La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó esta semana un proyecto que habilita a la Provincia a encargarse de la reparación, mejora y mantenimiento de varios tramos de rutas nacionales. Entre ellos, uno muy importante para Lavalle: los 18 kilómetros de la Ruta Nacional 40 entre el aeropuerto y el ingreso al departamento.

Esa obra está actualmente frenada. Según lo aprobado, Mendoza podrá retomarla, pero con recursos propios. Y eso abre una pregunta incómoda para muchas familias lavallinas: ¿estamos dispuestos a pagar peaje una vez que terminen la ruta?

Una decisión que divide aguas

El proyecto fue aprobado por 28 votos, principalmente del oficialismo y sus aliados. En contra votaron 12 diputados y diputadas de bloques opositores, y hubo además abstenciones y ausencias. Lo que se aprobó fue la ratificación del Decreto 1165, que avala un convenio con Vialidad Nacional. En ese acuerdo, la Nación cede a Mendoza el manejo de varios tramos de rutas nacionales: más de 200 kilómetros en total, incluyendo parte de la Ruta 7, la 143 y la 40.

El convenio establece que Mendoza podrá contratar las obras por su cuenta y con su propia legislación, que financiará todo sin esperar reembolso de Nación, y que podrá gestionar la implementación de un sistema de peaje. También exige un estudio de impacto ambiental y fija un plazo de 36 meses (prorrogables) para la ejecución de las obras.

¿Y la 40 que pasa por Lavalle?

Uno de los tramos más relevantes para nuestro departamento es el que va desde el aeropuerto hasta el ingreso a Lavalle, obra que quedó inconclusa y con casi el 50% pendiente. Según explicó la diputada oficialista Elisabeth Crescitelli en diálogo con Radio Tierra Campesina «el gobernador Cornejo decidió avanzar con obras urgentes» en rutas que están «postergadas por décadas, con puentes caídos y calzadas deterioradas».

Crescitelli justificó la decisión señalando que se trata de «una medida que va más allá de los colores políticos, que apunta a reducir accidentes y mejorar la calidad de vida». Y aclaró que «no habrá peaje hasta que las obras estén terminadas», aunque sí admitió que la provincia evaluará tarifas diferenciadas para trabajadores, estudiantes o usuarios frecuentes.

Pero desde la oposición, la visión es muy diferente. El diputado José Luis Ramón, en la misma emisora, alertó que esto representa «un acto de sumisión», ya que «hacer que Mendoza se haga cargo de rutas nacionales es violar normas federales». Además, cuestionó el uso de recursos del fideicomiso de Portezuelo del Viento (unos 200 millones de dólares) para cubrir obras que debería financiar el Estado nacional.

Ramón explicó que el mantenimiento de las rutas nacionales ya está financiado por un impuesto que se cobra en cada litro de combustible, que representa casi el 29% del precio final. «Ese dinero debería ser utilizado por el Estado nacional para mantener las rutas en todo el país, pero ahora se pretende que la provincia de Mendoza asuma esa responsabilidad con fondos propios», advirtió. «Es una doble carga para los mendocinos: primero pagamos el impuesto al combustible y después nos quieren cobrar un peaje por las mismas rutas. Esto no sólo es injusto, sino que además incumple las leyes nacionales que establecen que el mantenimiento de las rutas es una obligación del Estado nacional».

¿Quién va a pagar el viaje a Mendoza?

La mirada desde nuestro departamento pone el foco en lo cotidiano. Cientos de lavallinos y lavallinas se trasladan a diario desde Lavalle a la capital y alrededores para estudiar, trabajar o hacer trámites. El transporte público es limitado o lento, y muchas personas viajan en vehículos particulares o compartidos. Un sistema de peaje (aunque sea «con tarifa diferencial») implicaría un nuevo gasto para quienes ya viven ajustados.

¿Es justo pagar por algo que ya se financia con los impuestos? ¿Tiene Mendoza que hacerse cargo de lo que corresponde a Nación? ¿Y si el peaje llega antes que las mejoras?

Preguntas abiertas, con una certeza: la Ruta 40 entre Mendoza y Lavalle sigue esperando. Y ahora, más que nunca, son los lavallinos y lavallinas quienes tienen derecho a opinar sobre su futuro.