A fines de agosto, el Ministerio Público Fiscal cerró la oficina fiscal de Lavalle. Desde entonces, quienes necesiten hacer una denuncia o declarar en una causa deben recurrir a una cabina digital (también llamadas tótems) ubicadas en la Comisaría 17° de Villa Tulumaya, o las más recientes ubicadas en las delegaciones municipales de Jocolí, Costa de Araujo o Gustavo André.
El anuncio oficial habló de «modernización» y «accesibilidad», pero desde varios sectores advirtieron el retroceso que significa: un departamento extenso, con poblaciones rurales y poca conectividad, se quedó sin presencia judicial cercana. A nuestra redacción llegaron denuncias de varios vecinos de Jocolí, Costa de Araujo y Villa Tulumaya sobre el mal funcionamiento de este nuevo sistema que venía a mejorar el acceso a la justicia en Lavalle. En esta nota te contamos uno de los casos que raya con lo escandaloso.
La experiencia de Claudia Tristán, orientadora social de la escuela secundaria «César Milstein» de El Vergel, expone con claridad los problemas del nuevo sistema y la ausencia del trato personal cara a cara. Convocada a declarar en una causa vinculada a su trabajo en la escuela, su paso por el tótem de Villa Tulumaya, donde funcionaba la extinta oficina fiscal, dejó un relato de espera interminable, condiciones indignas y maltrato institucional.
«Me citaron a las diez y media de la mañana. Llegué puntual, pero había una chica que recién ingresaba, que estuvo casi dos horas porque el sistema se le caía. Éramos varias personas, todas de pie, porque no hay sillas ni un lugar para sentarse, esperando afuera al rayo del sol, hacía calor, no había ni un dispenser con agua. La gente estaba cansada, resignada, y nadie te explicaba nada», contó.
Cuando finalmente la conectaron, la comunicación con la fiscalía fue otro escollo: «primero me atiende un fiscal que me pide el número de expediente, me dice que no tenía ni idea de que me habían citado y que no correspondía a su sector, que me va a derivar con otra persona, ahí esperé que me atendieran unos 45 minutos más», explica Tristán.
Y continúa: «cuando logré que me atiendan, ya no veía la cara de la persona, la pantalla estaba toda negra, sentía la voz de una mujer, que nunca supe quién era, que me decía que no me escuchaba, y yo no la escuchaba a ella, había como un eco».
La orientadora social señaló que desde la pantalla negra le pedían que repitiera lo mismo que ya estaba en las actas que había presentado previamente, y por las cuales la habían citado a ampliar o explicar algún detalle. También mencionó la violación de una ley (la 9.054) que protege a los docentes: «es para protegernos cuando activamos el protocolo de situaciones emergentes, y de todas forma nos hacen declarar igual, cuando ya presentamos las actas y un montón de anexos, justamente para evitar ir, y que nos vea gente de Lavalle, ya que Lavalle es chico y que las familias se enteran y terminás expuesto».
Al terminar la declaración le solicitan que la firme apoyando el dedo, la huella dactilar, en el tótem, luego de leerla en la pantalla, pero el acta nunca apareció: «me la mostraba en un recuadro negro, y yo no iba a firmar algo que no podía leer, y me negué, ‘no se lee nada acá, imposible que yo firme algo que no leo, de ninguna manera’ le dije, y ahí empezó otra vez la película de terror».
La situación se volvió aún más compleja, mientras esperaba que lo de la pantalla se solucionara «pedí ir al baño y me dijeron que no, que el lugar no tiene baños públicos, que me tenía que ir a la Terminal». La docente se comenzó a sentir mal: «yo no había alcanzado a desayunar, así que llevaba horas sin comer, me empecé a sentir descompuesta, pero en ningún momento atinaron a nada». La situación del baño se solucionó luego de una llamada de la fiscal a una de las agentes de la comisaría que le ordenó que acceda a darle el baño a Tristán que llevaba más de 4 horas en el lugar.
La fiscal, con la que finalmente terminó hablando por teléfono por que con la conectividad del tótem no se pudo terminar la comunicación, le informó que personal de la comisaría le iba a imprimir la declaración para que la leyera y la firmara de puño y letra. «Los policías estaban comiendo, cosa que me parece totalmente justa, me acerco, les agradezco el baño y les pido si me podían dar el acta para firmar, me dicen; ‘no, ahora vas a tener que esperar’ y amenacé con retirarme entonces se levantan y me dicen: ‘¿sabes lo que pasa?, nos hacen imprimir a nosotros, como si fuera la computadora de ella (en referencia a la fiscal) con el presupuesto nuestro y ellos no nos dan nunca un peso para la tinta» evidenciando las tensiones entre la Policía y el Ministerio Público.
De hecho vecinos de otros distritos informaron a este medio que algunos jerarcas de la Policía les manifestaron a las autoridades municipales, en una reunión con vecinos, que la presencia de los tótems no iba a mejorar el accionar de la justicia, ni de la fuerza pública.
Finalmente la docente se fue sin poder firmar su declaración: «es como si mi palabra quedara flotando en el aire, sin respaldo, eso genera desconfianza, sentís que tu testimonio puede desaparecer en el sistema», señaló.
Otro de los aspectos que marcó fue la falta de privacidad. «El ingreso al tótem es el mismo que el de la comisaría, donde circulan los detenidos. Vos estás ahí, expuesto, contando cosas delicadas frente a cualquiera que pasa. Eso es revictimizar a la gente. No se puede tratar así a alguien que viene a denunciar».
Claudia Tristán advirtió que no se trata solo de su experiencia personal: «yo estoy acostumbrada a hacer trámites y a lidiar con lo burocrático. Pero si a nosotros, que somos equipos técnicos y tenemos respaldo institucional, nos hacen esto, no me quiero imaginar lo que vive una vecina o un vecino común. Es un atropello a los derechos».
La orientadora social adelantó que, junto a colegas y directivos de la escuela, elevarán notas a la DGE para informar lo sucedido y pedir informes al Ministerio Público Fiscal, para reclamar cambios urgentes. «Esto no es un servicio de justicia. Es maltrato institucional. Lavalle necesita una fiscalía presente, con personas que atiendan y acompañen, no máquinas que generan frustración», sostuvo.
Lo que debía ser una herramienta para facilitar el acceso a la justicia terminó funcionando como una nueva barrera. En Lavalle, la distancia entre la promesa de modernización y la realidad de los denunciantes se mide en horas de espera, voces con eco tras pantallas negras y actas que no se pueden firmar.
Distintos sectores ya preparan reclamos para exigir que se reabra la oficina fiscal y se garantice una atención presencial y digna. Porque lo que debía facilitar denuncias terminó convirtiéndose en una nueva barrera entre la gente y la justicia.

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