Entre octubre y diciembre de 2024, las organizaciones Líbera, de abogadas feministas, y la fundación FUSA realizaron un monitoreo social en Lavalle para evaluar el acceso y la calidad de los servicios públicos de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El estudio, que forma parte de la Red Federal de Monitoreantes, incluyó 32 encuestas a usuarias, seis entrevistas a profesionales de la salud y cinco observaciones en centros sanitarios. Los resultados muestran avances significativos, pero también evidencian deficiencias estructurales que condicionan el pleno acceso a estos derechos.

Más de la mitad de las mujeres encuestadas valoraron positivamente la atención recibida, destacando el buen trato del personal y la claridad de las explicaciones. Sin embargo, un cuarto de las usuarias manifestó que debe recurrir al sistema privado por falta de respuesta en el ámbito público. Muchas reportaron dificultades para acceder a métodos anticonceptivos y a consultas vinculadas a la IVE. A pesar de la vigencia de la Ley 27.610, más del 50% de las encuestadas no sabe hasta qué semana es legal abortar, y el 54% nunca recibió información sobre IVE en los servicios de salud.

Durante la presentación del informe en el CIC de Tulumaya, participaron profesionales del sistema de salud y funcionarias provinciales y departamentales. Entre ellas, Carina Lacroux, coordinadora del Área Departamental de Salud, valoró la iniciativa y asumió compromisos concretos: «la verdad que es muy interesante el monitoreo. Ahí hemos tomado el compromiso de trabajar un poco más en la información, en lo que han detectado en el relevamiento, la falta de información en los centros de salud, falta de información en general, folletería, información visual», reconoció. Y agregó: «la verdad es que no se están enviando desde el ministerio esos insumos (folletería); nosotros los estamos haciendo, pero vamos a trabajar en eso y en la difusión».

Desde Líbera, su presidenta Leticia Morcos destacó que la falta de información es uno de los principales obstáculos: «la gente no sabe que tiene derecho a acceder a estos servicios. No basta con que la prestación exista si no se conoce, si no se comunica».

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El monitoreo reveló además que solo el Hospital Sicoli, en Tulumaya, y el centro de salud de Costa de Araujo prescriben y entregan la medicación correspondiente a la IVE. El resto de los centros apenas brinda consejería y deriva. Esta concentración de servicios fue subrayada por Morcos: «si ya hay problemas de transporte y conectividad dentro de Tulumaya, imaginemos lo que ocurre en los distritos más alejados del secano. Ir y volver para un trámite, una ecografía, una receta, puede llevar todo el día y muchas veces eso es una barrera insalvable».

Consultada sobre cómo afrontar estos desafíos en un departamento tan extenso como Lavalle, Lacroux sostuvo: «esto amerita una charla con el equipo, con el equipo de todos los centros de salud, para ver cómo encarar la difusión y fortalecer el acceso». También se refirió a las resistencias dentro del sistema: «la verdad que son pocos los objetores (de conciencia, quienes se niegan a practicar abortos) y vamos a encarar estas charlas ahora con parte del equipo. Podemos ver que hay un solo centro de salud donde no identificamos quién sería prescriptor, pero esta semana tengo que charlar con ese equipo y ver quién puede ofrecer la información en caso de que una usuaria vaya a buscar la prestación».