El protagonista es Jorge López, padre del actual diputado provincial radical del mismo nombre, quien asumió la presidencia de la entidad de regantes tras un proceso irregular y viciado de todo tipo de reglas democrática.

Una destitución inesperada

Todo comenzó cuando Ricardo Giménez, hasta entonces presidente de la Asociación Cuarta Zona de Riego, decidió asistir, como ciudadano, a la audiencia pública en Uspallata para manifestar su oposición al proyecto San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.

De acuerdo a una fuente cercana al directorio del organismo (sede Beltrán 258, Villa Tulumaya), Giménez habría recibido una llamada telefónica mientras se dirigía a la reunión popular. En esa comunicación le habrían pedido que no asistiera. Él igual fue.

Días después fue convocado a una «reunión extraordinaria» del directorio. Creía que se trataba solo de un llamado de atención, pero allí le pidieron la renuncia por haber participado en la convocatoria contra la mina.

«Él explicó que fue como Ricardo Giménez, no como presidente de la Cuarta Zona ni como autoridad de la Cámara de Productores de Lavalle», detalló la fuente.

Revuelo entre los regantes

Al conocerse el intento de renuncia en un grupo de WhatsApp con casi 200 regantes, hubo un fuerte rechazo a la idea de removerlo. Giménez, respaldado por ese apoyo, finalmente comunicó que no renunciaría.

Entonces, según el relato, algunos inspectores respondieron que «eso ya estaba hablado» y llamaron a una votación. Por seis votos contra cinco, destituyeron a Giménez y designaron como nuevo presidente a Jorge López (padre).

El problema, señalan los regantes, es que esos seis inspectores votaron en contra de la voluntad de muchos de los productores a quienes representan.

Lo que dice la ley

La Ley Provincial 5.302 (1998) regula el funcionamiento de las inspecciones de cauce.
En su artículo 11 establece que una autoridad puede ser suspendida o destituida solo si lo solicitan dos tercios de los electores del cauce, o en caso de causas graves justificadas por el Tribunal Administrativo.

Nada de eso ocurrió aquí.

No se mencionan malversaciones, irregularidades, incumplimientos de deberes ni otras causales.

Un regante con más de quince años de actividad en la defensa del agua de Lavalle fue categórico:
«Inventaron excusas. La verdadera razón es que él se expresó en contra de la minería. Y hoy quien quedó en la presidencia es alguien claramente alineado con el proyecto PSJ Cobre Mendocino», señaló.

Interferencia política y lobby político

Consultado sobre si la llegada de López al cargo era casual o respondía a un alineamiento político, el informante fue contundente:
«Esto no es casual. Han interrumpido una presidencia sin causa. Cuando se habló de San Jorge quedó claro quiénes estaban a favor y quiénes en contra».

La Ley Provincial 6.405 establece que las inspecciones de cauces tienen autarquía, es decir, que sus autoridades deben ser elegidas sin intervención externa del Estado.

Sin embargo, según regantes y actores del sector, en la gestión de Sergio Marinelli (superintendente del DGI) esa autonomía ha sido vulnerada mediante presiones, condicionamientos y maniobras administrativas.

Antecedentes que preocupan

No es la primera vez que se señalan intervenciones sospechosas.
En julio, El Despertador reveló el caso de los pozos autorizados por Marinelli a Eduardo Elsztain en una zona donde poco antes se había declarado restricción. En ese marco, regantes de la Quinta Zona de riego en Lavalle denunciaron «aprietes constantes» contra inspectores críticos.

También está el antecedente de la inspección de El Salto, cuya dirigencia fue desplazada bajo argumentos que luego Irrigación no pudo sostener, debiendo restituir a su inspector Lucas Molesini.

Un clima de miedo

Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión.
A nivel provincial, las filmaciones de la violenta represión policial del 23 de octubre, con ambientalistas reducidos dentro del edificio legislativo, tomaron repercusión nacional.

Para muchos regantes, este clima se replica en el manejo del agua:
«Se persigue a quienes pensamos distinto. Se intenta censurar la preocupación legítima que tenemos por Lavalle. Vamos a un mal final si San Jorge avanza», dijo otro productor consultado.

La pregunta inevitable

La destitución de Giménez, los antecedentes en otras inspecciones, los permisos de perforación a amigos del poder avalados por Irrigación, las denuncias de presiones y la reciente represión contra ambientalistas dejan flotando una pregunta que crece en Lavalle y en toda Mendoza:

¿Por qué el gobierno de Alfredo Cornejo parece empeñado en callar y disciplinar a quienes critican el proyecto San Jorge, si realmente es tan seguro como afirma el oficialismo?