Durante las protestas que continuan contra el proyecto minero San Jorge, en la noche del jueves 11 de diciembre, una nueva jornada de movilización en defensa del agua terminó con una represión violenta por parte de la policía de Mendoza, que dejó personas detenidas, varias de ellas con lesiones, en pleno centro de la capital provincial.

Según relató el abogado ambientalista Maximiliano Villarreal, quien acompaña jurídicamente a las y los detenidos, la policía avanzó en actitud provocadora sobre la manifestación pacífica realizada en el KM0 y también sobre un grupo de personas que realizaba un mural en defensa del agua. Villarreal describió el operativo como una emboscada y una cacería, en la que fueron apresadas , siete de ellas con lesiones que requirieron atención en el Hospital Carrillo.

Entre las personas detenidas hubo dos personas trans, que inicialmente fueron trasladadas a la Comisaría Séptima para evitar que fueran alojadas junto al resto de los varones. También fueron detenidos dos trabajadores de prensa, quienes se encontraban cubriendo la manifestación.

El gobierno intentó justificar la detención de los periodistas alegando que “no tenían una credencial oficial”, un requisito inexistente, ya que no hay ningún tipo de credencial gubernamental para ejercer tareas periodísticas. Tras la intervención del sindicato de prensa y la presión de colegas, ambos comunicadores fueron liberados durante la mañana.

Villarreal explicó que la causa está siendo por imputar el artículo 194 del Código Penal, vinculado a cortes de calle, una figura que ya fue aplicada en otras causas contra organizaciones sociales en Mendoza. El equipo de defensa espera acceder al expediente para determinar si también se intentarán imputar lesiones u otros cargos.

El abogado confirmó que, pese a la violencia vivida, las personas detenidas se encuentran de buen ánimo y acompañadas, y que durante la mañana se dispusieron las primeras liberaciones.

La represión se dio en el marco de las crecientes protestas contra la aprobación del proyecto minero San Jorge, impulsado por el gobierno provincial pese al amplio rechazo de la sociedad.

Para cerrar Villarreal remarcó que lo sucedido “no es un hecho aislado”, y que la represión se ha vuelto una respuesta repetida cada vez que las mendocinas y los mendocinos salen a defender el agua y el territorio. Lo ocurrido, sostuvo, “deja en claro el rumbo elegido por el gobierno: avanzar con la megaminería a costa de derechos básicos como la protesta y la libertad de expresión”.

Mientras tanto, organizaciones continúan movilizadas y en alerta, denunciando que el avance minero en Mendoza “solo puede sostenerse con represión”.