En Lavalle, dos hechos reciente encendieron las alarmas sobre el uso político de la seguridad. Tras un robo cometido en un local partidario de la Unión Cívica Radical, el Ministerio de Seguridad ordenó colocar una consigna policial permanente en la puerta del establecimiento. La medida se tomó sin orden judicial y con una celeridad que contrasta con la respuesta que reciben comerciantes y vecinos cuando sufren hechos similares.

La pregunta que muchos se hicieron es sencilla y legítima: ¿por qué a un local partidario sí y a los demás no?

A escasos metros de la comisaría, comercios y viviendas padecen robos con frecuencia creciente. Sin embargo, ninguno de ellos obtiene custodia policial fija ni un operativo especial posterior al delito. Esa desigualdad en la reacción institucional no solo evidencia un criterio selectivo, sino que alimenta la sospecha de que la policía está siendo utilizada con fines políticos.

Sin embargo, este episodio, que quiso ser minimizado por el jefe policial tuvo un segundo momento más grave aún. Días después del hecho de la consigna, el envío de un camión de Infantería (sacando fotos y filmando desde adentro del móvil) para un reclamo social contra el proyecto San Jorge, una manifestación pacífica en defensa del agua generó también preocupación. La presencia desproporcionada fue un intento de intimidación más que un operativo de prevención o acompañamiento.

Ambos hechos, puestos en perspectiva, proyectan una imagen inquietante: una fuerza policial cuya conducción parece haberse politizado tanto, que parece ajustarse más a los intereses del poder político que a las necesidades reales de la comunidad.

Claro, que cualquiera diría que no es la fuerza policial, sino la conducción política que usa a la fuerza policial con esos fines. Y es cierto, pero… una cosa es subordinarse al poder político como corresponde, y otra, participar de las tramas políticas que éste orquesta en forma impune para disciplinar opositores.

En cualquier democracia madura, el principio es claro: la policía debe ser neutral, profesional y estar al servicio de la ciudadanía. Su función no es custodiar locales partidarios, ni mucho menos espiar protestas sociales legítimas y pacíficas. Cuando sí lo hace, y cuando además esa intervención se produce solo en favor de un grupo político, se ingresa en el terreno del uso partidario del Estado.

Esta selectividad erosiona la confianza pública y envía un mensaje peligroso: quienes están cerca del poder reciben protección; quienes no, quedan librados a su suerte. En un departamento donde los comerciantes reclaman por robos reiterados y los vecinos sienten la falta de presencia policial, la idea de que el aparato de seguridad se utilice para otras cosas, resulta ofensiva.

Lavalle necesita que la seguridad cerca de la gente, como un derecho universal, no como una herramienta de disciplinamiento político.