Mendoza está a punto de dar un salto histórico: tras más de tres décadas con una normativa desfasada, la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) ya obtuvo media sanción en el Senado. El objetivo: erradicar basurales, promover la economía circular y formalizar a quienes desde hace años hacen posible el reciclado con escasos recursos.

La ley trae consigo un paquete de medidas ambiciosas: cierre progresivo de basurales a cielo abierto (como el de Puente de Hierro en Guaymallén, que tantos problemas ambientales le trajo a Lavalle), regionalización de la gestión en cuatro zonas, trazabilidad digital de los residuos, inclusión de recuperadores y cooperativas en el sistema formal, promoción de la economía circular e incentivos a la innovación. También se plantea apoyo técnico y financiero a los municipios, así como encuentros con cooperativas para conocer sus necesidades y mejorar sus condiciones laborales.

Sobre el papel, el horizonte es prometedor. Sin embargo, en el debate aparecen voces que reconocen avances pero también advierten sobre riesgos, ambigüedades y desafíos concretos, sobre todo para los municipios más alejados del Gran Mendoza.

Una mirada desde la universidad y el territorio

La doctora Belén Levatino, investigadora de la UNCuyo, considera que esta nueva ley marca un hito: «por primera vez se reconoce el rol de las cooperativas y los recuperadores urbanos, se establece trazabilidad y los municipios tendrán que elaborar planes de gestión ambiental. Son herramientas que no existían en la ley de 1992». Sin embargo, su entusiasmo se modera al pensar en la implementación: la creación de centros de reciclaje tecnificados requiere grandes inversiones, y el riesgo es que muchas cooperativas no puedan dar ese salto: «si eso ocurre, el negocio de la basura quedará en manos privadas», advierte.

Desde otro ángulo, Emanuel Tobal, de la cooperativa Entre Todos de Palmira, San Martín, coincide en la importancia del marco legal, pero resalta que algunos conceptos «resultan ambiguos» y que es necesario aclararlos antes de que la ley avance. Su preocupación se centra en que, sin políticas públicas claras ni apoyo estatal y privado, la normativa puede quedar reducida a «simples palabras o normas bonitas que se pierden con el tiempo». Además, señala la baja rentabilidad actual de materiales como el cartón o el PET, lo que hace imprescindible que existan mecanismos de apoyo financiero que garanticen la continuidad de la actividad con un fin social.

El peso de la experiencia local: la voz de Lavalle

En ese escenario, la mirada de Nancy Griffone, directora de Ambiente de Lavalle, resulta clave para entender cómo la ley puede impactar en los territorios más alejados de la Capital. Lavalle es un departamento extenso, con baja generación de residuos pero altos costos operativos para cubrir un territorio disperso. Para Griffone, la inclusión de la economía circular y el reciclado en la ley es un avance significativo, pero advierte que el texto fue poco participativo: «hubo solo dos reuniones, y una fue únicamente la lectura del proyecto. No hubo espacio real de debate ni de construcción colectiva» se queja.

Su principal inquietud está en el financiamiento. «sin recursos claros, la ley corre riesgo de volverse letra muerta en departamentos como el nuestro», sostiene. Griffone subraya que el desafío no es solo técnico o ambiental, sino social: detrás de cada estrategia de gestión de residuos están las familias de recuperadores que trabajan en condiciones precarias y que necesitan que la ley garantice su inclusión real.

Luces y sombras de un mismo proceso

Así, las tres voces coinciden en reconocer que la Ley GIRSU representa un avance histórico, pero plantean interrogantes que no son menores: ¿quién financiará los grandes cambios que demanda?, ¿cómo se garantizará que las cooperativas no queden relegadas frente a actores privados más fuertes?, ¿qué lugar tendrán los municipios alejados del Gran Mendoza en la distribución de recursos y en la definición de políticas?.

La respuesta a estas preguntas será decisiva para saber si la ley se convierte en una herramienta transformadora o en una promesa incumplida. Porque, como señala Griffone, «no alcanza con tener buenas intenciones: necesitamos certezas, recursos y participación real para que la gestión de residuos deje de ser un problema y se transforme en una oportunidad para nuestras comunidades».