Mientras el fuego avanza sin control en distintos puntos de la Patagonia y ya se contabilizan más de 35 mil hectáreas incendiadas en Chubut, comienzan a quedar en evidencia una serie de decisiones del gobierno nacional que contribuyeron a agravar la crisis. Así lo señala un informe publicado por La Política Online, que pone el foco en el desfinanciamiento, el abandono de políticas de prevención y el negacionismo climático de la gestión de Javier Milei.
Uno de los factores centrales fue el recorte presupuestario a la Administración de Parques Nacionales, el organismo encargado de coordinar 39 áreas protegidas en todo el país. En 2025, el presupuesto sufrió una caída real del 68,9% respecto de 2023. Para 2026, el incremento nominal dispuesto por el gobierno fue del 0,08%, lo que en los hechos implicó una nueva reducción real del 28,5%. El monto total asignado asciende a 111.459 millones de pesos, insuficiente para sostener tareas básicas de prevención y control del fuego.
En ese contexto, a mediados de 2025 el gobierno nacional designó al frente de Parques Nacionales a Sergio Martín Álvarez, un arquitecto sin experiencia en conservación ambiental, que venía de desempeñarse en la administración de los trenes del Estado. Álvarez reemplazó a Cristian Larsen, abogado especializado en derecho tributario, también ajeno al área. El nuevo titular fue nombrado ad honorem y no expresó objeciones públicas frente al ajuste presupuestario.
Según detalla La Política Online, durante su gestión tampoco hubo cuestionamientos a la disolución del Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, una herramienta clave para financiar el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Los recursos fueron transferidos al Ministerio de Seguridad, lo que dejó sin respaldo económico a las tareas específicas de prevención y combate de incendios forestales.
Las consecuencias de estas decisiones quedaron expuestas en el Parque Nacional Los Alerces, donde los incendios se iniciaron entre el 6 y el 8 de diciembre, presuntamente a partir de un rayo, pero fueron detectados recién el día 9. Pese al avance del fuego, se desplegó una dotación inicial de apenas 30 brigadistas, y se descartó la participación de guardaparques especializados que estaban disponibles. Vecinos y pobladores de la zona denunciaron penalmente a los funcionarios responsables por negligencia. Finalmente, el parque fue intervenido el sábado 24 de enero.
Otro elemento señalado es la paralización del proyecto de Comando Unificado Patagónico, que incluía a Río Negro, Neuquén y Chubut. El plan contemplaba un sistema integral de prevención y detección temprana con cámaras desarrolladas por INVAP, un avión observador con tecnología infrarroja, drones, camiones cisterna y maquinaria vial. El proyecto, iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández, estaba avanzado en un 80%, pero fue discontinuado. Las provincias intentaron sostenerlo con recursos propios, sin lograr completar el esquema original.
Finalmente, el informe advierte sobre el impacto del negacionismo del cambio climático en la definición de políticas públicas. Datos del INTA indican que en las últimas décadas las precipitaciones en las altas cumbres patagónicas disminuyeron entre 30% y 40%, en un contexto de déficit hídrico que se arrastra desde hace más de 15 años. La sequedad del suelo y del sotobosque incrementa de manera significativa el riesgo de incendios.
El descreimiento del presidente Milei respecto del cambio climático, expresado incluso en foros internacionales, limita la posibilidad de desarrollar estrategias de prevención acordes a la realidad ambiental.
En la Patagonia, esa combinación de ajuste, desarticulación del Estado y negación científica hoy se traduce en una emergencia que sigue fuera de control.
Fuente: La Política Online

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