Hace algunos años se acuñó el vocablo «perrhijo» en algunas ciudades del mundo, en las que los perros y gatos ya no son solo animales de compañía sino miembros de la familia.

Mientras que en lugares como la ciudad de Buenos Aires, donde para 2023, ya eran 1.280 los locales gastronómicos, 21 los hoteles y 1.426 los taxis declarados «pet friendly» y desde hace diez años pueden estar en las mesas exteriores de los restaurantes, hace ocho pueden viajar en subte y, de aprobarse un proyecto de Ley pronto podrían hacerlo en colectivos, en Lavalle ocurre lo contrario «la situación, en realidad, está yendo de mal en peor» asegura Alejandra Crosetti, la presidenta de la Asociación Protectora Animal «Santa Bernardita».

Es que el refugio de esta entidad está desbordado y las denuncias por violencia contra animales se multiplican. La situación económica, la falta de castraciones y la escasa conciencia sobre la tenencia responsable agravan un problema que requiere una respuesta colectiva.

Una realidad cada vez más dura

«La situación está yendo de mal en peor». La frase de Alejandra Crosetti no exagera. Su refugio, ubicado en la zona industrial de Lavalle, está colapsado. En lo que va del último año, ha recibido más de 50 animales, todos en estado grave.

Muchos de esos animales llegaron en situaciones extremas: «tenemos alrededor de 130 perros, están los que fueron abandonados, los que rescatamos de la calle con alguna enfermedad, los golpeados, los baleados, los desnutridos, me traen casos muy difíciles, que nadie más puede contener, pero ya estoy re excedida, no doy abasto», cuenta Alejandra.

En muchos de estos casos, la violencia no es accidental. «Hay animales que son directamente maltratados: golpeados, quemados, torturados. Algunos no sobreviven. La violencia con los animales es también un reflejo de la violencia que vivimos como sociedad», reflexiona.

El impacto de la crisis económica

La situación económica ha profundizado la problemática. Según Crosetti, muchas personas no pueden costear el alimento o los cuidados básicos, y abandonan a sus animales. «Otros los dejan sueltos sin castrarlos y cuando hay campañas gratuitas, no los llevan, esperan que el veterinario vaya a su casa, así es imposible», dice.

El mantenimiento del refugio es cada vez más difícil, tienen un gasto de más de un millón de pesos al mes en alimento, que sale del bolsillo de Crosetti. La veterinaria Heidi González aporta, además de sus conocimientos técnicos, medicamentos, vacunas, tratamientos y operaciones. «También hacemos rifas y pedimos donaciones, ahora mismo estamos sorteando una canasta para pagar la cirugía de una perra que rescatamos en estado crítico, con fracturas múltiples» informa la referente de «Santa Bernardita».

Más allá de los aportes individuales, Crosetti advierte que el problema no se resolverá sin una política pública fuerte. «Esto no puede recaer sólo en las protectoras o en el municipio, necesitamos educación, castraciones masivas, sanciones reales y, sobre todo, un cambio cultural profundo».

Una problemática extendida

El problema de los animales en situación de calle atraviesa todo el departamento. Aunque no hay un censo oficial, las protectoras y veterinarios coinciden en que la población canina descontrolada es un problema del que nos tenemos que hacer cargo entre todos y todas.
“Estamos en una situación crítica, la sobrepoblación es enorme y el abandono se ha naturalizado. Muchas personas creen que los animales se crían solos, los tienen como alarma o para que los cuide, o como juguete de los niños, pero no es así» explica Crosetti.

El rol del Estado

Desde el Estado municipal, el área de Zoonosis viene desarrollando campañas gratuitas de castración, desparasitación y vacunación. Según datos oficiales, actualmente se realizan entre 100 y 120 castraciones mensuales en diferentes distritos, mediante operativos itinerantes que se anuncian con anticipación.

«Desde el comienzo de la implementación del móvil veterinario, desde el 2016 hasta la fecha, aproximadamente se han realizado castraciones a 10.300 animales domésticos, caninos y felinos» nos informa Alberto Castillo, médico veterinario a cargo de la Jefatura de Zoonosis y aclara que «se vacunan contra la rabia y se los desparasita, ya que en esos caso no hay cupo», en referencia a los turnos que hay que sacar para las castraciones.

Existe en Lavalle un programa municipal de tenencia responsable de animales domésticos que «se basa en la relación armónica, responsable y segura entre la comunidad y los animales domésticos» explica Castillo, e informa que «las herramientas son el móvil veterinario ‘Dr Daniel Oribe’ con las castraciones masivas, sistemáticas y gratuitas, la vacunación antirrábica y las desparasitaciones, además de ofrecer asesoramiento sobre tenencia responsable y sanidad animal».

A pesar de este esfuerzo, el ritmo no alcanza para contener el crecimiento de la población animal. Según estimaciones de organizaciones protectoras, sería necesario duplicar o incluso triplicar la cantidad mensual de castraciones para lograr un impacto real en el mediano plazo. A su vez, por falta de educación, según argumenta Alejandra Crosetti, la demanda de los humanos responsables no es la necesaria: «viene la Municipalidad, pone el móvil, pero por otro lado, ¿para qué lo van a hacer, si la gente no va?, de la comuna me han dicho ‘mirá, hemos dado todos los turnos y al final del día se aparecieron dos o tres a castrar’ y por otro lado gente que me dice ‘¿pero no van a mi casa a castrar’?, y no, es una cirugía, no te la hacen en la casa, tenés que ir hasta el móvil y encima es gratis».

Crosetti manifiesta «que a mi gusto debería haber más veterinarios operando, poner más presupuesto para poder castrar más animales y poder chipear más animales, el tema es que de la demanda va a surgir el compromiso municipal»

Chipeado obligatorio: una medida pendiente

Hace algunos años se aprobó una Ordenanza que, entre otras cosas, dispone la necesidad de avanzar en el chipeado obligatorio de animales, como herramienta de control y responsabilidad. El chipeado (la colocación de un chip en cada mascota) permite identificar al dueño, registrar si el animal está castrado, vacunado, o si tiene antecedentes de mordeduras.

«Con un chip, se puede rastrear la historia del animal, no es una solución mágica, pero sí muy útil para desalentar el abandono y fortalecer la responsabilidad de los tutores», sostiene Crosetti, quien también propone sanciones más firmes para quienes maltratan o sueltan animales sin cuidado. Asegura que el Codigo Contravencional mendocino ha ayudado en este sentido: «te ponen multas importantes, y lamentablemente cuando nos tocan el bolsillo es cuando duele».

Una responsabilidad colectiva

Alejandra Crosetti insiste en que el problema no se resolverá con voluntarismo. «Yo voy a seguir luchando por ellos, pero no alcanza con que seamos unos pocos, esto no es una cuestión de caridad, es una responsabilidad social, y sin compromiso colectivo, esto va a seguir empeorando».

A medida que las denuncias de maltrato crecen y los refugios colapsan, se vuelve urgente una política sostenida de salud animal, con presupuesto, educación y participación ciudadana. Mientras tanto, en Lavalle, centenares de perros y gatos siguen esperando que alguien los vea, los cure, los respete.