En Lavalle, la venta de alcohol a menores de edad sigue siendo una problemática persistente, con consecuencias sociales que exceden largamente el ámbito comercial. Si bien el debate público suele concentrarse en la falta de controles, es necesario señalar con claridad que la responsabilidad principal recae en los comercios que venden alcohol a menores y fuera del horario permitido.
Actualmente, un comercio que incurre en esta falta recibe una multa de $13.000 pesos en la primera infracción y $30.000 pesos en la segunda. En el contexto económico actual, estos montos resultan claramente irrisorios y no cumplen ninguna función disuasiva. Vender alcohol a menores termina siendo, en los hechos, una infracción de bajo costo.
La raíz normativa del problema está en la desactualización de la ordenanza vigente, que fija sanciones en Unidades Tributarias:
200 unidades para la primera infracción, 500 para la segunda, y recién en la tercera la posibilidad de clausura del local.
Al no haberse actualizado el valor de la Unidad Tributaria, la norma quedó vaciada de contenido real y perdió eficacia como herramienta de prevención.
No obstante, aun con sanciones más severas, como las que dicta el código de contravenciones, ley 9099, en su artículo 120, el sistema seguiría mostrando fisuras si no existieran controles efectivos. En ese punto, el área de Inspección municipal cuenta con apenas cuatro inspectores para todo el departamento de Lavalle, una dotación claramente insuficiente para garantizar controles regulares en un territorio extenso y con múltiples puntos de venta.
A esta limitación estructural se suma una falta de articulación clara entre el accionar de Inspección municipal y la Policía. Si bien en una reciente reunión entre el comisario, el área de Inspección y el intendente se intentaron clarificar responsabilidades y procedimientos, en la práctica persisten contradicciones que debilitan la aplicación de la ley.
Sin embargo, desde ambos organismos coinciden en un punto: las mayores resistencias aparecen al momento de notificar o labrar actas a los comercios infractores. Son frecuentes las quejas y los argumentos esgrimidos por quienes incumplen la normativa: «no tenemos ventas», «vendemos poco», «no nos dejan trabajar». Argumentos que, aunque reflejan una situación económica por demás cierta y compleja, no justifican la venta de alcohol a menores ni el incumplimiento de los horarios establecidos.
El resultado es un escenario donde se combinan sanciones desactualizadas, controles limitados y una resistencia sistemática al cumplimiento de la ley, mientras la responsabilidad empresarial queda muchas veces diluida en el debate público.
Actualizar la normativa es urgente. Fortalecer los controles, también. Pero nada de eso será suficiente si no se asume una premisa básica: la responsabilidad principal es de quienes venden alcohol a menores, y sin un compromiso real de los comercios, cualquier política de prevención seguirá siendo frágil y declarativa.

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