El 7 de mayo hubo una sesión del Senado de la Nación, muy promocionada por los medios de comunicación social hegemónicos, en que se trató un proyecto de ley denominado “ficha limpia”. El proyecto fracasó, la ley no salió por un voto. Desencajados, periodistas fieles a las respectivas líneas editoriales salieron a buscar y escarniar culpables.
El tema se conoce, es imposible sustraerse al bombardeo de los medios.
Las repercusiones siguieron por varios días. Se sabe, tanto el PRO, como La Libertad Avanza, como sus socios menores (UCR, Coalición Cívica, algunos gobernadores) decían apoyar el proyecto. Ante su fracaso eligieron acusarse mutuamente de defección, y, por supuesto, también culparon al kirchnerismo.
Más allá de las excusas formales se pretendía proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, cosa que no se puede decir abiertamente porque queda mal y es inconstitucional, aunque igual lo dijeron miles de veces. Lo revela el titular del principal diario del Grupo Clarín, el mayor de los impulsores de “ficha limpia”.

Como aparece en el título de Clarín, de inmediato las miradas se dirigieron a los senadores misioneros. Unos días después, parece poco discutible que existió algún tipo de pedido de la Casa Rosada para que los senadores misioneros (dos de ellos) voten en contra del proyecto. Según varias notas periodísticas, esto fue confesado por el propio Carlos Rovira, hombre fuerte del “misionerismo”.
¿Por qué les interesaría a Milei y a Santiago Caputo que Cristina no fuera proscripta? La respuesta es bastante evidente: les conviene polarizar con ella. Adicionalmente se menciona como objetivo de la maniobra retacear un éxito a Silvia Lospenatto, impulsora del proyecto y adversaria en Capital Federal.
Es decir, una parte de la entente de poder quiere proscribir una dirigente política con gran adhesión de modo flagrantemente ilegal, manipulando las instituciones y armando causas. La otra parte aduce que “está de acuerdo” pero sotto voce analiza que, dado el escarnio que sufre la víctima, les resulta útil mantenerla en el juego político.
Son dos caras de un mismo fenómeno, dos síntomas del mismo mal: la democracia argentina, con estos jueces, estos medios, estos políticos, es una farsa.
La Corte Suprema es la reserva del poder real para sacar del juego a la ex presidenta. Conformada por tres miembros supérstites, Lorenzetti, está muy activo intentando fallar contra Cristina lo antes posible y hasta lo dice por televisión.
Los juicios contra Cristina siguieron el mismo patrón que todos los que se realizaron en el marco del lawfare. A nivel latinoamericano, Rafael Correa y Lula da Silva, entre varios, enfrentaron lawfare. Más acá, lo padece aún Milagro Sala. En Mendoza, Nélida Rojas y su familia en 2017 y por estos días Mauricio Cornejo y Federico Soria, militantes por el agua pura, son perseguidos lawfare mediante. El lawfare es una estrategia que tiene origen en maniobras geopolíticas tendientes a conseguir objetivos típicamente bélicos sin armas (en principio). El concepto se extendió para aplicación de las oligarquías de cada territorio. ¿Por qué no puede haber lawfare sin apoyo imperial? Porque lo que caracteriza al lawfare, persecución política mediante jueces y causas armadas, es la implicación de los medios hegemónicos en campañas de escarnio. Y los medios hegemónicos, como socios mayoritarios o minoritarios, o aliados, tienen alguna terminal del Departamento de Estado de EEUU.
La confabulación se ve en los resultados. No hace falta tener fotos de un cónclave donde periodistas reciben instrucciones, ellos saben qué pueden o no pueden decir, en qué casos son premiados y en cuáles son sancionados o echados.
En el caso de Cristina Kirchner, las causas judiciales fueron parte de un armado que respondía a una sanción política. Sectores del poder armaron causas para hostigarla sistemáticamente. El solo hecho de que la hayan citado para 8 causas el mismo día y que ese día fuera el cumpleaños de su difunto esposo, exhibe una animadversión contraria a derecho. Todos los jueces que la juzgaron fueron incompetentes por parcialidad manifiesta, ninguno se excusó. El juez Rodrigo Giménez Uriburu que la condenó en la causa “Vialidad”, por la que pretenden sacarla de juego, presidía las audiencias del juicio con un mate del Liverpool, el equipo que compartía con Diego Luciani, fiscal acusador, en la quinta de Macri. Sí, así, en la quinta de Macri. Jueces y fiscales de ese tipo intervinieron en todos los juicios contra CFK porque fueron amañados, disfrazaron una persecución política y la construcción de un relato para el escarnio mediático.
