Las renuncias de la delegada de Costa de Araujo, Paola Iglesias, y del secretario de Hacienda, Sebastián Oribe, no responden al mismo origen ni tienen el mismo impacto político. Sin embargo, ambas comienzan a delinear un escenario de reacomodamientos internos en el equipo del intendente Edgardo González, en un momento en que el oficialismo necesita reenfocar
su estrategia para los últimos dos años de mandato.

En el caso de Iglesias, su salida tiene una carga especial. La delegación de Costa de Araujo es la más relevante del departamento, tanto por la densidad poblacional como por su actividad productiva, y la delegación es una herramienta fundamental en el territorio. La lejanía o cercanía de los problemas, depende el cristal con que se mire, fue el motivo por el que su renuncia generó más ruido territorial.

El caso de Oribe, en cambio, es diferente. Como ocurre tras cada elección, todos los funcionarios del Ejecutivo presentaron su renuncia al intendente, una práctica habitual luego de una derrota, que permite al jefe comunal reordenar su gabinete después de un proceso electoral. El peronismo fue derrotado en las urnas en octubre y ese gesto colectivo buscaba precisamente abrir margen para la autocrítica y los posibles cambios de rumbo.

Lo singular en esta situación es que Oribe presentó su renuncia con retraso, semanas después que el resto de los funcionarios. Ese desfase generó un malentendido: su nombre comenzó a circular como una renuncia reciente o sorpresiva, cuando en realidad se trataba de la misma formalidad que habían cumplido todos sus pares. Incluso se mencionó que su salida regiría recién a partir del 1 de febrero del año próximo, contribuyendo a la confusión.

Aun así, su continuidad siempre estuvo sujeta a revisión, como la de cualquier integrante del gabinete, especialmente considerando que el área de Hacienda venía mostrando desgaste y dificultades en la tramitación administrativa. Pero no hubo diferencias políticas detrás de esa renuncia formal ni mucho menos.

Ambas situaciones, con sus matices, comparten un diagnóstico común: la gestión de González enfrenta el desafío de reconstruir iniciativa política en un contexto de escasez, sobre todo por la caída de la obra pública. En ese marco, el intendente evalúa reacomodar piezas para sostener gobernabilidad y recuperar presencia territorial.

Obra pública y presupuesto participativo

Entre los proyectos para revitalizar esa agenda aparece la idea de retomar el presupuesto participativo, una herramienta que en su momento utilizó el righismo para atravesar los años duros del macrismo, de cero obra pública. Aunque se usó por un tiempo limitado, (el propio Righi la descartó luego de la pandemia) dejó instalada la noción de participación vecinal y le dio al municipio cierta eficacia comunicativa. Volver a ese esquema podría ser una vía para recomponer y reestructurar vínculos y proyectar una gestión federal, como siempre ha querido el intendente, más allá del programa Más cerca tuyo, un buen programa institucional, pero carente de política.

Las renuncias, la efectiva de Iglesias y la formalizada de Oribe y del resto de los funcionarios, no configuran una crisis, pero sí marcan un punto de inflexión. El municipio se prepara para redefinir prioridades, ajustar su equipo y encarar un tramo final que exigirá más política, más gestión y mayor sintonía con un territorio que observa con atención cada movimiento.