El abogado y especialista en derecho ambiental, Aldo Rodríguez Salas, analizó en profundidad la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada recientemente para el proyecto minero San Jorge. Su mirada jurídica y técnica es contundente: existen falencias graves, estudios esenciales ausentes y un nivel de incertidumbre que, según él, coloca a la autorización en el terreno de lo “condicionado”, lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema suele declarar nula.

“Mi rol es estudiar jurídicamente la situación”

Rodríguez Salas aclara que no impulsará una presentación judicial: “Mi función es analizar jurídicamente la situación. Llevo treinta y tantos años de ambientalista. Yo lo que he hecho es estudiar, que es mi rol y mi función en esta materia.”

Cuando se publicó la DIA, le llamó la atención la enorme cantidad de aspectos que la autoridad promete estudiar más adelante: “En los más de 160 artículos que tiene esa Declaración de Impacto Ambiental había muchas remisiones a estudios que se harán en el futuro. Es muy bueno plantearse esos estudios, pero tendrían que haber estado antes”.

El punto de partida: el dictamen técnico de la UNCuyo

El abogado explica que la forma de entender las falencias es leer el dictamen técnico de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo: “Lo primero que tenemos que saber es qué es un dictamen técnico y cuál es el fin de la evaluación de impacto ambiental: determinar los impactos y adoptar medidas de mitigación. No es impedir proyectos, es cumplir con el mandato del artículo 41 de la Constitución”.

Según la Fundación UNCuyo, el Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa: “Cumple con el 22% de los objetivos fijados por la legislación, con el 52% cumple parcialmente, y el 26% no los cumple”. Pero el punto crítico aparece cuando la Fundación categoriza las observaciones como prioritarias, relevantes, formales y sinérgicas.: “Si solo tomamos las prioritarias y las relevantes, que son los impactos significativos, encontramos que hay 25 estudios requeridos que la DIA no exige completar antes de dictarse”.

Y resume la maniobra con una metáfora palpable: “La trampa es ‘no sabemos qué va a pasar, pero lo hacemos después’. Es como dar un carnet de conducir a alguien que no sabe usar los frenos y que promete que en el futuro aprenderá solo”.

“La DIA es una autorización sin ninguna certidumbre sobre temas esenciales”

El punto esencial, dice el letrado, es el agua: “¿Cuál es el tema esencial en Mendoza? Proteger el agua y no contaminarla”. La primera observación de la Fundación de la UNCuyo ya abre un abismo: “El balance hídrico es muy incompleto, deficitario, no tiene datos actualizados y el caudal del Arroyo del Tigre no está determinado”.

Sobre las mediciones, el detalle es aún peor: “Entre 2009 y 2010 se hicieron mediciones dos veces por día durante un año. Después se rompió el aforador y no midieron nada hasta 2022. En 2022 hicieron mediciones sueltas. La UNCuyo dice: ‘no nos sirven mediciones sueltas’”.

A esto se suma la variabilidad extrema: “En un momento registran 380 litros por segundo, pero en otros momentos informan 19 o 18 litros por segundo. ¿Qué van a hacer cuando haya 18?”.

Y recuerda que la metodología internacional requiere muchos más datos: “Los estudios de España piden entre 10 y 20 años de mediciones. Nosotros no sabemos nada del comportamiento del Arroyo del Tigre durante toda la sequía extrema de 2011 a 2022”.

Humedales y cuencas: incertidumbres mayores

El abogado subraya más omisiones graves: “No han estudiado el humedal donde desemboca el arroyo. No saben qué caudal necesita para seguir existiendo”. Y agrega otra alerta estructural: “Tampoco han acompañado estudios que determinen la eventual conexión entre la cuenca del Yalguaraz —donde estaría el proyecto— y la cuenca del río Mendoza. No lo sabemos hasta hoy”.

Esto no es un detalle técnico: “Todas estas incertidumbres tienen que ver con las contaminaciones. Si yo contamino el agua, ¿queda confinada o llega al río Mendoza? No lo sabemos”.

“La Corte ha declarado nulas estas autorizaciones condicionadas”

Rodríguez Sala recuerda la doctrina judicial existente: “Cuando no se alcanza certidumbre, la Corte Suprema ha dicho que no se cumple una evaluación completa y que la declaración de impacto ambiental es condicionada, y las fulmina con la nulidad”-

Cita el caso Majul (en el río Paraná, Entre Ríos, en el 2019): “La Corte anuló incluso un proyecto en ejecución y ordenó recomponer el ambiente a su estado anterior”.

Los otros dictámenes coinciden: Irrigación también

Además del dictamen de la UNCuyo, menciona informes sectoriales: “El Departamento General de Irrigación dice lo mismo o lo agrava. Hablan del balance hídrico, del caudal ecológico, de la conectividad de cuencas”.

Y cuestiona las declaraciones oficiales: “Si el superintendente dice que está todo bien, será en su imaginación, porque los técnicos han sido muy fieles en la evaluación y señalan las mismas falencias”.

Contaminantes secundarios: información ausente

Hay otro vacío alarmante: “Los contaminantes secundarios nunca fueron presentados. Uno es el xantato. El gobierno dice que es como un detergente. Pero cuando se degrada se convierte en cuatro potentes tóxicos, uno de ellos neurotóxico”. Y remata: “No han informado nada de eso. No están las medidas de seguridad para evitarlo”.

Aclara que no es una postura antiminera: “No es un dictamen en contra de la minería, como se quiere hacer creer. Es a favor del agua y de la vida”.

Conclusión: una autorización inviable

Consultado sobre si estas falencias bastan para declarar nula la DIA, el abogado responde: “Estos estudios ausentes, que además son prioritarios y relevantes, son suficientes para que la DIA sea condicionada, por lo tanto nula, y por lo tanto el proyecto no debería empezar ninguna etapa”.

Compartimos la entrevista completa con Aldo Rodríguez Salas: