El tema de la semana en Lavalle fue el vuelco de las aguas cloacales y su consecuente crisis sanitaria y productiva. Y no es para menos: nadie quiere verduras contaminadas, agua insegura ni cloacas desbordadas por canales y acequias. Esa indignación inmediata resuena con fuerza, porque toca lo visible, lo repulsivo, lo que cualquiera puede reconocer a simple vista.
Pero mientras los ojos públicos se concentran, en esa emergencia, de una necesidad indiscutible, otro riesgo latente y cotidiano, del que poco se habla sigue circulando en silencio, mucho más amplio y menos debatido: el uso y abuso de agroquímicos.
Argentina ocupa un lugar inquietante en el mapa mundial de consumo de plaguicidas: se aplican más de 10 litros por habitante al año. Entre 1991 y 2012, el uso pasó de 39 millones a 335 millones de litros anuales, un aumento de más del 800%. Esa exposición masiva no es inocua: hay regulaciones dispersas y débiles, sin una ley nacional que unifique criterios mínimos de seguridad.
El impacto llega directo a la mesa: el informe «El Plato Fumigado» de 2024 detectó más de 80 agroquímicos en más de 50 alimentos habituales. El 75% son alteradores hormonales y casi la mitad están vinculados al cáncer. No se trata de campos lejanos, sino de lo que podría estar ya en la heladera de cualquier familia.
Los estudios en aguas y suelos también alarman: en la cuenca del río Salado (Buenos Aires) se encontraron 30 agroquímicos diferentes, entre ellos glifosato, clorpirifós y atrazina, a niveles que superan normas internacionales. En la cuenca del río Gualeguay (Entre Ríos), el glifosato aparece en el 82 % de las muestras de agua superficial y en el 97% de los sedimentos. Y en la ciudad bonaerense de French, el 13% de la población dio positivo en glifosato en orina.
Así como nadie quiere «caca en la verdura», también deberíamos preguntarnos si queremos pesticidas, residuos de plaguicidas y químicos invisibles en lo que comemos y bebemos.
El espejo cercano
Lo cierto es que este no es un problema lejano. En Mendoza, la situación está bien documentada. Una investigación de la UNCuyo mostró que el 96,6% de quienes producen hortalizas en el Gran Mendoza usa agroquímicos peligrosos, y el 64% reconoció haberse intoxicado durante la fumigación. Muchas de las familias productora encuestadas pertenecen a la zona sur de Lavalle. Aunque el 83% sabe que esos productos dañan la salud, solo el 33,9% usa protección adecuada. El resto se expone a diario, muchas veces sin guantes ni máscaras.
El problema no termina en el campo: el 84% de los productores no trata los envases de manera ecológica, sino que los acumula, quema o tira de forma incorrecta. El veneno, así, no solo se aplica: se dispersa.
En otro estudio, se analizaron las bases de datos sanitarias sobre intoxicaciones por plaguicidas en Mendoza entre 1993 y 2018. Se encontró un subregistro alarmante: por fallas en la carga y clasificación, no es posible dimensionar cuántos casos hay realmente ni dónde se concentran. En otras palabras: el problema es mayor de lo que vemos, pero las estadísticas oficiales lo invisibilizan.
¿Hay controles?
El Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) realiza monitoreos periódicos en ferias, mercados y supermercados. Entre enero de 2019 y marzo de 2022, de 931 muestras de frutas y verduras, el 95% no tenía residuos, el 2% estaba dentro de los límites permitidos y el 3% presentó desvíos de uso, principalmente con clorpirifos. En un período anterior (2007-2017), de 2.762 muestras, un 4,1% estaba por encima de lo permitido o aplicado en cultivos no autorizados. Esos lotes fueron decomisados.
Si bien estos datos muestran cierta capacidad de control, también revelan el límite: hablamos de un puñado de muestras frente a un océano de producción, la más informal de la provincia, que no siempre pasa por estos tamices. Y mientras tanto, los agricultores se siguen intoxicando y los consumidores ingieren trazas que, aunque estén «dentro de lo permitido», se acumulan en el organismo.
Mientras tanto, la propuesta de profesionales y autoridades de que los productores deban presentar una receta agronómica obligatoria (como cuando se compran la mayoría de los remedios en una farmacia) para comprar agroquímicos, al menos en los más peligrosos, duerme en algunos cajones legislativos. Una medida simple que podría cortar la libre circulación de estos venenos.
El veneno invisible
Los efectos en la salud están bien estudiados: cáncer, problemas neurológicos y reproductivos, malformaciones congénitas y daños genéticos, especialmente en niños y trabajadores rurales. Y el daño no termina en las personas: los contaminantes se acumulan en suelos, aguas y aire, viajando mucho más lejos de donde se aplican.
Hay alternativas: la agroecología, las buenas prácticas, los sistemas de control público y transparente, y la participación social en las decisiones. Pero mientras tanto, el problema sigue creciendo porque es menos escandaloso que un vuelco de cloacas.
Estamos muy atentos a que no haya «caca visible» en nuestras verduras. Pero ignoramos esa otra «caca invisible»: residuos de agroquímicos, intoxicaciones silenciosas y efectos crónicos que no huelen, no se ven, no hacen ruido. La pregunta es si queremos seguir siendo ciegos a lo que ya está en nuestra mesa.

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