Lavalle enfrenta una crisis profunda en su sistema judicial. La creación del Juzgado de Familia hace cuatro años y la división de los juzgados de Paz no logró aliviar la sobrecarga laboral, sino que la intensificó. La falta de personal, la dependencia de profesionales de Capital, la escasez de peritos, psicólogos, trabajadores sociales y co-defensoras, y la desaparición de la oficinas fiscales en zonas periféricas generan un colapso que afecta tanto a los empleados como a los vecinos que necesitan asistencia legal.

Los empleados describen un sistema «explosivo e implosivo»: los juzgados locales lidian con dos auxiliares, pasantes escandalosamente mal pagos y profesionales que atienden de manera intermitente. La carga de trabajo alcanza a todos los niveles dejando a los vecinos de Lavalle en una situación de deriva legal y administrativa.

El desborde no solo afecta la atención al público, sino también la salud y condiciones laborales de los empleados, riesgo laboral y salarios insuficientes.

La sensación generalizada es que la justicia, en Lavalle, como en el resto de la provincia no da abasto ni por dentro ni por fuera, y que sin una reestructuración profunda, la situación seguirá empeorando.

Lavalle, un juzgado sobrecargado y mal pagado

Desde la creación del Juzgado de Familia en 2021, los empleados del Poder Judicial en Lavalle enfrentan una sobrecarga de trabajo sin precedentes. Con solo dos auxiliares en el Juzgado de Familia -una de ellas de licencia por salud- y un pasante que cobra 180 mil pesos mensuales, el sistema depende de personal insuficiente para atender casos complejos de todo tipo.

«Es imposible atender un departamento con dos personas», relata Laura Preciosa, quien trabaja en el Poder Judicial desde hace 30 años y es la delegada del gremio «Hay una que toma audiencias, otra que atiende al público y al teléfono, y es como un kiosco: uno solo para todo. Humanamente es imposible».

El problema se agrava con la dependencia de pasantes, estudiantes avanzados de abogacía que los utilizan una y otra vez como trabajadores cumpliendo jornadas de 6 horas por día y cobrando $180.000 por mes. Como no tienen seguro, no pueden atender al público, y se encuentran en una situación de precarización escandalosa. La sensación dentro del juzgado es que se trabaja al límite de la capacidad, con condiciones de infraestructura deficientes, salarios bajos y sin seguridad suficiente, mientras la demanda de la población sigue aumentando.

Juzgado de Familia en Lavalle: cómo atender en medio del colapso

El Juzgado de Familia de Lavalle atiende una carga diaria de casos de violencia de género, divorcios, cuota alimentaria y régimen de comunicación, con apenas dos auxiliares disponibles y un pasante. La estructura actual depende, además, de profesionales que deben desplazarse desde Capital, generando retrasos y complicaciones en la atención.

Cuando una mujer solicita una medida de protección, como la prohibición de acercamiento del agresor, se ordena de manera provisional mientras se realiza una pericia para determinar la veracidad del hecho. Sin embargo, debido a la escasez de psicólogas y peritos del CAI, los turnos deben gestionarse en Capital, donde el sistema también está saturado. En algunos casos, la espera puede ser de varios meses, retrasando la aplicación efectiva de la ley y dejando a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

«Para hacer una pericia hoy, una mujer que viene a pedir la medida de protección tiene turno para marzo», cuenta Laura. «Estamos colapsados aquí y allá, y eso demuestra que la realidad es general».

Un proceso que combina lo civil y lo penal

Mientras el Juzgado de Familia ordena medidas de protección preventivas, la oficina fiscal, que debería tomar la denuncia penal, ya no opera localmente en Lavalle. Esto significa que las víctimas deben desplazarse a Las Heras para registrar la denuncia formal, lo que aumenta la dificultad de acceso a la justicia y alimenta la sensación de abandono.

Además, la falta de personal especializado se refleja en el acompañamiento legal: solo dos abogadas co-defensoras cubren todo el departamento, un número insuficiente frente a la demanda diaria. Los empleados destacan que, a diario, se inician múltiples expedientes de medidas tutelares y medidas de protección, demostrando la magnitud del problema y la presión sobre un juzgado que opera al límite de sus capacidades.

La situación pone de relieve la fragilidad del sistema judicial en Lavalle: un juzgado recién inaugurado, con recursos humanos limitados y dependencia de profesionales de Capital, enfrenta un flujo constante de casos complejos, especialmente relacionados con violencia de género, dejando a los trabajadores y a la comunidad en una carrera contrarreloj contra la vulnerabilidad y la burocracia.

Y un poder político oscuro, que no sólo mira para otro lado, sino que opera insensiblemente frente a una realidad que castiga sobremanera a los más vulnerables.