Ante versiones que apuntan a un Centro de Monitoreo inactivo y cámaras que «no ven», la directora de Modernización del Estado, Marcela Montenegro, detalló el funcionamiento del sistema, la articulación con la Policía y la situación del parque de cámaras del departamento.
En los últimos días circularon versiones y memes que cuestionan el estado del sistema de videovigilancia de Lavalle. Señalaban cámaras que «no captan nada», un Centro de Monitoreo «paralizado» y robos cometidos frente a cámaras y domos sin que quedaran registros. A raíz de esas afirmaciones, el municipio decidió abrir las puertas del Centro y mostrar el trabajo que allí se realiza, además de responder punto por punto.
Durante el recorrido por las instalaciones, Montenegro describió la operatoria diaria y se refirió al funcionamiento, las limitaciones y las responsabilidades compartidas entre la comuna y el Ministerio de Seguridad. «Hoy en el Centro de Monitoreo estamos trabajando con unas 240 cámaras», aseguró la funcionaria, señalando que casi 200 son municipales y más de 40 corresponden a la Provincia. Además sostuvo, y remarcó, que se trata de equipos «de muy buena calidad y nitidez», que pudimos constatar en nuestra visita al lugar. También aclaró el rol municipal: «si bien el municipio no es el encargado de la seguridad, sí lo hemos tomado con seriedad y somos de alguna manera el soporte de lo que tiene también la policía».
Un sistema activo y un protocolo de respuesta inmediato
Montenegro explicó que el volumen de cámaras requiere un esquema de visualización dinámico. «Te imaginarás que tenemos 240 cámaras: no podemos tener 240 televisores trabajando. Se va haciendo una rotación por minutos», precisó. Ese esquema, según explicó, permite detectar movimientos inusuales y, ante cualquier situación sospechosa o delito en curso, se da intervención a la policía: «cuando se visualiza algún hecho, se da intervención al CEO (Centro Estratégico de Operaciones)», indicó.
Debido al convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Seguridad, hay personal policial dentro del propio Centro: «al tener la policía acá, podemos acceder al CEO rápidamente. Se avisa y se hace un seguimiento a través de la policía», afirmó. Ese trabajo articulado incluye, según relató, casos recientes donde la imagen permitió avanzar de inmediato. Sobre uno de esos episodios recordó: «Nos pasó hace un tiempito con un supermercado muy conocido de acá de Villa, se dio aviso del robo y con las cámaras se fue siguiendo a la persona que lo había hecho, y la policía pudo dar con ella».
Aunque muchas de esas intervenciones no se hacen públicas, Montenegro sostuvo que la actividad es constante: «estamos recibiendo entre tres, cuatro, cinco casos por día», aseguró, señalando que intervienen fiscalía e investigaciones y que por respeto a las causas y los secretos vinculados a la investigación no se pueden difundir detalles. Los mecanismos por los cuales las imágenes son solicitadas o utilizadas por la policía o la justicias son diversos. La directora municipal explicó que algunas veces se pueden ver situaciones sospechosas o delitos «infraganti» en el momento y se da intervención a la policía, otras veces, vecinos y vecinas radican las denuncias y es la fiscalía la que solicita revisar las imágenes a través de investigaciones.
Es común que al Centro de Monitoreo se acerquen vecinos y vecinas para pedir filmaciones sobre algún hurto u otro hecho ocurrido en la vía pública. Consultada a ese respecto la funcionaria fue categórica: «no se puede venir a buscar la imagen, no se las podemos dar», y explicó que existe un protocolo legal: «ante un hecho de inseguridad, tienen que comunicarse al 911 y hacer la denuncia en la fiscalía, es la fiscalía la que nos requiere las imágenes». Aunque señaló que apenas se enteran del hecho, ya comienzan a trabajar con las imágenes en busca de detalles y las reservan para cuando les sean solicitadas, «de esa manera vamos ganando tiempo».
¿Cámaras operativas?
Uno de los puntos más sensibles de las críticas es el funcionamiento real del sistema. Montenegro afirmó que, salvo excepciones puntuales, el equipamiento está en servicio. «La mayoría de las cámaras funcionan», dijo, y detalló que «las que no funcionan son porque están rotas» y que actualmente «no llegamos ni siquiera a 5 cámaras rotas».
