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18 de julio de 2025

Plaga bajo dudas: cuestionan la estrategia oficial contra la Lobesia botrana en Mendoza

  •   Por El Despertador
           

La lucha contra la Lobesia botrana, una de las plagas más destructivas para la vid, vuelve a estar en el centro de la polémica en Mendoza. La reciente aparición pública del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, reavivó los cuestionamientos sobre la transparencia, la eficacia y el rumbo que está tomando la política provincial para enfrentar una amenaza que pone en jaque a una de las principales economías regionales.

De acuerdo con datos del Iscamen, Mendoza concentra el 75% de la superficie nacional cultivada con vid, con unas 160 mil hectáreas. Solo en 2024, las exportaciones de vino embotellado representaron 713 millones de dólares, dentro del total de 1.600 millones generados por los productos vitivinícolas provinciales. En este contexto, el avance de la Lobesia, capaz de provocar pérdidas de hasta el 50%, representa un riesgo económico enorme.

Desde la sanción de la Ley Nacional 27.227 en 2015, el combate a la Lobesia fue declarado de interés nacional y se financió con recursos del Estado. Sin embargo, esa asistencia se interrumpió en 2024, dejando a las provincias a la deriva. En Mendoza, eso se tradujo en estrategias apresuradas, falta de planificación y contrataciones bajo sospecha.

Uno de los ejes de crítica gira en torno a Aerotec, una empresa que anunció la instalación de una planta para diluir un producto químico importado. Aunque el Gobierno celebró esta inversión, el valor agregado real es mínimo: la promesa es de apenas 20 empleos y sin innovación tecnológica. Aerotec ya había sido contratada anteriormente en campañas contra la mosca del Mediterráneo y formó parte del sistema antigranizo, que fue desactivado en 2024 por su alto costo y escasa efectividad, aunque siguió recibiendo fondos municipales en el sur provincial.

En este contexto, un informe del Foro Nuevo Cuyo -difundido originalmente por Sitio Andino en una columna del periodista Marcelo López Álvarez- alerta sobre la falta de control, la escasa transparencia y los riesgos legales de la estrategia actual. Entre otros puntos, advierte que el propio ministro Vargas Arizu dio por sentado qué empresa será contratada para la campaña 2025/26, antes de iniciar el proceso licitatorio, lo que podría violar los principios de legalidad y competencia, y hasta judicializar el proceso.

También se cuestionan las compras de campañas anteriores: productos inadecuados, almacenamiento deficiente, pérdidas económicas y ausencia de auditorías. No se conocen sanciones ni informes técnicos que aclaren lo ocurrido. La falta de trazabilidad y de evaluación pública debilita la legitimidad de las decisiones actuales.

Otro de los puntos críticos es el retroceso de la biotecnología local. Mientras otras regiones del mundo invierten en soluciones adaptadas a sus ecosistemas, Mendoza ha cerrado filas en torno a tecnologías importadas. Startups como Epiliquid, Bioeutectics y Zavia Bio, con desarrollos propios en biotecnología agrícola, deben hoy buscar apoyo fuera de la provincia -e incluso del país- para seguir avanzando.

En vez de potenciar su propio conocimiento, el Estado provincial apuesta a soluciones externas de bajo impacto y poca capacidad de generar empleo e innovación. Una oportunidad en riesgo, en un contexto donde el agro requiere precisión, sustentabilidad y soberanía tecnológica.

 


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