El programa nacional de control de la Lobesia Botrana, más conocida como la «polilla de la vid», ha quedado en pausa por decisión del gobierno de Javier Milei, que desde el año pasado suspendió el financiamiento a una política clave para proteger miles de hectáreas productivas en todo el país. Frente a esta deserción, el gobierno de Mendoza confirmó que pondrá 15 millones de dólares de sus arcas para sostener en soledad una campaña que, por su escala, debería ser coordinada y financiada a nivel federal.

El anuncio lo hizo el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, en diálogo con Radio Aconcagua. Según explicó, la campaña arrancará en breve, entre agosto y septiembre, momento clave para intervenir en el primer vuelo del insecto y evitar que la plaga se disemine.

> “La Nación se ha descolgado de esto. Seguimos reclamando porque es un problema nacional, pero no hay respuesta”, afirmó el ministro.

Paradójicamente, mientras denuncia el abandono, el gobierno provincial mantiene su voluntad de acordar políticamente con la gestión nacional, que ya ha demostrado desinterés por los temas productivos de Mendoza. La contradicción es evidente: se pide ayuda al mismo poder central que ignora y ajusta, y se insiste en un diálogo que sólo parece beneficiar al que se desentiende de sus responsabilidades.

Una campaña que llega con incertidumbre

El operativo requiere una compleja logística, insumos específicos y coordinación entre las provincias afectadas. Mendoza planea trabajar con una empresa francesa que instalará una planta local para producir feromonas, uno de los insumos centrales para el tratamiento. Sin embargo, no está claro si los productos llegarán a tiempo ni cómo se garantizará la cobertura total de las 130 mil hectáreas bajo riesgo.

Frente a la falta de apoyo nacional, Vargas Arizu también apuntó al sector productivo, exigiendo un mayor compromiso económico por parte de los viñateros.

> “El productor tiene que ser responsable. No puede esperar que el Estado le solucione todo”, señaló.

La frase no pasó desapercibida: mientras la provincia asume gastos millonarios que debería compartir con la Nación, también traslada la presión al eslabón más golpeado de la cadena, que ya enfrenta un contexto crítico por la caída del consumo, la inflación y la apertura indiscriminada de importaciones.

¿Una estrategia productiva subordinada?

Lo que está en juego no es solo una campaña sanitaria, sino el modelo productivo de Mendoza. En lugar de defenderlo con firmeza, el gobierno provincial parece aceptar pasivamente las reglas de una Nación que ajusta sin mirar territorios ni consecuencias.

El resultado es un Estado provincial que paga el costo del abandono federal y, a su vez, exige aportes adicionales al sector privado. Todo, mientras persiste en buscar acuerdos con un gobierno nacional que no muestra ni voluntad ni compromiso con las economías regionales.

La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria:
¿Qué sentido tiene negociar con quien sistemáticamente te da la espalda, recorta fondos esenciales y desoye los reclamos de tu pueblo?