 7, principal conexión entre Mendoza y Chile, enfrenta un marcado deterioro que se traduce en constantes atascos y un preocupante aumento de accidentes. La falta de obras públicas y decisiones concretas por parte del gobierno nacional agrava la situación, mientras la provincia de Mendoza intenta ofrecer soluciones temporales.
El gobernador Alfredo Cornejo solicitó al gobierno de Javier Milei la transferencia del control de la ruta para asumir las obras necesarias. Sin embargo, desde la Nación rechazaron el pedido, asegurando que la licitación se realizará en febrero. «Nos dijeron que van a licitar ellos, pero no hay certezas de que esto suceda», señalaron fuentes del gobierno provincial.
En Mendoza calculan que, en caso de concretarse la licitación, los trabajos podrían comenzar recién en la segunda mitad del año, un plazo que consideran insuficiente frente a la creciente crisis vial. Además, el proyecto nacional incluye la concesión de la ruta con peajes, lo que genera dudas sobre su viabilidad y tiempo de ejecución.
Ante la falta de respuestas concretas, la gestión provincial implementará medidas paliativas. Entre ellas, destacan la instalación de paradores estratégicos en puntos críticos como Uspallata, Penitentes, Punta de Vacas y Puente del Inca. Estos espacios, con capacidad para alojar entre 100 y 400 vehículos, buscan mitigar las demoras prolongadas y brindar cierta organización al tránsito.
La preocupación por la situación de la Ruta 7 no es nueva. El mes pasado, legisladores mendocinos reclamaron al Ejecutivo nacional la declaración de emergencia vial en este corredor. Incluso, el senador Julio Cobos llevó este planteo directamente al presidente Milei en una reunión con legisladores radicales.
«En un año de gestión, el gobierno nacional ha cambiado tres veces las autoridades de Vialidad y ha dado señales contradictorias sobre las obras, lo que genera incertidumbre», afirmó Cornejo. «La falta de decisiones está poniendo en riesgo no solo la seguridad vial, sino también el flujo comercial en uno de los pasos fronterizos más importantes del país».
Mientras tanto, Mendoza busca soluciones inmediatas, pero insiste en que la Nación debe asumir su responsabilidad para garantizar una infraestructura segura y eficiente. La Ruta Nacional 7, una arteria clave para la economía regional y nacional, no puede seguir postergada en las prioridades del Estado.
Con información de La Política Online

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