El pasado lunes se oficializó el decreto presidencial que vetaba la ley que aceleraba las soluciones urgentes en este tema. Crisis en los prestadores y fuertes reclamos sociales.

El sábado 2 de agosto el presidente Javier Milei declaraba que vetaría la ley aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional en julio debido a ser “incompatible” con el tan mentado equilibrio fiscal que el gobierno libertario repite como mantra desde diciembre de 2023.

En las puertas del recinto legislativo en Ciudad de Buenos Aires manifestantes tuvieron encontronazos con gendarmería y otras fuerzas policiales ya que se activó el protocolo anti piquetes contra las personas con discapacidad y sus familiares.

Los reclamos no son menores, es que la legislación que el supuesto representante de las fuerzas del cielo vetó buscaba una solución para la apremiante situación que viven los prestadores y las personas capacidades reducidas. A saber:
– Demoras en pagos a prestadores.
– Recortes en prestaciones.
– Falta de cobertura en transporte y educación.
– Situación crítica de alrededor de un millón de personas con discapacidad que dependen del Estado y obras sociales para recibir atención.

La ley en concreto establecía, entre otras cosas: la regularización de pagos por parte del Estado nacional a prestadores como centros de días, profesionales, transportistas, etc.; actualización mensual de haberes conforme a inflación; creación de una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, ajustable con la movilidad; compatibilidad con empleo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos; entre otros.

Esto último es porque en la actualidad no existen reglas claras sobre cuánto es el tope de ingresos permitidos para una persona que cobra la pensión no contributiva por discapacidad. Por lo que en la práctica, muchas beneficiarios de este tipo de ingreso deben trabajar desde la informalidad para no perder la PNC (la cual es de $290.013,75 por mes incluyendo el bono extraordinario de $70.000).

En primera persona

César Bermejo (61) reside en Villa Tulumaya y está jubilado por incapacidad desde hace once años a partir de un accidente vial que afectó su movilidad.

Trabaja en un taller protegido en Maipú. Estos son espacios de trabajo especialmente diseñados para brindar oportunidades laborales y de inclusión social a personas con discapacidad, o en situación de vulnerabilidad, que por diferentes razones no pueden acceder al mercado laboral convencional.

Sin embargo, explica que la situación en ese taller (que es el más grande de su tipo en el país) “es paupérrima, ningún gobierno desde hace once años que estoy nos ha mejorado la situación. El transporte para los chicos es caótico, los transportistas están muy necesitados porque no alcanzan a cubrir costos…es malísima la situación, nunca hemos estado así…la mayoría de mis compañeros son pensionados y su situación es muy mala. La ley 26.816 en uno de sus párrafos establece que debemos cobrar con aportes de la Nación el 40% del SMVM, actualmente estamos cobrando $28.000 y con tres meses de atraso, llegamos a estar cuatro meses atrasados” (siendo que deberían percibir $128.800).

Con respecto a cómo viven las personas con discapacidad en Lavalle, Bermejo se quejó en contra de la empresa de colectivos PRESTACIONES S.A. porque su tarjeta SUBE tiene un abono total que se renueva anualmente, pero el transportista les exige a quienes tienen discapacidad que revaliden su abono mensualmente.

Elogió el trabajo que se desarrolla en el centro de día Vitium, pero advierte que el personal ha tenido un recorte de horas por la emergencia en discapacidad.

No obstante, reclamó: “yo siempre hablé con muchísimas personas vinculadas a la Municipalidad para abrir un taller protegido en Lavalle, porque hay muchas personas con discapacidad en el Departamento, para que puedan incluirse laboralmente. Nadie recibió mi inquietud, yo me siento muy desplazado, yo tengo la suerte de poder trabajar, pero hay muchos que no. Es muy feo, te sentís muy mal”.
“El veto de la ley (de emergencia en discapacidad) es inhumano, nos sentimos muy desplazados. Mi sueño hubiera sido abrir un taller inclusivo en Lavalle, pero nadie me dio atención desde hace once años”.

El entrevistado expresó también su opinión con respecto a los prestadores de servicios para personas con discapacidad en la zona. Comentó que hay “muchos transportistas que trabajan bien”, pero que “hay prestaciones que deberían durar una hora y duran media, y te hacen esperar muchísimo. Es muy mala la atención, sobre todo con PAMI y OSEP”.

Es que, a la dramática situación que viven las personas con discapacidad en todo el país, la situación se agrava en las localidades más alejadas de los centros urbanos donde se suman otros problemas estructurales como la escasez de profesionales de la salud y las limitaciones del transporte público, como lo expresó Pablo Molero, del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Bs.As.).

En diálogo con El Despertador, el coordinador del foro expresó: “Patricia Bullrich dice que la mitad de las personas con CUD no tienen una discapacidad realmente, claramente no es así, pero hagamos de cuenta que es como ellos dicen. Entonces, ¿qué hace el gobierno con la gente que sí la tiene?…Han interrumpido pensiones no contributivas porque a la gente nunca les llegó la citación o porque las citaron muy lejos de su domicilio y les fue imposible llegar…”

Según el gobierno de Alfredo Cornejo cerca del 4,4% de los mendocinos tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si trasladamos ese porcentaje a Lavalle (lo cual no es algo preciso, ya que podría haber variaciones), en el Departamento habría unas 2.120 personas en esta condición.

Elisa Espina, una de las fundadoras de la Fundación Marea Azul, dedicada al trabajo con familias de niños con autismo; también mamá de Amparo (niña diagnosticada con TEA) y profesora de Educación Especial.

Con respecto al reciente veto presidencial explicó: “(el veto) la verdad es que genera mucha angustia, porque además de ser mamá de Amparo yo también trabajo con discapacidad y desde noviembre que no ha habido un aumento. Saber que se retrocede en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad genera angustia, porque al no haber aumentos ya hay muchas prestadoras que estás suspendiendo la atención y los que más se perjudican son nuestros hijos que dejan de recibir los tratamientos que necesitan”.

Elisa explica que su mayor temor es que los prestadores que atienden a su niña dejen de recibir la obra social y deba abonarlo de manera particular. “Necesitaría mínimo $1.700.000 para cubrir los gastos que ella requiere y no podría pagarlos”.

En un informe de Chequeado.com a principios de 2023 Mendoza estaba entre las tres provincias con peores salarios docentes, sólo mejor que Catamarca y Santiago del Estero. Por lo que evidentemente el temor de esta madre es comprensible.