Con una myoría contundente, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad. De esta manera, la norma quedó firme tras la insistencia de ambas cámaras legislativas, en un hecho histórico: es la primera vez en 22 años que el Congreso deja sin efecto un veto presidencial.

La votación en la Cámara alta arrojó 63 votos afirmativos y solo 7 negativos, consolidando la sanción de la ley que busca garantizar recursos y prestaciones para personas con discapacidad en el actual contexto de crisis.

La fuerza de las familias en las calles

El resultado en el Congreso no puede entenderse sin el rol de la movilización social. Durante meses, miles de familias en todo el país se organizaron para frenar el veto, con concentraciones, vigilias y marchas en plazas de distintos departamentos y provincias. La presión de organizaciones, profesionales e instituciones vinculadas a la discapacidad fue decisiva para que el reclamo llegara con fuerza al Congreso y lograra finalmente la sanción definitiva.

Cruce político en el recinto

La sesión estuvo marcada por fuertes declaraciones. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó duramente al gobierno y pidió la destitución del presidente. “Hay que destituir a este presidente mafioso”, lanzó, y acusó al oficialismo de proteger negocios financieros. También apuntó contra Karina Milei: “Que deje de robar un poquito Karina y ya está, que bajen los aranceles los que se están enriqueciendo en el esquema financiero”.

La senadora fueguina Cristina Cándida López sumó un momento llamativo al recordar cánticos populares contra la hermana del presidente: “¿Saben qué canta la gente en la calle? ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’”, entonó.

Por su parte, el santacruceño José María Carambia advirtió que, en caso de incumplimiento de la ley, impulsará un juicio político: “Si usted no cumple con la ley, seré el primero en presentar un juicio político”, aseguró.

Voces a favor del veto

La defensa más firme al veto vino desde el oficialismo y sectores aliados. La senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO – Bullrich) sostuvo que ya existe un marco legal para la discapacidad y que no era necesaria una nueva emergencia. “Necesitamos gestión, no más leyes”, afirmó. No obstante, reclamó al ministro de Salud, Mario Lugones, que actualice de inmediato los aranceles para garantizar la continuidad de las prestaciones.