La apertura del centro a la prensa respondió, precisamente, a ese debate: «el hecho de que hoy hayamos abierto las puertas, que no es muy común, es para que vean que funciona, que funciona bien y que se trabaja ordenado y prolijamente», señaló.
El área trabaja además en una ampliación del sistema. «Tenemos pedidas 100 cámaras más», informó. El desafío no es solo la compra de los equipos, sino las instalaciones asociadas: «No es tan costosa la cámara en sí, sino todo los elementos técnicos accesorios que lleva y que se encarga de armar el servicio técnico del municipio». Montenegro explicó que el despliegue se organiza a partir de un mapa que revisan permanentemente para detectar zonas que requieren mayor cobertura.
Presencia policial: la principal demanda a la provincia
Más allá de la tecnología y el monitoreo, la directora subrayó que la seguridad depende de la capacidad operativa de la policía en las calles: «necesitamos mayor cantidad de cobertura y eso solamente lo puede dar la policía», afirmó.
Según detalló, hoy la comisaría enfrenta limitaciones: «no puede ser que se maneje con dos móviles, porque no tenemos choferes». También señaló que «cinco motos que, de alguna forma pertenecían al servicio de Lavalle, se las llevaron a Godoy Cruz», lo que redujo aún más la presencia policial. «No creemos que la forma sea despojando a la comisaría de los instrumentos», dijo, y enfatizó: «Lavalle también existe, necesitamos mayor cobertura de móviles policiales». Montenegro aseguró que ese pedido es «un reclamo permanente a la provincia».
Consultada sobre el retiro de la Fiscalía de nuestro departamento, la funcionaria señaló que generó algunas dificultades en la coordinación, ya que para acercar las imágenes o realizar algunos de los trámites, ahora el personal municipal debe dirigirse a Las Heras, mientras que cuando la oficina fiscal funcionaba en Lavalle todo era mas fluido. De todas formas Montenegro se mostró muy conforme con el funcionamiento de los «tótems» para las denuncias virtuales.
Alarmas comunitarias y la reducción del delito
Hacia el final de la conversación, Montenegro se detuvo en un componente que considera central para la prevención: las alarmas comunitarias. «Donde hemos instalado alarmas comunitarias, hemos disminuido totalmente el delito, no al 100%, pero lo hemos disminuido, por ejemplo en El Chilcal hemos disminuido notablemente la cantidad de delitos».
Para la funcionaria, la combinación entre cámaras y alarmas genera un impacto directo: «Un barrio con alarmas comunitarias y con cámaras está protegido», aseguró. El municipio está actualmente en un proceso licitatorio para sumar más equipos y continuar ampliando la red. En este momento hay más de 20 alarmas comunitarias en Costa de Araujo, Villa Tulumaya, Jocolí Viejo y El Chilcal.
El sistema funciona cuando un grupo de vecinos se organiza y lo solicita: «nosotros los invitamos permanentemente a los vecinos a que se sumen a este sistema de alarmas» señaló la funcionaria. Trabaja a través de una aplicación en los celulares, atiende, además de hechos de inseguridad, cuestiones de salud y violencia de género.
En la humilde opinión de este escriba, nos debemos como sociedad un debate respecto a estos temas, que vaya más allá de los dispositivos tecnológicos, la presencia policial o la capacidad de respuesta del Estado ante un hecho puntual. Es evidente que este debate no se agota en cámaras que filmen, ni móviles con efectivos, aunque no niego que sea una parte importante.
La experiencia real, aquí y en cualquier territorio, muestra que los delitos disminuyen cuando otros derechos están garantizados: salud, educación, acceso al trabajo, propuestas de deporte y cultura para las juventudes, y una infraestructura comunitaria que sostenga la vida cotidiana.
En ese sentido, Lavalle arrastra deudas profundas: barrios y comunidades sin espacios recreativos, jóvenes con muy pocas alternativas de trabajo formal, familias sin servicios y un mercado laboral que no termina de responder a necesidades urgentes.
Pensar la seguridad únicamente como vigilancia es quedarse en la superficie; la seguridad real se construye cuando la comunidad tiene futuro, oportunidades y un Estado que acompaña más allá de la emergencia. Sólo ahí, cuando la vida se ordena y esos horizontes aparecen, la estadística del delito empieza realmente a bajar.

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