El colapso del colector cloacal principal en la zona de Los Corralitos, ocurrido a principios de abril, desató una crisis ambiental y sanitaria que ya afecta a cientos de productores en el Gran Mendoza y particularmente en Lavalle. Ante la falta de infraestructura adecuada y la demora en las reparaciones, el Gobierno provincial autorizó el vertido de aguas cloacales sin tratamiento en el canal Pescara, utilizado para riego agrícola. Este vuelco, que comenzó como una medida excepcional por 45 días, ya lleva casi tres meses y generó contaminación en más de 500 hectáreas de cultivos, además de posibles afectaciones en napas y pozos de agua.

Mientras la provincia enfrenta denuncias penales y cuestionamientos por los riesgos a la salud pública, la Municipalidad de Lavalle inició relevamientos y análisis de agua para intentar contener el daño y dar respuestas a una comunidad rural cada vez más preocupada.

Según estimaciones oficiales, son al menos 500 hectáreas las afectadas en la primera etapa, principalmente con cultivos hortícolas y forrajeros, aunque en zonas derivadas se calcula que podría comprometer hasta 3.000 hectáreas. La situación también generó preocupación por la posible contaminación de napas y pozos, claves para el abastecimiento de agua en áreas rurales.

Nancy Griffone, directora de Ambiente de Lavalle, detalló las acciones que el municipio está realizando para atender la emergencia. «Nos hemos reunido con Irrigación, quienes nos han informado sobre el área que estaba afectada por el vuelco», explicó. Además, señaló que trabajaron en conjunto con Mónica Tolaba, directora de Desarrollo Económico y Walter Gonzálvez, abogado del despacho del intendente, para articular las inspecciones y el acompañamiento a productores.

Entre las medidas inmediatas, se realizaron revisiones en las bombas de la calle Severo del Castillo y Buenos Vecinos, zonas estratégicas para el riego y la distribución de agua. «Hemos estado yendo a revisar el tema de las bombas», precisó Griffone. Además, visitaron la Feria de Guaymallén, para constatar si se estaban efectuando decomisos de verduras potencialmente contaminadas, lo que finalmente «no se está haciendo», aclaró.

El viernes 20 de junio, personal municipal realizó un relevamiento en la zona sur del departamento, donde se concentra gran parte de la producción hortícola y forrajera. Este relevamiento permitió confeccionar un informe técnico que fue ingresado al municipio, con copia al Concejo Deliberante y a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (ex DPA) de la provincia. «Hicimos un reclamo formal a través del sistema de Ticket, y gente de la DPA vino el jueves y estuvimos haciendo visitas en la zona sur», explicó Griffone.

Durante la inspección, el equipo municipal siguió el recorrido del derrame cloacal hasta la escuela Perón, del B° Santa Cecilia de Tulumaya, donde detectaron además un problema independiente en la red cloacal del establecimiento. «La escuela Perón está teniendo otro problema con la red, pero también referido a cloacas», indicó.

Las autoridades municipales labraron actas y participaron de reuniones con productores en Los Corralitos para informarles sobre el avance de la situación y las medidas de prevención. «Estamos tratando de organizar reuniones con nuestros productores para darles tranquilidad y mantenerlos informados», sostuvo Griffone.

Para los próximos días, el municipio planifica realizar análisis en pozos de agua de uso productivo y doméstico, con el objetivo de detectar posibles contaminaciones cruzadas y garantizar la seguridad del consumo. «Esta semana vamos a hacer análisis de algunos pozos de agua para llevarles tranquilidad a la gente y para verificar que no haya habido ningún cruce de contaminantes», detalló la directora de Ambiente.

El impacto en Lavalle es especialmente sensible porque muchas familias dependen de la venta de verduras frescas y de la producción para autoconsumo, además de actividades vinculadas a la apicultura y el forraje para el ganado. A nivel provincial, la situación también derivó en la apertura de una causa penal por presunto delito ambiental y se mantiene un debate abierto sobre la falta de infraestructura y la necesidad de un plan hídrico integral para Mendoza.

Con estas medidas, el municipio de Lavalle busca sostener la producción local, evitar daños mayores y llevar claridad a una comunidad que mira con preocupación el avance de la contaminación. «Es un tema superdelicado», reconoció Griffone, quien remarcó que las acciones continuarán coordinadas con la provincia y los productores.