En la provincia, cada vez son más las personas que buscan acompañamiento psicológico, pero no siempre encuentran una respuesta del sistema público de salud.

“Somos casi seis mil profesionales matriculados en la provincia. No es que falten psicólogos, sino que faltan políticas públicas que garanticen el acceso”, señala. Gabriela Dik, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Mendoza Desde hace un año y medio, está al frente del colegio profesional que agrupa a psicólogas y psicólogos, con la tarea de no sólo representar a sus colegas, sino también de acercar el derecho a la salud mental a toda la comunidad.

El problema, no está en la cantidad de profesionales disponibles, sino en dónde están y bajo qué condiciones trabajan. Si bien las leyes de obras sociales obligan a garantizar el acceso a la atención psicológica a quienes tienen cobertura, la situación se complica para quienes no cuentan con una prepaga o mutual. “En esos casos, debería ser el Estado el que garantice ese derecho a través de los centros de salud. Pero lamentablemente, la realidad es muy distintaa eso”, advierte.

Los centros de salud más chicos, no suelen contar con profesionales en salud mental. Incluso en los centros cabecera de los departamentos, donde debería haber equipos interdisciplinarios, muchas veces hay pocos o ninguna psicóloga atendiendo. “Acceder a un turno en el sistema público es casi una misión imposible”, resume Gabriela. Y agrega: “no hace falta estar enfermo para ir a un psicólogo. El acompañamiento también tiene que ver con pensar y resolver problemas cotidianos, no necesariamente con trastornos graves”.

Los efectos de la pandemia todavía laten fuerte en las consultas que llegan a los consultorios. Gabriela destaca dos franjas etarias especialmente afectadas: las infancias y las personas mayores. “Vemos niñas, niños y adolescentes con trastornos de ansiedad, autolesiones, intentos de suicidio. También muchos adultos mayores con síntomas que no se veían hace diez años”, afirma. Y aunque esos signos no pueden atribuirse exclusivamente al confinamiento, sí marcan un antes y un después en la demanda.

El panorama se agrava con el contexto socioeconómico. La precarización laboral, el desempleo, el aumento del hambre y la pobreza generan condiciones que profundizan el malestar emocional y psicológico de miles de personas. “Con hambre no se puede pensar, no se puede estudiar, no se puede trabajar”, sintetiza.

A la vez que crece la demanda en el sistema público, muchos profesionales migran al sector privado o abandonan la práctica, porque los salarios que paga el Estado están por debajo de la línea de pobreza. “Hay buenas voluntades, pero no alcanza con eso. Las condiciones laborales son cada vez más insostenibles”, denuncia.

Uno de los temas que más preocupa a las y los colegas en toda la provincia, tanto en lo público como en lo privado, es el aumento de los consumos problemáticos, especialmente en jóvenes. “Se está viendo un uso cada vez más extendido de cocaína fumada, una sustancia muy rebajada, barata, de efectos dañinos muy intensos. Y eso está directamente asociado al aumento de la pobreza”.

Aun así, Gabriela se muestra esperanzada. “Cada vez más gente se anima a pedir ayuda, a consultar. Y eso habla de un cambio cultural importante. Se está rompiendo la idea de que a la psicóloga se va solo cuando una está muy mal”, señala. Para ella, parte del trabajo cotidiano es seguir promoviendo ese cambio.

Como mensaje final, Gabriela invita a animarse a hablar, incluso cuando no se puede acceder fácilmente a un espacio terapéutico. “El silencio no es salud. Hablar con otros, conversar, armar comunidad también es parte de cuidar nuestra salud mental”, concluye.