Mientras avanza en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a 14 años, el debate vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública. Se trata de una discusión que aparece una y otra vez, impulsada por sectores que promueven políticas de mano dura. Esta vez, el oficialismo ha logrado dictamen de mayoría, lo que habilita el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja.

Sin embargo, especialistas en infancia advierten que la iniciativa no solo es regresiva en términos de derechos humanos, sino también ineficaz como respuesta al problema de la seguridad.

Javier López Maida, Subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sostiene que este tipo de propuestas suelen ser parte de una “demagogia punitivista”. En sus palabras: “la demagogia punitivista en algunos momentos de la historia argentina suma voluntades, acciones, votos. Le sirve políticamente a los gobiernos que puedan llegar a estar de turno”.

López Maida remarca que, más allá de su viabilidad política, el proyecto actual “es malo no solo en términos ideológicos, sino también técnicamente”, al punto de contradecir normas de rango constitucional. Menciona, por ejemplo, que uno de sus artículos rozaba “la explotación infantil”.

Uno de los puntos más críticos del dictamen de mayoría es que habilita al Estado a imputar penalmente a adolescentes de 14 años por cualquier delito tipificado en el Código Penal, sin escalas. “No hay gradualidad. Del más grave al más leve, cualquiera puede entrar”, advierte López Maida. Si bien se establece un tope de 15 años de pena privativa de libertad, no hay límites para el tipo de delito por el que se puede procesar a un menor.

El funcionario también plantea que la eficacia de estas políticas es una ilusión: “¿Es verdad que en los países donde se ha bajado la edad de punibilidad ha mejorado la seguridad? Las respuestas son negativas”. Cita ejemplos como Uruguay, Brasil o Costa Rica, donde se redujo la edad sin que eso tuviera un impacto significativo en los niveles de criminalidad. “Ahí está la mentira, ahí está la demagogia: alardean con que con esas leyes se va a mejorar la seguridad, pero la inseguridad sigue igual”.

Desde una mirada histórica, López Maida recuerda que fue la última dictadura militar la que elevó la edad de punibilidad de 14 a 16 años, lo que hace aún más llamativo que hoy, en democracia, se pretenda retroceder. “Estamos regresando derechos”, sentencia. Y explica que la Argentina ha firmado acuerdos internacionales que prohíben expresamente este tipo de regresiones. De aprobarse, el proyecto podría derivar en sanciones internacionales contra el Estado nacional.

En Mendoza, la situación actual no parece requerir una medida como esta. “Hoy la provincia tiene cerca de 40 jóvenes privados de libertad por delitos graves. No estamos hablando de impunidad”, subraya. Además, señala que muchas provincias no cuentan con estructuras para alojar a menores de 14 años en contextos penales, lo que haría inviable la aplicación uniforme de la norma.

Finalmente, López Maida plantea la cuestión de fondo: cuestiona la falta de políticas sociales de base que aborden las causas profundas de los delitos cometidos por adolescentes: “las políticas están recortadas por todos lados. No estamos haciendo nada para que los pibes no estén en ciertas situaciones. En lugar de eso, se busca una política de castigo”.

El futuro del proyecto aún es incierto. Para convertirse en ley, deberá ser aprobado por mayoría en ambas cámaras del Congreso. Si no se trata este año, perderá estado parlamentario. Y si se vota y es rechazado, no podrá volver a debatirse en 2025. Pero más allá del desenlace legislativo, el debate de fondo sigue abierto: ¿castigar más o incluir más?

Compartimos a continuación la entrevista completa a Javier López Maida: