La semana pasada se conoció la noticia del rescate de 39 personas víctimas de trata laboral en una finca de Lavalle. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N° 3, con intervención de la Unidad Fiscal de Mendoza. La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales realizó, con el apoyo del Escuadrón 64 de la Gendarmería Nacional, un allanamiento en una finca de nuestro departamento en el marco de una investigación por presunta explotación laboral.
Intervino también el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata, y se asistió a 39 personas que habrían sido sometidas a condiciones de trabajo irregulares. Según informaron las autoridades, las víctimas residían en albergues con condiciones insalubres y de escasa higiene.
Esta situación de rescate, de las que se tienen noticias cada tanto en toda la provincia, y muchas veces en nuestro departamento, no sólo ha encendido las alarmas en cuanto a las condiciones de trabajo en las zonas rurales, sino que también ha desatado un interesante debate entre los internautas. Analizaremos algunos de los comentarios que surgieron de la publicación de nuestros colegas de Lavalle Online respecto al tema.
Las autoridades, por cuestiones de preservación de la información para la causa, no dieron precisiones respecto al lugar ni a los propietarios de la finca, pero se trataría de un conocido establecimiento de la zona de Costa de Araujo. La situación expuso condiciones laborales precarias, pero también dejó en evidencia un fenómeno inquietante: la naturalización de estas condiciones por parte de algunos sectores de la sociedad que utilizan las redes sociales para expresarse y debatir.
Un comentario de Pedro Sfreddo resume esta postura con una contundencia que merece análisis: «Gendarmería y periodismo tienen que venir a la plaza de Lavalle… para que se informen bien que nadie llega y lo llevan a la fuerza a trabajar». Para Sfreddo, y otros usuarios con comentarios similares, estas condiciones no parecen representar explotación sino una práctica «normal» dentro del trabajo rural. Este mismo usuario considera que denunciar estas situaciones equivale a «escrachar» a los productores agropecuarios, casi como si las críticas fueran un ataque personal y no una defensa de derechos laborales básicos.
Nancy Paztran, por ejemplo, manifestó: «acá nadie explota a nadie, esto se hace de añares… es gente que viene a ganarse un mango» y concluye: «dejen trabajar a la gente, por favor». En este discurso, se minimizan las condiciones insalubres a las que están sometidos trabajadores y trabajadoras, presentándolas como un sacrificio necesario y «de toda la vida» y de alguna manera defiende a los patrones que generan esas condiciones.
Sin embargo, otros usuarios no tardaron en contradecir estas afirmaciones, recordando que la falta de baños, agua potable y contratos legales son violaciones a la dignidad humana, no meros inconvenientes laborales. «No hay higiene, no tienen ninguna comodidad y muchas veces están sin agua por que les llevan en tachos… son seres humanos que merecen una mejor calidad de vida» señala Gaby Ruiz. Por su parte Mario Altamirano expuso en su comentario: «no tenés animales, sabés que son personas, y que si están ahí tirados es porque no les queda otra y necesitan trabajar, ahora ¿me decís vos que por eso te podés aprovechar?».
El argumento de que estas prácticas son «tradicionales» también parece formar parte de un relato que justifica la explotación. Celeste Varas, quien señala que creció trabajando en tareas rurales, comentó: «El sacrificio que hacen se considera explotación laboral por muchos factores, aunque estén de manera voluntaria trabajando ahí». Este comentario pone sobre la mesa un punto crucial: la voluntariedad no elimina las responsabilidades legales ni éticas de los empleadores. Pero incluso frente a estas reflexiones, algunas respuestas, como las de Eduardo Martin, insisten en victimizar al productor: «Si el dueño es agricultor pobre hombre, no pudo sostener su trabajo…», aunque reconoce que la situación «no es la correcta». Este tipo de justificaciones parece ignorar que las ganancias no deberían estar por encima de los derechos humanos.
Además, se asoman discursos claramente xenófobos, como el de Mari Vergara, quien asume que los dueños de la finca «tienen que ser bolivianos» y pide que «se vayan a su país». Esta mezcla de prejuicio y estigmatización no solo desvía el foco del problema real, sino que refuerza barreras culturales que dificultan abordar la explotación laboral como un tema colectivo.
En este entramado de opiniones, la narrativa de que «así se ha trabajado siempre» no sólo perpetúa la explotación, sino que invisibiliza las historias y los derechos de quienes soportan estas condiciones. Al denunciar estas prácticas, no se trata de «escrachar» a los productores, como algunos afirman, sino de señalar que una sociedad más justa no puede construirse sobre las espaldas de trabajadores en condiciones de semiesclavitud.
Para finalizar nos permitimos una reflexión que, como sociedad, debemos preguntarnos: ¿naturalizar la precarización laboral nos hace cómplices?.

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