Las comunidades huarpes de Lavalle dieron este martes un paso que consideran «histórico» en la lucha por el reconocimiento y la titularización de sus territorios. Tras años de movilizaciones, reclamos y hasta intentos de derogación de la ley que protege sus tierras, representantes de distintas comunidades fueron recibidos en Casa de Gobierno por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, a quien habían interpelado en la Legislatura hace algunos meses, cuando el ejecutivo giró a la casa de las leyes un proyecto para derogar la Ley 6920 que reconoce la posesión, en tierras lavallinas, del pueblo originario.

En la reunión del pasado viernes se firmó un documento que será presentado en el juicio de expropiación y que podría destrabar un proceso paralizado desde hace más de 15 años. El acuerdo se elaboró de manera conjunta entre las comunidades, el abogado Fidel Bustelo, quien es representante legal de las mismas y funcionarios provinciales.

Según se informó oficialmente, el escrito busca cumplir con el artículo 4 de la Ley 6920, que establece que las tierras a expropiar deben pasar a nombre de la provincia para luego ser entregadas a las comunidades huarpes de Lavalle. El municipio, a través de su intendente Edgardo González, participó de la reunión, y facilitó gestiones para su realización.
Una historia marcada por la resistencia
El camino hasta este momento no fue sencillo. La Ley 6920, sancionada en 2001, declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación más de 700 mil hectáreas del secano lavallino para ser adjudicadas a comunidades huarpes. Sin embargo, su implementación estuvo llena de trabas administrativas, falta de voluntad política y presiones de quienes ostentan «papeles» de esas tierras.
En el último año la situación se tensó aún más: desde el Ejecutivo provincial se impulsó la derogación de la norma, lo que encendió las alarmas en las comunidades. La iniciativa despertó un fuerte rechazo de las comunidades y también de distintos sectores políticos, sociales y académicos que salieron en defensa de la ley. Hubo movilizaciones frente a la Legislatura y pronunciamientos públicos que denunciaban el intento de retroceso en materia de derechos indígenas.
Finalmente, ante el peso de las protestas, el gobierno dio marcha atrás con la derogación y decidió avanzar en un camino de diálogo. En ese marco se inscribe la firma del escrito realizada esta semana en Casa de Gobierno.
«Un hecho histórico»
El presidente de la comunidad huarpe «José Andrés Díaz» de San Miguel de los Sauces, Ramón Tello, en diálogo con El Despertador, valoró el encuentro y la firma como un momento bisagra en la larga lucha por el territorio: «lo de hoy es un hecho prácticamente histórico, las comunidades, durante mucho tiempo, recurrimos a Casa de Gobierno manifestándonos, reclamando, y hoy fuimos recibidos por el ministro Mema, quien firmó un documento trabajado y elaborado desde las comunidades y el doctor Bustelo junto al Estado, eso es lo que se ha presentado en el juicio de expropiación», explicó.
Para Tello, lo central es que se cumpla la ley vigente: «concretamente, lo que se busca es que se cumpla con el artículo 4 de la ley, que establece que las tierras a expropiar pasen a nombre de la provincia para su posterior entrega a las comunidades huarpes de Lavalle. Es algo conmovedor. Ojalá que la justicia de Mendoza cumpla con esta ley, porque una ley se hace para cumplirse, y la justicia debe dar el ejemplo en esto», señaló.
El dirigente destacó también el acompañamiento del intendente de Lavalle y la articulación entre distintos organismos del Estado y las comunidades para llegar a esta instancia.
Un paso después de años de parálisis
Por su parte, Nancy González, presidenta de la comunidad huarpe «Juan Manuel Villegas» de San José, recordó que la Ley 6920 estuvo paralizada durante más de una década y media, sin avances concretos: «ayer fuimos los presidentes de las comunidades huarpes convocados por el abogado Fidel Bustelo a Casa de Gobierno, donde nos esperó el ministro para hacer la firma de un escrito que será presentado al juicio de expropiación. La verdad que fue un paso importante que se ha dado después de muchos años: hacía 15 años que la ley estaba frenada», sostuvo.
La dirigente transmitió el entusiasmo de las comunidades frente a la posibilidad de que finalmente se avance hacia la entrega de los títulos: «estamos muy positivos en que esto nos lleve a la adjudicación y que el traspaso de las tierras a nombre las comunidades sea en un lapso corto, que es lo que más anhelamos. Vamos a seguir trabajando y defendiendo nuestra ley, que es la herramienta legal que nos reconoce como pueblos originarios y que hace unos meses estuvo en peligro», afirmó.
Respaldo oficial
En un comunicado, el gobierno provincial destacó el acuerdo como un avance en el proceso de titularización de tierras ancestrales. El ministro Mema sostuvo que «este es un paso fundamental en el cumplimiento de la Ley 6920» y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre Estado y comunidades. Según lo expresado desde el gobierno, el documento presentado busca dotar de mayor fuerza legal a las comunidades en el marco del juicio de expropiación.
La presencia de funcionarios y del intendente de Lavalle en la reunión fue interpretada por las comunidades como una señal política clara de acompañamiento a la causa. Edgardo González, a través de sus redes sociales manifestó: «agradecemos profundamente al ministro de Gobierno, Natalio Mema, y al abogado de las comunidades, Fidel Bustelo, por su compromiso y trabajo incansable en esta causa que representa justicia, identidad y futuro para nuestro pueblo».
Lo que viene
Aunque la firma del escrito no resuelve de manera inmediata la adjudicación de las tierras, sí representa un paso concreto en un proceso que llevaba más de 15 años de estancamiento. Ahora será la Justicia la que deba pronunciarse sobre el juicio de expropiación, en el marco del cual se espera que las tierras pasen formalmente a nombre de la provincia para su posterior transferencia a las comunidades huarpes.
Mientras tanto, las comunidades sostienen que seguirán movilizadas y atentas al cumplimiento de los compromisos asumidos. Para ellas, la defensa de la Ley 6920 es también la defensa de su identidad y de su derecho a habitar los territorios que ancestralmente les pertenecen.
«Es nuestra arma y nuestra herramienta legal, la que nos defiende y nos reconoce como pueblos originarios», resumió Ramón Tello. La historia de lucha de las comunidades huarpes suma así un nuevo capítulo. Esta vez, con un gesto oficial que, de concretarse en hechos, podría marcar el inicio de una etapa distinta: la de la efectiva restitución de sus tierras.

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