Recientemente el gobierno provincial anunció la ampliación de un subsidio que los beneficia, pero aún faltan aspectos claves para este segmento que necesita una respuesta urgente.
El pasado 18 de febrero el gobernador Alfredo Cornejo publicó el decreto n° 218 con el que se incrementa el subsidio al servicio eléctrico para jubilados, pensionados y otros grupos considerados vulnerables llegando a alcanzar a un total del 60% de la tarifa.
Esta buena noticia también aplica a monotributistas que perciban menos de dos SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil); electrodependientes; personas con C.U.D. (Certificado Único de Discapacidad); titulares de planes sociales (siempre que no supere los dos SMVM mensuales); residentes de zonas categorizadas como rurales según el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico); personas con Seguro de Desempleo; veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; empleados domésticos; entre otros.
Lo que falta
Aunque esta novedad será seguramente bien recibida por muchos, aun existen «deudas pendientes» que actualmente padecen estos grupos de riesgos y especialmente los jubilados y pensionados.
Dialogamos con Juan Carlos Godoy, presidente del centro de jubilados «Marcelo Motta».
Él explicó: «…seguimos con los problemas de vieja data, para que te atienda un médico tenés que esperar turnos a un mes… eso no viene de ahora, es desde hace mucho…».
Por otro lado, el entrevistado cuestionó los trámites burocráticos en PAMI para la administración de medicamentos cuando, según él, podrían agilizarse con la tecnología actual.
Además, criticó tanto al Estado provincial como al municipal expresando: «no tenemos ningún apoyo de nadie, todo lo que hacemos es con recursos propios, hacemos algún bingo, una cena show, para ir generando…hemos pedido que nos colaboren con personal de mantenimiento, de limpieza, esto tanto a la Provincia como al Municipio…»
«Los jubilados no estamos mendigando nada, es lo que nos corresponde…los recursos por coparticipación que recibe el departamento son por la cantidad de habitantes y nosotros estamos incluidos, no somos un puñadito de diez o veinte…acá hay una realidad, mientras más lejos nos tienen, mejor para las autoridades. Pero yo creo que la representación no tiene que marcar diferencias de política, religión, color…acá tenemos todos las mismas necesidades y muchos de los que pertenecen al centro de jubilados Marcelo Motta la están pasando muy mal», opinó Godoy.
Un recurso de amparo para seguir viviendo
Juan Omar Flores es un afiliado a PAMI por pensión de discapacidad debido a ser trasplantado renal. Su condición implica que deba tomar una medicación sumamente costosa de por vida y hace prácticamente un año atrás nos contaba su historia.
En aquella ocasión debió realizar un recurso de amparo bajo el número de expediente 4937/2024 para que la obra social de los jubilados y pensionados le diera la medicación correspondiente.
De hecho, por habérsela interrumpido y tener que pagárselas él contrajo cuantiosas deudas que lo llevaron a tener que vender una camioneta para poder salir de las mismas.
Casi un año después Juan atraviesa una situación semejante. «Tuve que hablar otra vez por mi medicación porque no me llegaba, es una situación que estamos viviendo todos los trasplantados, que tomamos inmunosupresores que son de alto costo».
Habló en las oficinas de PAMI en Lavalle y le dijeron que era parte de una «reorganización nacional» y que debía esperar. Flores les respondió que llevaba veinte días esperando y que optaría por iniciar otro recurso de amparo.
Eso lo condujo a la oficina de Defensa del Consumidor municipal a cargo de Sebastián Brizuela, quien lo contactó con un abogado que lo ayudaría en su caso.
Sin embargo, no hizo falta: «no sé si le tienen miedo a esa expresión (recurso de amparo), pero al otro día me llamaron de PAMI, que me lo habían autorizado, pero una sola caja (cuando le solían autorizar dos por bimestre). Porque me dijeron que estaba mal hecho el expediente, que tenía que volver a presentar todos los estudios y que el médico aclarara la cantidad de medicación, el laboratorio, el nombre de la droga…les voy a tener que volver a hacer un recurso de amparo para no tener problemas (de salud)».
ED: ¿Hace cuánto toma esta medicación?
JF: «19 años».
ED: ¿Y hace cuánto está afiliado a PAMI?
JF: «Hace como 25 años».
ED: ¿Y recién ahora ven que el expediente supuestamente está mal hecho?
JF: «Empiezan a encontrarle fallas al expediente, cuando no es un número, es el nombre de la droga, que no se ve bien el sello del médico con el número de matrícula. Pero cada seis meses yo tengo que llenar un formulario por vía de excepción donde figura todo, son excusas…voy a tener que hacerles un recurso de amparo otra vez, ellos juegan con la vida de los jubilados».
«El tema de los abuelos son los remedios»
Sobre este punto también consultamos con la responsable de la Oficina municipal de Adultos Mayores, a cargo de Iris Di Batista.
«El problema de ellos son los remedios, las situaciones diarias. Nosotros llegamos con cebolla, tomate, con distintas cosas a los abuelos…definitivamente el tema de los abuelos son los remedios, ninguno de ellos puede comprarse la totalidad de la medicación», afirmó la responsable de esta importante área..
«Nosotros tenemos una ficha por distrito de cada abuelo en cuanto a dirección, medicación, eso lo llenamos con los delegados y en Villa Tulumaya por medio de la oficina.
Vamos a los talleres y dialogamos con ellos para ver si están llegando con las consultas…Articulamos con los centros de jubilados y algunas cosas con la Provincia».
En cuanto a los objetivos principales para el 2025 la funcionaria municipal aclaró que son: «llegar a cada lugar donde están los abuelos, hacerles el seguimiento con la trabajadora social en caso de ser necesario, incorporarlos en los talleres, hemos incorporado una kinesióloga.
Estamos trabajando en hacer canchas de tejo en Lagunas del Rosario y en otras partes del secano».
Si bien estos esfuerzos seguramente sirven para mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos, lo cierto es que los tres entrevistados coinciden en un punto: la medicación y su costo. Evidentemente para el Estado nacional no dejan de ser una variable de ajuste para cumplir con las metas del FMI, un costo que se debe reducir.
Costo que al no asumirlo el Estado, cada jubilado debe afrontar al ir a la farmacia.
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