Es interesante relatar el devenir del acusador de Cristina en “Vialidad”. Javier Iguacel apenas asumió, nombrado por Macri, fabricó una investigación para inducir acusaciones contra la ex presidenta. Realizó una auditoría a la obra pública en Santa Cruz. Los peritos no detectaron ni sobreprecios ni irregularidades, todo lo que debía estar construido, estaba construido, aunque eso es irrelevante porque eran obras de la provincia de Santa Cruz y Cristina, nada que ver. Igual realizaron una denuncia a la Justicia. Cristina pidió una auditoría a la obra pública de todo el país, petición que fue desoída. Es recordado que Vialidad no hizo mucha obra con Macri, según sus técnicos, la cantidad de kilómetros de ruta/autopista por año era la quinta parte del promedio de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, Iguacel hizo un puente por donde debía pasar un tren, cuando probaron, el tren no pasaba, el puente era demasiado angosto. ¡Cuánta mala suerte! No tiene, de qué quejarse Iguacel, actualmente es empresario petrolero. Con la mediación de Milei y Macri se quedó con áreas petroleras que le adjudicó el Estado. Un aventurero sin experiencia previa que igual ligó negocio. Es conmovedor ver cómo estos personajes que no paran de vilipendiar al Estado se vuelven multimillonarios con prebendas estatales. Para ellos, ninguna investigación judicial, ¡faltaba más!, ellos son los denunciantes, la fuerza de la decencia.
Desde 2008, en Argentina, los medios hegemónicos construyen un enemigo interno, el “kirchnerismo”. Ya lo hicieron durante la dictadura, quienes los medios hegemónicos señalaban como “subversivos” podían ser sometidos a cualquier clase de vejamen, incluyendo su desaparición y asesinato. El caso más emblemático es el de la familia Graiver, propietaria de Papel Prensa, única fábrica de papel para diarios en Argentina. El lector, la lectora puede trabajar de ciudadano y buscar en el servicio de Clarín las tapas del diario de abril de 1977. Allí encontrará frecuentes noticias sindicando a los Graiver como subversivos. Por esos días Clarín intentaba hacer firmar a Lidia Papaleo de Graiver el traspaso de las acciones. Hay reportes bibliográficos de reuniones frecuentes entre Héctor Magnetto y Oscar Gallino, el jefe del grupo de tareas que torturó a la familia Graiver, presuntamente con un pliego de peticiones acordado con el futuro jefe del grupo Clarín.
¿Se entiende? Calumniaban en tapa a la familia Graiver para robarles la empresa del papel, por supuesto, con la complicidad del gobierno dictatorial. Entonces, ud. lector, lectora, dice: “eso es conocido, pasó hace casi 50 años, en un gobierno no democrático”. Ahí es cuando yo le digo: “deme un minuto y recuerde esto más reciente”.
A partir de fines de 2015, el grupo Clarín y sus socios de La Nación iniciaron una campaña de calumnias contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Pasaron dos años presos, le confiscaron una empresa petrolera. Por milímetros salvaron C5N, posiblemente porque Clarín ya tiene TN. Gerardo Ferreyra, propietario de Radio del Plata por entonces, vivió una situación parecida. Se asemeja demasiado a lo que hicieron con Graiver, pero esta vez en “democracia”.
De las muchas cosas que deberían llamar la atención de estas historias, destaco la cuestión de la legitimidad. El antiperonismo vota o votaría gustoso la proscripción y eso sería motivo de festejo. Ahora bien, cuando un régimen proscribe la participación justa e igualitaria de una parcialidad se torna ilegítimo para esa parcialidad. Esa ilegitimidad quiere decir que no debe obediencia a sus instituciones, e incluso, bajo ciertas circunstancias, no sólo estaría validada sino exigida la rebelión. Las derechas no temen esta situación, más bien al contrario, porque tienen asumida su veta represora, pero es evidente que esto de democracia, nada. Durante la dictadura, estaba claro, era un gobierno ilegítimo, su base era la fuerza. En términos políticos y del estado de derecho, cuesta encontrar la diferencia con el presente.

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