Lo que ocurrió en la Asociación Cuarta Zona del Río Mendoza no es un episodio aislado. Es, más bien, la señal más clara de que el lobby minero ha puesto un pie en Lavalle, decidido a disciplinar a quienes se atrevieron a cuestionar el proyecto San Jorge y su amenaza sobre el agua en el departamento.

La destitución del inspector de cauce y presidente de la Cuarta Zona de Riego, Ricardo Giménez, un dirigente respetado por los productores, sin denuncias por mala administración, ni causas que justificaran su remoción, no puede entenderse por fuera de este contexto. Su único «delito» fue haber asistido, como ciudadano, a la audiencia en Uspallata para expresar su rechazo a una mina que promete ganancias para unos pocos y riesgos para todos.

Eso bastó para que una comisión armada a las apuradas, con votos que no reflejan el sentir de los regantes, lo desplazara de un cargo que había ganado legítimamente. Y para que en su lugar asumiera Jorge López (padre), figura alineada con los intereses que hoy empujan el proyecto San Jorge.

Porque esto no es solo un conflicto administrativo.

Esto es un mensaje para el resto o mejor dicho para todos.

Un mensaje para los inspectores que dudan, para los productores que defienden la ley 7722, para quienes levantan la voz en Lavalle cuando ven que el agua se pone en riesgo.

La misma lógica que vimos en la represión del 23 de octubre.

La misma lógica detrás de las perforaciones autorizadas a los amigos del poder mientras a los productores de Lavalle les piden «paciencia».

La misma lógica que convirtieron al Departamento General de Irrigación en un comité.

Hoy, la operación política para destituir a Giménez expuso lo que muchos regantes vienen denunciando: aprietes, intervenciones selectivas, castigos para los críticos y premios para los que aplauden al gobierno.

Hoy más que nunca, e independientemente de cómo salga mañana el resultado en el Senado, es menester que la política se exprese con respecto a lo sucedido en la Asociación, para no normalizar ni naturalizar acciones que atentan no sólo contra los productores sino que involucran a la sociedad misma.