En medio del narcoescándalo Espert, el Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de reforma integral del Código Penal, en un acto encabezado por el presidente y la ministra Patricia Bullrich desde el penal de Ezeiza. Analizamos con la abogada Claudia Cesaroni, especialista en temas penales, la propuesta del gobierno y el marco electoral en el cual se da el anuncio.

Bajo el lema “Tolerancia cero”, la iniciativa promete “modernizar” una norma centenaria, endureciendo penas, eliminando beneficios y bajando la edad de imputabilidad a 13 años. Pero, para la especialista en derecho penal y derechos humanos, la propuesta tiene más de estrategia política que de debate jurídico.

La abogada y magíster en Criminología Claudia Cesaroni, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) e integrante de la Red Argentina No Baja, advierte que el proyecto “es pura propaganda”. En diálogo con el COMECUCO, sostiene que el Gobierno “no tiene nada para ofrecer en materia económica o social, y lo que ofrece es mano dura”.

“Vuelven a insistir con la baja de edad a 13 años cuando incluso ya existe un dictamen legislativo que fijaba la edad en 14. Retrotraen su propia posición, porque no les importa la racionalidad: lo que buscan es instalar un discurso”, explicó la abogada.

Cesaroni apunta también contra el tratamiento mediático: “La mayoría de los medios dice ‘el Gobierno propuso un nuevo Código Penal’. No existe un Código Penal del Gobierno, existe un proyecto. Pero eso logra instalar en la gente la idea de que ya está vigente. No lo está, ni va a pasar antes del 26 de octubre”.

Para la abogada, el anuncio funciona más como un gesto electoral que como una política de Estado: “Quisieron usarlo en la provincia de Buenos Aires y no les sirvió. Perdieron por más de 13 puntos. Aun así, insisten, porque necesitan sostener el relato de que la inseguridad se combate con castigo”, señaló.

Una comisión “bullrichista” y un trasfondo peligroso

Cesaroni también cuestionó la composición de la comisión redactora del proyecto, integrada, según explicó, por figuras cercanas al macrismo y al Ministerio de Seguridad. “Está la jueza Capuchetti, que no investigó el atentado a Cristina Fernández, y Fernando Soto, abogado del policía Chocobar y hoy asesor jurídico de Bullrich. La impronta de este proyecto es claramente bullrichista” señaló.

A la par, denunció que mientras se habla de reforma penal, el Ejecutivo avanza por decreto en medidas de control interno que pasan inadvertidas. “Se publicó en el Boletín Oficial la creación de un Centro Nacional Antiterrorista en manos de la SIDE. Alguien me decía que es una triple A legalizada: habilita el seguimiento de personas y la recolección de información interna. Eso me parece incluso más grave que este proyecto, que al menos debe pasar por el Congreso”, alertó.

Un código más duro que el de la dictadura

En su mirada de fondo, Cesaroni plantea que la lógica del endurecimiento penal no es nueva, sino que profundiza un rumbo que ya venía desde hace dos décadas: “Desde el caso Bloomberg en adelante se viene diciendo que hay que aumentar las penas para terminar con el delito. Pero hoy tenemos un sistema más brutal que el vigente en dictadura: penas altísimas, condenas perpetuas sin libertad condicional, un sistema de ejecución penal dinamitado”.

A contramano de ese paradigma, sostiene que la verdadera deuda del Código Penal no está en incorporar nuevos delitos, sino en revisar el exceso punitivo: “Yo bajaría la mayoría de las penas. Nuestro Código hoy es irracional. Las reformas que necesitamos son para garantizar derechos, no para seguir castigando a los mismos sectores”.

El látigo y el silencio

Para Cesaroni, el discurso de “tolerancia cero” busca consolidar la lógica del enemigo interno, mientras la crisis social se profundiza. “Más criminales que este gobierno no hay —dice—. Si sumamos todo lo que han robado los ‘pibes chorros’, no llegan ni al 0,1% del daño económico que gobiernos como este le hacen a la sociedad. Pero claro, a la gente le duele más que le roben el celular que la deuda externa”.

El proyecto, entonces, no sólo endurece penas: reproduce una narrativa que asocia seguridad con castigo y orden con miedo, desplazando el debate sobre las causas estructurales de la violencia. En ese sentido, Cesaroni resume: “Imponen la lógica de que, para terminar con la inseguridad, hay que castigar más. Y los que se oponen son los amigos de los delincuentes. Esa es la trampa”.

Compartimos la entrevista completa: